No todo se ve más pequeño desde el cielo. En menos de una semana, sobrevolé las selvas del Guainía y los bosques del Bajo Cauca: en este último territorio, la percusión del rotor del helicóptero amplificaba las heridas de la tierra arrasada por la minería ilegal en los límites entre Zaragoza y El Bagre, en la ribera del Nechí, como si fuera una marcha fúnebre.
Desde el inicio del paro minero en el Bajo Cauca, nordeste de Antioquia y sur de Córdoba, se plantearon varias hipótesis sobre su origen coyuntural, ligado a la destrucción de dragas de ilegales por parte del Ejército y al despliegue de poder criminal para ganar fuerza en el escenario de la Paz Total. Sobre su génesis estructural, algunos mineros ancestrales y ciudadanos de la región coinciden en la falta de presencia del Estado.
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Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), sintetiza la disputa de poder territorial: “En los últimos dos años ha habido una disminución significativa en la capacidad militar y operativa de (las disidencias de) las Farc. Las del Frente 18 están prácticamente diezmadas, quedan con algunos reductos entre Ituango y el sur de Córdoba.
Las del Frente 36 han sido movidas hacia el corredor entre Campamento y Anorí, pero han perdido parte de Yarumal, Puerto Valdivia y también de Ituango”. No obstante, subraya el poder de las disidencias del Frente 4 en El Bagre, Segovia y Remedios: “Han hecho un trabajo de penetración con el ELN; pero se observa que el ELN tiene un repliegue hacia el sur de Bolívar. Estos territorios de Puerto López, Puerto Claver y El Bagre vienen siendo copados directamente por el Frente 4. Han dejado de patrullar con el ELN”. El Frente 4 de las disidencias busca establecer el control territorial y poblacional, antes disputado entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.
Se convirtió en una letanía atribuirle esta coyuntura exclusivamente a la Paz Total que, por supuesto, merece el escrutinio público, pero no es el único ni el mayor detonante de la realidad violenta que sacude al país.
La ola de consecuencias del boicoteo a la paz sigue creciendo...
En el torpedeo deliberado y sistemático a los intentos de reconciliación en Colombia, dos nombres quedan para la posteridad: Iván Duque Márquez, cuyo periodo presidencial le dio nuevos aires a los grupos armados organizados (Véase Informe) mientras asfixiaba la implementación de los Acuerdos de La Habana, y el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.
El primero, paga ahora el precio político e histórico de su obra y omisión.
Al segundo, Luis Carlos Sarmiento Angulo lo graduó de faro ético y moral de la patria desde las páginas dominicales de El Tiempo. En su más reciente columna titulada “¿Y la responsabilidad política?”, se refiere a la historia de Nicolás Petro Burgos: “La judicialización de la crisis soslaya la responsabilidad efectiva de los funcionarios, invita a los ciudadanos a que se mantengan pendientes de un fallo y evita que se profundice públicamente en los detalles de lo ocurrido, por el respeto sacro a la reserva judicial. Con la seguridad de que cuando lleguen las imputaciones, estas serán insuficientes, porque entonces se dirá que por la presunción de inocencia habrá que esperar una sentencia en firme”.
¡Estas palabras de NHM son un espejo!
Bastaría revisar la denuncia penal del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, quien con tibieza diplomática señaló a la Fiscalía General de la Nación por omitir la entrega de información en el proceso de ‘Jesús Santrich’: “La JEP fue culpabilizada de esos hechos y nosotros necesitamos y esperamos que la autoridad competente con toda claridad establezca que la Institución fue objeto de unas actividades que constituyeron delitos y que nos causaron un inmenso daño como institución, pero con eso además le causaron un ataque injustificado al proceso de paz y un daño al Estado de Derecho y a sus instituciones”.
Tras el informe forense de la firma británica Guernica 37 Chambers, la denuncia se concentró en un nombre: Ana Fabiola Castro, exdirectora de asuntos internacionales.
¡Anunciaron una explosión atómica para terminar encendiendo una bengala!
La verdadera denuncia estaba lista, guardada en los escritorios de la JEP: con hechos, fechas, nombres propios y el temple que requiere capotear al exfiscal (o sea, a su patrón). El 19 de julio de 2022, la magistrada Ana Caterina Heyck dirigió a sus pares una carta con ocasión de la audiencia de Carlos Julián Bermeo, exfiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Heyck, testigo directo de este capítulo sangriento de la historia del país, detalla: “(…) La Fiscalía manipuló la opinión pública a través de una campaña de desinformación. El exfiscal Martínez nunca le remitió a la Sección de Revisión el video de ‘Santrich’ sin audio que circulaba en medios y estaba en poder de esa entidad. En su libro, reconoció que le fue entregado por Estados Unidos, editado, modificado y sin audio, supuestamente para no afectar el proceso judicial de ese país. En la sesión de control político del Congreso, se mostró con prueba técnica que el video que sorpresivamente apareció en medios el mismo día de la decisión de la garantía de no extradición, estaba cortado, alterado y manipulado. (…). No se explica cómo el exfiscal general de la Nación, a escasos minutos del anuncio de la decisión de la garantía, ya tenía redactada su renuncia (…). Contrario al supuesto desconocimiento de la decisión, el periodista Ernesto Yamhure, cercano a Martínez Neira, cuatro días antes de haberse adoptado, ya conocía su sentido y quiénes serían los magistrados que firmarían sin salvamento de voto”. (Véase la carta completa)
Lo “sangriento” del capítulo no tardó en llegar: ¿cuántos firmantes desistieron de continuar en el proceso de La Habana, desmotivados por la sordidez que rodeó el episodio de ‘Santrich’? ¿Cuántos cambiaron de brazalete? ¿Cuántos huyeron por temor a la traición de las instituciones colombianas?
El presidente del IPC comenta: “Creo que un sector, liderado por Iván Márquez y los otros, se sintió amenazado y optó por retomar las armas. Yo sí creo que hubo una trampa y que la evidencia más clara está en el Informe de la Comisión de la Verdad sobre el entrampamiento a la paz”. Y concluye: “Ese entrampamiento era una venganza de algunas élites en contra de ‘Santrich’ y un escarmiento frente al resto del exsecretariado de las Farc. Es claro que hubo un entrampamiento a la paz en esa acción orquestada principalmente por la DEA y el fiscal NHM”.
El canciller Álvaro Leyva habla de “entrampados”, en plural. Me quedo con la precisión del singular: hablar de un tramposo.
Mientras tanto: confinamiento en el Bajo Cauca. Éxodo en el ETCR Mariana Páez. Rodrigo Londoño clama por el cumplimiento con los firmantes. Juan Manuel Santos afirma: “Este Acuerdo (de La Habana) es el cimiento de la Paz Total”.
Posterior a la denuncia penal de la JEP, Martínez Neira declaró en su casa periodística, o lavamanos público: “Insólito: la primera decisión judicial de la JEP fue dejar en libertad a quien continuó en el narcotráfico después del acuerdo de paz y ahora persigue a los funcionarios que cumplieron con su deber”.
Todo se ve más pequeño desde arriba. Tanta tierra arrasada se pierde entre el bosque.
