Jesús Santrich.
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La Fiscalía habría obstaculizado a la JEP en el caso de Jesús Santrich: experta de la ONU
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Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe sobre los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. También hizo un llamado a implementar el Acuerdo de Paz como una política de Estado.
Por: Redacción Cambio
Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe sobre los principales obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016. Dentro de sus hallazgos hay al menos siete grandes impedimentos.
El informe de Urrejola también hace mención a las denuncias por un presunto entrampamiento a la JEP en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Señala que no hubo entrampamiento, pero sí obstaculización.
Obstáculos para implementar el acuerdo
Según el documento de Urrejola, una de las principales dificultades está en la falta de implementación del acuerdo como política de Estado, porque el compromiso gubernamental con una implementación sostenida ha variado.
De acuerdo con el documento, "en el período comprendido entre 2018 y 2022, se posesionó un gobierno abiertamente contrario al acuerdo, al igual que la mayoría del Congreso. Aunque se avanzó en algunos puntos como la creación de los PDET, muchos aspectos quedaron rezagados y se adoptó un enfoque basado en una interpretación restrictiva del acuerdo, en el marco de la política de 'Paz con legalidad'. Este período se tradujo además en intentos de deslegitimar o suprimir ciertas instituciones creadas por el acuerdo".
Por esto, la experta hizo un llamado para que en Colombia se implemente el acuerdo de paz de 2016 como una política de Estado y se asegure que todos los procesos de diálogo con grupos armados no estatales tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas.
El caso de Jesús Santrich
Un segundo obstáculo se asocia al contexto político desfavorable posacuerdo y el asunto Santrich. En principio, porque la influencia de los sectores políticos opuestos al acuerdo afectaron la confianza ciudadana y eso quedó claro en el plebiscito por la paz.
En cuanto al caso de Santrich, el informe recuerda que en marzo de 2023, "la JEP denunció ante la Fiscalía las acciones y omisiones de funcionarios de esta entidad, que hubieran obstaculizado su trabajo entre 2018 y 2019, cuando la JEP tenía que definir la aplicación de la garantía de no extradición a Seuxis Pausias Hernández Solarte (...)".
"A la fecha de publicación de este informe, ha pasado un año tras interposición de la denuncia y no se conocen avances en la investigación, que sigue en etapa de indagación preliminar", describe la experta de la ONU.
Frente a esos hechos, Urrejola concluyó que "habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de Jesús Santrich, exintegrante de las Farc-EP y negociador del acuerdo de paz".
Un tercer factor que obstaculiza la implementación del acuerdo es la continuación de la violencia en el país: "el acuerdo de paz plantea que, para el cese de la violencia, la construcción de paz y la garantía de derechos, es central el despliegue de instituciones y servicios estatales en los territorios. Sin embargo, tras la firma del acuerdo, este despliegue no ocurrió, y los territorios que dejaron las extintas Farc-EP fueron ocupados por otros grupos armados no estatales que se disputan el control territorial y de las economías ilegales y se siguen expandiendo, generando más violencia".
Otro obstáculo es la falta de garantías de derechos humanos de las personas firmantes, porque son quienes más se ven afectados por la violencia. El informe menciona que más de 420 familias fueron desplazadas de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de Mesetas y Vista Hermosa y de la Nueva Área de Reincorporación 'El Diamante'. Además, se han confirmado 413 asesinatos de firmantes.
Pero esto no es todo, porque a esta oleada de violencia, "se suma una impunidad estructural de los perpetradores, en particular los autores intelectuales de los asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de las personas firmantes".
Un quinto obstáculo que describe el informe es la debilidad de coordinación interinstitucional, porque los problemas de este tipo –algunos relacionados con el diseño institucional y otros con la falta de liderazgo aglutinador– dificultan la implementación efectiva del acuerdo.
Asimismo, se detalla que otro obstáculo es la disponibilidad de recursos, las prácticas de corrupción y la impunidad.
"Los recursos de los PDET se concentraron en cinco de las 16 subregiones, y la desigualdad entre las subregiones para competir por estos, conjugada con la falta de criterios de priorización claros para su asignación, ha sido un factor de inequidad en la implementación del acuerdo. Respecto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el ACNUDH reportó las preocupaciones de la Contraloría en el manejo de los recursos del Programa, que presenta retos, como la baja implementación de proyectos productivos", se lee en el documento.
Un séptimo obstáculo está en los rezagos en la implementación del capítulo étnico y en las disposiciones de género. De hecho, en estos temas se registra el menor porcentaje de implementación.
