Podcast Somos Comunidad: Rompiendo el silencio

Durante dos años calló las atrocidades que cometieron contra ella.

No había cumplido los quince cuando al corregimiento El Salado llegaron, el 16 de febrero de 2000, los 450 paramilitares quienes, con lista en mano, masacraron en la cancha de la población a 60 personas indefensas, torturaron y desaparecieron a otras más, y violaron a varias mujeres y menores de edad.

Ella fue una de las niñas que sufrió la brutal violencia sexual. 

El Salado también fue destruido aquella vez. Sus siete mil habitantes salieron en estampida y el dolor y la desolación que recorrieron sus calles fueron semejantes al sufrimiento y devastación que llevaron desde entonces en sus corazones la pequeña Yirley Velasco Garrido y su mamá, Édita Garrido.

Durante dos años, el sufrimiento y el temor a denunciar la amordazaron. El silencio se impuso como una nueva afrenta. Aniquilándola, aislándola junto a su mamá, sin remedio, sin derecho a la memoria por cruel que fuera.

Pero un día, al cumplir dieciséis años, comenzó a recordar. Denunció y relató para la justicia y contó para la prensa y los conocidos todo cuanto habían hecho contra ella y los demás aldeanos de El Salado. 

Otras mujeres abusadas buscaron amparo en la pequeña Yirley Velasco, quien parecía tener la madurez de una persona mayor. Yirley se organizó, las ayudó y a medida que hizo pública las nuevas denuncias, sintió que algo dentro de ella se recomponía. Era el principio de la cura.

Pero no una cura total, pues aún hacía falta que el Estado y las entidades públicas que apenas entraban a El Salado, iniciaran un proceso de reparación colectiva. La atención psicosocial de las mujeres y demás población sobreviviente de la masacre de aquel 16 de febrero de 2000 debería ser un proceso que acompañe la construcción de vías y mejoras públicas.

Creó la Asociación Mujeres Sembrando Vida. Otras mujeres se unieron y las voces que señalaban las mismas atrocidades en El Salado y, después, en otras poblaciones de Montes de María, en el departamento de Bolívar, se multiplicaron.

Y siguen multiplicándose, pues la región de Montes de María es tan vasta en riqueza natural como grande en violencias y atrocidades de los grupos armados organizados que aún dominan buena parte del territorio. Basta recorrerlo por la vía que lleva del municipio de El Carmen de Bolívar a la alta montaña, subiendo por el mirador de La Cansona hasta los corregimientos de Lázaro y Macayepo, para constatar que la violencia sigue campeando, causada ahora por grupos armados como el Clan del Golfo, entre otros.

Entramos al poblado en compañía de Yirley Velasco Garrido, hoy una mujer de treintaicinco años, que decidió visitar El Salado a pesar de las amenazas contra su vida que recibe desde hace cinco años. De los 7.000 habitantes que hubo en 2000, tan solo hay 1.700 personas, la mayoría venezolanos y de otras regiones de Bolívar y Atlántico.

Hace poco, en mayo de 2020, su casa fue incinerada. Este fue apenas un atentado más contra ella, pues desde hacía tres años otra amenaza la había desplazado de la vereda junto a su mamá, Édita Garrido, su hermana y sus dos hijos.

Al bajar de su camioneta blindada en compañía de los dos hombres que la protegen, señala su antigua casa: “aquí viví yo toda mi vida. Mire como quedó. La quemaron todita; menos mal que ninguna de nosotras la habitaba”.

Un burro rebuzna a lo lejos, entre la música que sale de un picó a todo volumen instalado en un local de billares y de venta de cerveza, ubicado en diagonal a la cancha donde veintidós años atrás se perpetró la masacre. La música rechina como una tempestad sobre aquel silencio de temor impuesto.

De muchas formas, ella ha venido ayudando en la rehabilitación psicológica de esta población a través de su Asociación Mujeres Sembrando Vida. Las doce socias que conforman esta organización, la mayoría sobrevivientes de brutalidad sexual, han venido acompañando a 500 mujeres de los Montes de María abusadas o víctimas de otros tipos de violencia. Las ayudan a denunciar y a activar la ruta de atención ante las instituciones. 

Yirley hace un rodeo para evitar una zanja que las obras de la vía dejaron en una esquina. Se detiene para explicar un tema delicado. Afirma que desde hace cinco meses que algunos soldados integrantes de la compañía Vergara y Velasco que realizan las obras en El Salado, vienen teniendo relaciones sexuales con varias niñas de la vereda entre los once y los treces años. “Esto es violencia sexual. Lo denuncié en enero de 2022, acompañé a varias mamás a denunciar en la fiscalía de El Carmen de Bolívar, a la personería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No han hecho nada”, concluye con indignación.

Sube a la camioneta donde la esperan los guardaespaldas. Debe abandonar el pueblo por seguridad. Antes de cerrar la puerta, se despide diciendo que una lideresa social no puede hacer su trabajo con semejantes amenazas, ni su vida depender de carros blindados y hombres armados. Que la seguridad de los líderes sociales viene del respeto por su trabajo, de las garantías que brinde el Estado y de la misma comunidad.

“Mira”, insiste al mismo tiempo que me abraza, “el mejor blindaje primero es que nos escuchen, que nos crean y nos atiendan, que nos garanticen poder seguir viviendo en este territorio”, concluye, cerrando la puerta.

Tal vez, solo así, mujeres como Yirley Velasco Garrido, resueltas y valientes, podrán seguir rompiendo el silencio.