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Alerta por disputas de frentes de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca
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Los enfrentamientos se dan en seis municipios sobre la cordillera Central, que conforman un corredor de movilidad histórico para los grupos armados ilegales que pretenden conectarse por Cauca, Valle y Tolima, a través del páramo de Las Hermosas
Por: Javier Patiño C.
La idea de conformar el bloque central de las disidencias de las Farc llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana 010-2024 para exigir a las autoridades la protección a la población de la zona rural de Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí, El Cerrito y Palmira, en el Valle del Cauca. Esto ante un inminente riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.
“El recrudecimiento del conflicto armado y la violencia se debe a las acciones de expansión, avance y disputa del naciente Frente 57 Yair Bermúdez, disidente de las Farc, cuyo fin son los territorios de control de estructuras del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, especialmente del Frente Adán Izquierdo, apoyado por el Frente Dagoberto Ramos, de las también disidencias de las Farc”, asegura el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los seis municipios, al estar ubicados en la cordillera Central, son un corredor de movilidad histórico para el grupo ilegal que pretende tener una comunicación entre los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Tolima, a través del páramo de Las Hermosas.
Ante el posible aumento de acciones armadas, el defensor pidió al Gobierno y a los cuerpos de seguridad de la nación proteger a los habitantes de los seis municipios advertidos en la Alerta Temprana y del resto del Valle del Cauca, “pues los conflictos internos entre frentes de las disidencias de las Farc han conllevado un incremento en las violaciones a los derechos humanos por la consumación de homicidios selectivos, masacres, amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales”.
La entidad también ha registrado hechos relacionados con hurtos, extorsiones, uso, utilización y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras conductas e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), que afectan la vida social, económica y comunitaria de los habitantes de esos territorios vallecaucanos.
La Defensoría del Pueblo envió recomendaciones a las autoridades civiles, de policía y militares para evitar que se presenten homicidios selectivos individuales, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, restricciones al libre tránsito, enfrentamientos con interposición de la población civil, amenazas individuales y colectivas, ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados y el uso, utilización y reclutamiento de menores de edad.
“Las instituciones del Estado deben implementar medidas excepcionales y prioritarias para salvaguardar a las comunidades, y así evitar graves afectaciones contra su vida e integridad y bienes y medios de subsistencia”, concluyó Carlos Camargo Assis.
