La medida de aseguramiento contra la exconsejera para la Regiones Sandra Ortiz no sólo podría, sino que debería, marcar el comienzo del fin de varias carreras políticas manchadas por la corrupción, uno de los mayores lastres de Colombia hoy.
De hecho, no se entendería que hasta ahora la exfuncionaria de más alto nivel de Gustavo Petro, detenida por el saqueo de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), esté recluida bajo la acusación de la Fiscalía de entregar 3.000 millones de pesos al expresidente del Congreso Iván Name –como parte de un soborno para apoyar proyectos del Gobierno–, y que el senador que los recibió, y otros congresistas, funcionarios y exfuncionarios señalados de participar en el planeamiento de esa y otras transacciones, estén libres.
Con la expectativa de la impunidad, que ha sido un incentivo poderoso para la corrupción política en Colombia, ni Name ni los otros seis congresistas investigados formalmente por la Corte Suprema de Justicia por recibir dinero o favorecerse con el direccionamiento de contratos de la UNGRD para votar a favor de iniciativas oficiales, han tenido la dignidad de dar un paso al costado mientras avanzan los procesos en su contra.
Esto, a pesar de que el rompecabezas del más reciente robo de los dineros públicos ha ido tomando forma tras la medida judicial contra la exconsejera para las Regiones y las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quien dijo haberle entregado personalmente 1.000 millones de pesos al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, como parte de la misma transacción que se habría hecho con Name. A esto se suman las afirmaciones que hizo ante la Fiscalía la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, sobre los arreglos con otros congresistas.
En ese saqueo, por el cual están siendo investigados formalmente los congresistas Name (de Alianza Verde) y Calle (liberal), también habrían participado, según las indagaciones de la Corte Suprema, el senador de Risaralda Juan Pablo Gallo (liberal), la senadora de Córdoba Liliana Bitar (conservadora), el representante de Antioquia Julián Peinado (liberal), la representante de Arauca Karen Manrique –quien además deshonró su curul de paz–, y el exrepresentante del Meta Juan Diego Muñoz (de Alianza Verde), quien por razones de salud dejó el Congreso en febrero pasado.
De acuerdo con la Corte Suprema, hay al menos 50 pruebas documentales contra los cuatro congresistas y el exrepresentante. Varios videos están entre el material probatorio y, según fuentes cercanas a la investigación, los magistrados estarían trabajando con diligencia para dar solidez a las decisiones judiciales que seguramente vendrán el próximo año.
Según supo esta columna, fue a raíz del trabajo investigativo de la Corte Suprema, a través del cual logró una ‘copia espejo’ del celular de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, que ella se vio presionada a declarar en la Fiscalía hace un par de semanas. Ante la Corte, que la citó como testigo, había guardado silencio.
Así como hay que recordar los nombres de los siete congresistas con investigación formal en la Corte Suprema, hay que mencionar los de otros siete que han ido saliendo de manera paulatina en las distintas declaraciones de los implicados en el robo a la UNGRD.
Encabeza esa nueva lista el actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, conservador del Atlántico. Además, fueron mencionados el senador antioqueño Juan Diego Echavarría (liberal), el senador santandereano Jairo Castellanos (del movimiento En Marcha), el senador vallecaucano Juan Carlos Garcés (Partido de la U), el senador del Cesar José Alfredo Gnecco (de la U) y la senadora sucreña Karina Espinosa (liberal).
Es necesario resaltar las regiones y los partidos a los que pertenecen estos congresistas para que los electores que se esfuerzan por votar de manera consciente tengan en cuenta quiénes violaron su deber de representarlos con altura en el Congreso.
Además de los legisladores –esperemos que lo sean por muy poco tiempo–, por el saqueo a la UNDRD deberían también responder los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), así como algunos excolaboradores de Petro, como Carlos Ramón González. Sus nombres han salido a relucir en varias de las piezas del rompecabezas como partícipe de las negociaciones económicas con los congresistas.
Es imperativo que la justicia les demuestre a los ciudadanos que la extendida y vieja práctica de cambiar votos legislativos por contratos públicos, y hasta por dinero en efectivo, puede ser sancionada en el marco de la ley, especialmente cuando hay evidencias tan abrumadoras sobre quienes incurren en esas prácticas.
