El Gobierno de Gustavo Petro parece creer que todo lo puede hacer el Estado, vale decir, el sector público. Todos los anuncios, trinos, decretos y resoluciones le asignan nuevos cometidos al sector público, pero dejan la impresión de desdeñar olímpicamente al sector privado.
Es una manera peculiar de entender el papel del Estado. Y es una manera equivocada: en la sociedad moderna la colaboración entre el sector público y el privado es cada vez más necesaria. Tanto más cuando contamos con un sector público famélico y de incapacidad administrativa protuberante.
Lo que hemos visto recientemente en materia de peajes es muy ilustrativo: se congelan las tarifas para 2023; se anuncia que el Estado resarcirá a los concesionarios; no se explica claramente cómo, y se habla de una lontana aplicación del impuesto de valorización para tal efecto.
¿Cuál ha sido la consecuencia? que no se han vuelto a suscribir contratos de concesión para nuevas infraestructuras, y quién sabe cuánto tiempo tomará antes de que el sector privado vuelva a tomarle confianza a este mecanismo que ha sido gravemente alterado por la precipitada medida de modificar unilateralmente los contratos de concesión.
Este menosprecio en relación con el sector privado se trasluce también en los anuncios que vienen suministrándose sobre la reforma a la salud y a las pensiones: mucho estatismo y muy poca colaboración con el sector privado. Algo similar se adivina en la catarata de anuncios y decretos que últimamente están apareciendo en relación con los servicios públicos domiciliarios, que la Constitución del 91 quiso que pudieran ser ofrecidos colaborativamente entre empresas del sector público y del sector privado (artículo 365).
Esta es, pues, la tendencia que se advierte en todo el desordenado instrumental de gestión pública que viene presentando el Gobierno de Petro.
El Plan de Desarrollo que se acaba de radicar en el Congreso es la mejor prueba de ello. Normalmente los planes de desarrollo indicaban qué porcentaje de las obras a realizar durante el cuatrienio tendrán financiamiento estatal; y qué porcentaje provendría de inversiones financiadas por el sector privado que, en virtud de una política colaborativa, constituye un complemento de gran importancia en las obras que habrán de ejecutarse cada cuatrienio.
Llama la atención que en el plan que acaba de presentarse solamente se cuantifican aquellas inversiones que tienen fondeo público (1.154,8 billones de pesos) mientras que sobre aquellas que se financiarán desde el sector privado se guarda silencio sepulcral.
En las bases del Plan de Desarrollo que se habían divulgado hace algunas semanas se advertía que el sector público invertiría 1.048,2 billones de pesos mientras que el sector privado invertiría 949,7, billones de pesos (a pesos de 2022). En la versión final del plan que aterrizó en el Congreso no se menciona una palabra sobre cuál será el aporte del sector privado al Plan de Desarrollo.
Queda la impresión de que no solo será una suma sensiblemente menor que la que aportará el sector público, sino que a los redactores de la versión final del plan les dio rubor mencionar explícitamente cuál será el aporte del sector privado (a través de concesiones, APP, y otras muchas formas que la Constitución y la ley prevén para que el sector privado se vincule a la gran tarea del desarrollo).
Es bueno recordar qué es un Plan Nacional de Desarrollo según la Constitución Nacional. El artículo 339 de la Carta dice que el plan está conformado por una parte general en donde se señalarán los propósitos y objetivos nacionales en todo lo concerniente a la política económica social y ambiental. Y de una segunda parte que “consta de un plan de inversiones públicas que contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.
Ahora bien, el plan radicado en el Congreso por la administración Petro para el cuatrienio 2023-2026 es exuberante en cuanto tiene que ver con la primera parte, pero silencioso y oscuro en cuanto se refiere a la segunda.
O sea, el plan está atiborrado de formulaciones ideológicas, de solicitudes de facultades extraordinarias, de múltiples programas y enunciados tendientes a desarrollar la primera parte a que se refiere el Plan de Desarrollo. Pero guarda un decepcionante silencio sobre las grandes inversiones públicas que se ejecutarán durante el cuatrienio.
Y en el fondo es entendible: sería acá donde deberían aparecer el listado de obras a realizar en colaboración con el sector privado en los próximos cuatro años (APP, contratos de concesión, ampliación de las redes de servicios públicos en colaboración con el sector privado, etcétera). Sobre esto nada dice el proyecto del plan. Es un plan ideológicamente exuberante pero opaco en cuanto a las inversiones públicas cuatrienales que también ordena la Constitución que se indiquen debidamente listadas.
A mi juicio, esta puede ser la mayor brecha de inconstitucionalidad que abre el Plan de Desarrollo: se incumple con la mitad de las exigencias que estipula el artículo 339 de la Carta, a saber: la presentación de un plan de inversiones públicas concretas y los presupuestos plurianuales que se requerirán para cumplirlas.
A medida que pasan los días se acentúa más y más el talante estatista que obnubila la administración Petro.
