Mil jueces más para destrabar la justicia
26 Noviembre 2022

Mil jueces más para destrabar la justicia

Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño

La administración Petro consiguió una adición presupuestal para aumentar la capacidad de la administración de justicia. ¿Será suficiente?

Por: Juan Pablo Vásquez

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Es difícil, por no decir que imposible, encontrar un doliente del sistema judicial colombiano. Abogados, jueces y ciudadanos de a pie coinciden en su diagnóstico: la justicia del país es lenta y llega tarde. El consenso casi que generalizado es que la principal aflicción que padece el sistema son las demoras para que se tome una decisión de fondo respecto de un asunto en materia civil, administrativa o penal. A pesar de que los códigos estipulan términos exactos sobre cuánto debe tardar un juez en proferir una sentencia, esos plazos resultan siendo un saludo a la bandera porque jamás se materializan. El único tiempo que se respeta es el de las tutelas, las cuales abordan violaciones de derechos fundamentales y, por lo tanto, deben resolverse prontamente.

Razones hay varias, pero dos coinciden con especial detalle. Colombia es un país con alta litigiosidad y esa característica no se compadece con la cantidad de personal que compone la rama judicial. Según información recopilada por el Consejo Superior de la Judicatura, el sistema tuvo cerca de 1,8 millones de ingresos —casos, tutelas, apelaciones y demás— en 2021, que fueron conocidos por los 5.488 jueces y magistrados que hay a lo largo del territorio nacional.

Los números revelan un panorama agobiante. Aunque la demanda de justicia creció 350 por ciento entre 2000 y 2020, tal y como detalla la propia Judicatura, el personal judicial solo aumentó 20 por ciento. Actualmente, el país cuenta con una tasa de 11 jueces por cada 100.000 habitantes y, pese a que no existe un estándar óptimo acerca de cuántos debería haber para que el aparato judicial opere correctamente, los retrasos actuales demuestran que algo evidentemente está fallando.

Uno de los análisis del gobierno nacional es que hacen falta más jueces. Uno de los primeros actos que realizó el presidente Gustavo Petro después de asumir el poder fue reunirse con los presidentes de las Altas Cortes (Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Disciplina Judicial). El encuentro tuvo lugar el 12 de agosto en el Palacio de Justicia. Antes de ingresar al edificio, frente a las cámaras y micrófonos de diferentes medios de comunicación, el primer mandatario compartió algunos de sus planes para el sistema judicial y expresó su deseo de crear más cargos en la rama.

Siempre defendí en el Congreso de la República que la reforma a la justicia que Colombia necesita es que haya más autonomía e independencia del Poder Judicial. Y más jueces, porque entre más jueces haya, más posibilidades tiene la ciudadanía de tener más justicia. Ese es el objetivo fundamental de cualquier reforma” , aseguró.

Sus palabras se recibieron como un mandato. Dos semanas más tarde, su ministro de Justicia, Néstor Osuna, desarrolló aún más la propuesta. Más de 20 reformas e iniciativas se han adelantado en las últimas dos décadas, pero ninguna ha conseguido destrabar el sistema judicial. Lo planteado por Osuna abrió las puertas para acabar finalmente con ese problema a través de un proyecto basado en una ambición inédita. Y fue precisamente esa ambición la que fraccionó sus metas.

Durante una audiencia de la Cámara de Representantes en Barranquilla, el ministro hizo público el deseo del gobierno de incorporar 4.000 nuevos jueces a la rama judicial, a un costo de 1,2 billones de pesos. El elevado presupuesto impidió que se le desembolsara todo el monto, pero aseguró una cuarta parte.

El Consejo Superior de la Judicatura nos hizo la cuenta de cuánto cuesta ponerse al día con ese número de despachos. Luego de gestiones con el Ministerio de Hacienda, y eso ya está aprobado para el año entrante, se obtuvo un presupuesto adicional para la Rama Judicial de 300 mil millones. Los 1,2 billones que yo hubiera querido tocó diferirlos a cuatro años”, aseguró en una conversación que sostuvo con CAMBIO.

En vez de los 4.000 jueces presupuestados, serán 1.000 más. No deja de ser un número alto —equivalente al 18 por ciento de la planta de jueces actual—, que ayudará con la misión de dinamizar y descongestionar el sistema.

La creación de estos nuevos despachos judiciales no necesitará de una reforma que se surta en el Congreso; basta con que el monto se ejecute con esta finalidad. Sin congresistas de por medio, el camino se torna considerablemente más sencillo. El cómo, dónde y cuándo lo definirá la Judicatura, que recibirá y dispondrá libremente del dinero.

Si con eso ellos deciden implementar los juzgados nuevos en Barranquilla o Tumaco, y definir si son de familia o penales, pues eso es algo en lo que el Ministerio puede hacer sugerencias pero no tiene poder de decisión”, agregó Osuna.

Los matices

Sin embargo, existen factores que impiden que la adición presupuestal lograda por el ministro sean suficientes para celebrar. Para Freddy Machado, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), además de nuevos juzgados, se necesita dotar con mayor personal a otras instituciones.

La solución debe ser integral. Si usted quiere nombrar 4.000 jueces más, debería también crear la misma cantidad de plazas para fiscales, investigadores y funcionarios del Inpec y la Defensoría del Pueblo”, advirtió.

En ese aspecto, desde el gobierno han contemplado desempolvar una alternativa que sugirió el presidente cuando todavía era candidato. Antes de ocupar el primer lugar en las elecciones, Petro manifestó su interés en acabar con la Procuraduría General de la Nación. Por lo menos de la forma en que hoy se le conoce. Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara que el Ministerio Público violó sus derechos políticos al destituirlo como alcalde de Bogotá en 2013, está más que claro que la entidad necesita urgentemente una modificación para no convertirse en una fortín burocrático obsoleto. Pese a que el primer mandatario dejó en pausa la proposición y no ha vuelto a mencionarla, la coyuntura judicial es precisa para echar mano de ella.

Si a la Procuraduría se le suprimen las funciones judiciales, que es algo que ya no tiene sentido institucional, ahí habría cerca de 1.200 funcionarios que se podrían utilizar para el Poder Judicial, como jueces o fiscales. La reforma sería institucional, pero no se caería en una masacre laboral”, afirmó el ministro Osuna a CAMBIO.

Para profundizar

Pero los nuevos cargos deberían, en principio, ir acompañados de un estudio juicioso que fije su implementación. Para Carolina Villadiego, asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, el Consejo Superior de la Judicatura debe examinar las condiciones de cada municipio en el que piensa actuar antes de tomar decisiones.

Se necesita un análisis más puntual de materias, lugares, ciudades y medidas. Es importante saber qué es exactamente lo que falta para que sigan adelante los casos y que se terminen. Ampliar la planta de jueces siempre será importante. Ahora, concentrarse solo en el aumento del personal no ayuda a resolver el resto de problema que hay alrededor como, por ejemplo, del cumplimiento y ejecución de las decisiones”, señaló.

Así las cosas, la pelota está en la cancha de la Judicatura. Ya el gobierno puso de su parte y comprometió recursos para que los nuevos 4.000 cargos sean una realidad en los próximos cuatro años. Además, la rama judicial cuenta con un as bajo la manga que pocos tienen en cuenta. A principios de 2020, cuando todavía Iván Duque ocupaba la Casa de Nariño, se tramitó una ley estatutaria que aseguró el 3 por ciento del presupuesto nacional para el sistema judicial y hoy cursa su estudio de constitucionalidad en la Corte Constitucional. De salir avante la ley —no se tiene conocimiento de ningún vicio—, a la justicia le ingresarían más de 10 billones de pesos anuales. Eso, sin duda, cambiaría radicalmente el mapa.

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