Agua potable, el sueño frustrado de La Guajira

Los 35 ancianos, 118 adultos, 22 jóvenes y 60 niños de la comunidad wayuu de Santa Rita, en el kilómetro 4 de la vía Riohacha-Maicao, dependen de un pozo profundo de 300 metros para abastecerse de un agua que huele fuertemente a carburo y no es apta para el consumo. Entonces sólo la usan para lavar. Ni siquiera pueden utilizarla para regar las plantas, porque se mueren. El caso es uno más de los tantos que se viven en las comunidades rurales y urbanas de La Guajira, donde el acceso al agua sigue siendo un milagro diario.

En Santa Rita el agua para consumir la tienen que comprar en la ciudad, porque las entidades encargadas del suministro no envían suficiente. Sin embargo, algunas familias se ven obligadas a utilizar el agua del pozo profundo para cocinar porque no tienen dinero para comprarla. Un viaje de un carrotanque con 14.000 litros puede costar hasta 200.000 pesos, y alcanza para cerca de una semana.

La situación actual es de crisis humanitaria porque la cobertura en la Alta Guajira extrema, donde habitan comunidades dispersas, no llega ni al 10%. Por ejemplo, en municipios como Uribia, solo llega al 1%. En la zona media del departamento, con centros más densos, los centros urbanos tienen cobertura del 70 al 80%, mientras que en la zona rural es del 30%, quedando casi en la media nacional.

Aunque parezca irónico, para el wayuu el agua es el hilo conductor de la vida, es lo que los conecta a la tierra, calma la sed, es la pervivencia de la cultura: permite cultivar, revelar el sueño, continuar el legado y esa reconexión es como un elemento vital lleno de sacralidad. Más allá de un servicio público, de un bien o un recurso que es en lo que se ha convertido en La Guajira, el agua es la espiritualidad y la convivencia del territorio para esas comunidades.

Daiver Pinto Pimienta nació a orillas del legendario río Ranchería, es docente investigador de la Universidad de La Guajira y Ph.D. en Sociedad y Cultura Caribe de la Universidad Simón Bolívar. Los últimos años de su vida los ha dedicado a estudiar la gobernanza del agua en las comunidades wayuu y la necesidad de que esta se integre a la política del recurso hídrico en el país. Es una verdadera autoridad en el tema. 

Para poder entender la esencia de su planteamiento, lo primero que hay que dejar claro es que la gobernanza del agua, principalmente, corresponde a estados dinámicos sociales e históricos que pertenecen al territorio, donde las entidades, el sector privado y las comunidades se conjugan en una sola voz para superar los problemas del acceso y la satisfacción del agua que tanto necesitan.

La gobernanza siempre ha existido y su fórmula simple es una conjugación de cuatro elementos. Primero está el autogobierno que tienen todas las comunidades; luego la participación comunitaria, es decir, la oportunidad democrática que les brinda el Estado para que tomen sus mejores decisiones; además, la territorialidad con ese control que tienen los grupos indígenas o afros de las fuentes de agua, su cuidado y espiritualidad. Y, por último, pero no menos importante, la adopción de las tecnologías, elemento necesario todavía, porque desde la década de 1950 se han probado muchas, pero los wayuu no las han adoptado totalmente.

El camino del problema del acceso al agua en La Guajira ha sido tan vertiginoso como ineficaz, en gran medida porque no se ha aprendido nada de los auges tenidos, eso dice el profesor Pinto. 

Desde los años 1940, los wayuu dependían del agua del Caribe, de los arroyos y de los pozos subterráneos. Luego, con el gobierno de Rojas Pinilla, se incorporaron los molinos de viento, obra que muchos recuerdan. Pero, después, el agua pasó a ser un bien, un servicio contractual; entonces la gente tuvo que empezar a hacer albercas por todo el territorio, y jagüeyes o depósitos que ayudaron parcialmente a tal situación. Más adelante vino el auge de las tecnologías solares, ósmosis inversas y represas, intentando nuevamente resarcir el poco sentido de apropiación del territorio. Todo esto enmarcado dentro de un problema muy grave, la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos y las decisiones administrativas no acordes a las organizaciones de las comunidades.

Pinto cree que hay que armonizar el territorio y sus actores para poder tener buenos resultados, porque la mayoría de políticas y programas se han desarrollado desde el centralismo, sin tener en cuenta el pensamiento y el conocimiento de la gente local. Es decir, que en el departamento se han implementado tecnologías, pero no hay esa adopción tecnológica, ese sentido maternal que incorpore en la cosmovisión wayuu sus técnicas y manejo ancestral del agua.

Por ejemplo, el amuche, que es la vasija que simboliza el nacimiento del almacenamiento del agua, ha sido separada del nacimiento y del cuidado de los recursos hídricos del país. “De hecho, la política nacional del agua solo contempla la gobernabilidad y no la gobernanza; entonces el aporte de la academia es incorporar la gobernanza hídrica en los territorios como un diálogo o un ejercicio horizontal”, explica Pinto.

Los planes departamentales de agua fueron iniciados en el país en el 2007, pero los proyectos fallidos han sido muchos en la historia reciente. Durante el periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos fueron construidos en La Guajira 29 pozos desalinizadores, cada obra conformada por tres enormes tanques, con planta desalinizadora y un grupo de paneles solares con los que se buscaba ayudar a solucionar el problema de acceso en comunidades alejadas; pero hasta el último reporte, hecho en marzo de 2023, 26 de estos tanques estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento.

Una de las muestras del fracaso de ese proyecto ocurrió en la comunidad de Media Luna, en zona rural de Manaure, donde el tanque instalado en 2016 solo funcionó hasta 2018 y dejó sin suministro básico a 12 comunidades wayuu y a unos 400 estudiantes del colegio internado que allí funciona. Por tal motivo, la comunidad tuvo que volver al servicio de carrotanques.

En su mandato, el expresidente Iván Duque anunció con bombos y platillos el programa Guajira Azul, una estrategia que también buscaba “garantizar el acceso” al agua, en cumplimiento de la Sentencia T–302 de 2017 de la Corte Constitucional. Se contrató la instalación de 24 pilas públicas en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Pero hasta el final de su mandato solo dejaron funcionando cuatro. De hecho, hay 26 denuncias radicadas en la Contraloría de la República por proyectos no ejecutados. En muchos casos contrataron dos veces la misma obra o se giraron los anticipos y nunca se hicieron. Para colmo de males el sector administrativo del agua estuvo intervenido en La Guajira por cinco años, como resultado de la corrupción. 

Lo establecido por la Organización Mundial de la Salud es que cada persona utilice al día 20 litros de agua mínimo para hidratación –5.3 litros para esto en específico–, preparación y limpieza de alimentos, lavado de manos y de cara. Esa meta para las zonas rurales es inalcanzable.

Además, el organismo estableció que si una persona debe desplazarse más de 100 metros o invertir más de 30 minutos en ese desplazamiento para acceder al agua, está en riesgos muy altos de tener problemas de salud. En La Guajira algunas mujeres caminan hasta tres horas para poder conseguir el líquido. También, el agua de uso doméstico o personal debe tener un color, un olor y un sabor aceptables para los diferentes usos personales y domésticos, y no contener microorganismos, químicos o sustancias radioactivas que puedan poner en riesgo la salud de quien la usa, condiciones que muchas veces no se cumplen en el departamento.

El tazón cargado de ropa parece soldado a la cabeza de las mujeres. Mientras el viento mece los costados de sus mantas naranja y roja, ellas caminan decididas entre los arbustos. Van camino al jagüey Jerusalén, la fuente principal de agua de la comunidad de Kolopontain, en la zona rural de Uribia. Es una rutina que repiten varias veces a la semana. El pequeño estanque sirve para lavar la ropa, darse un baño y alimentar a los chivos. El agua es turbia y con un color fuerte, pero es lo que hay.

Las dos mujeres casi no hablan español y al ver las cámaras fotográficas se esconden una tras otra “porque eso trae malos espíritus”, le dice una en wayuunaiki a un niño estudiante del colegio cercano que las persigue y hace la traducción. Se alejan, se tapan la cara antes de meterse al agua. Como ellas, miles de mujeres wayuu siguen usando los jagüeyes, naturales y artificiales, para almacenar agua lluvia o aprovechar los brotes de agua subterránea, que no es apta para el consumo humano, pero en días de mucha sequía o por falta de recursos, se ven obligadas a usar para cocinar.

Kolopontain queda en zona rural de Uribia, a unos 20 minutos del casco urbano, y el agua solo llega a través de carrotanques que envía la administración departamental, pero no pasa todas las semanas. Entonces el agua para el consumo también la tienen que comprar con su propio dinero. Para los otros usos muchas veces dependen del agua de jagüey. Por eso, Alberto Palmarroza Inciarte, uno de los más veteranos líderes y activistas por los servicios públicos del departamento, dice que los “carrotanques son solo un negocio que sirve para enriquecer a los dueños y a los políticos”.

Palmarroza, quien también es economista, lleva 50 años en esa lucha y comenzó “a hacer la tarea” en sus años de estudiante en el mítico Liceo Padilla de Riohacha, dice que seguirá en esas hasta que se muera porque no “ve perspectivas ciertas para la solución”. Por eso le parece irónico que, teniendo todo el material humano y los recursos financieros e hídricos, después décadas de intentos aún no se haya podido resolver el problema del agua, ni siquiera en Riohacha.

El líder comunitario recuerda que hace un par de décadas, las madres tenían que hacer un hueco en las puertas de las casas para bañar a sus hijos. Eran días muy duros, muchos niños murieron. Después la ciudad pasó al uso de albercas, lo que también generó calamidades porque se convertían en criaderos de mosquitos que traían enfermedades mortales como el dengue. Esas situaciones impulsaron grandes movilizaciones sociales como la de 1991, cuando la dirigencia local logró mejorar un poco los servicios públicos.

Este movimiento ayudó a gestionar 11.000 millones en el año 1997, para el servicio de agua, cuando el gobernador era José María Ballesteros, en el gobierno del presidente Ernesto Samper. Ese dinero fue invertido mal en la construcción de tanques elevados gigantes. Nunca sirvieron y ahora adornan la ciudad como elefantes blancos. La privatización de los servicios públicos, que se vendió como la solución, durante años, tampoco ha podido resolver nada en la mayoría de los municipios guajiros. Ni siquiera el pago de los cobros por consumo básico, por parte de los entes territoriales, ha podido garantizar un buen servicio.

“Este es un problema de voluntad política; mientras no haya eso no habrá solución. Han creado empresas tras empresas que han sido botaderos de plata; ahora mismo es Esepgua, la empresa de servicios públicos de La Guajira, que vino a reemplazar el Plan Departamental de Agua, donde siguen contratando de manera directa; es una mina de dinero para los caciques políticos, como el senador (Alfredo) Deluque”, señala Palmarroza.

Ante estos señalamientos, Andreína García, la gerente de Esepgua, le dijo a CAMBIO que era falso que “en la empresa de servicios públicos no contrataran ninguna obra de manera directa. No hacemos arbitrariamente manejos contrarios a lo que nos compete en ley. Tales afirmaciones no se ciñen a la realidad. Todos los procesos contractuales para las obras son abiertos mediante licitaciones públicas regidas por la Ley 80”, señaló.

Al economista, quien vive en el centro de Riohacha, le parece un chiste que a su casa sólo llegue el agua dos o tres días por semana y que todavía tengan que llenar albercas. Por eso, al igual que el profesor Daiver Pinto, cree que la creación de la verdadera solución debe incluir a la gente de La Guajira, y a los nuevos líderes jóvenes del departamento que se han venido formando y ya tienen los conocimientos para plantear proyectos y tomar en sus manos el asunto. “Hay que saber aprovechar el potencial de nuestros ríos, de nuestras aguas subterráneas que recorren todo el territorio y un buen aprovechamiento de las aguas lluvias".

En medio de la dura realidad, Andreína García, la gerente de Esepgua, dice que hay en ejecución 22 proyectos que se traducen en 100 puntos de obras, con los que se espera beneficiar a 90.000 personas que hoy no tienen agua potable, proyectos que se deben finalizar en el primer trimestre de 2024 y que dejarían a la Alta Guajira con una cobertura del 30%.

Hace unos días la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, estuvo en la inauguración de la pila pública en la Zona Industrial de Uribia, obra que hace parte del “plan rescate” del gobierno nacional, el cual busca ayudar a reactivar muchas de las obras que habían quedado paralizadas desde la anterior administración. El proyecto entusiasma a muchos guajiros, pero muchos temen que pueda ocurrir lo mismo que con los anteriores.

Para tratar de no caer en los mismos errores de administraciones anteriores, García dice que los nuevos proyectos tienen un plan social, en donde desde un principio las personas saben quiénes son los beneficiados. “En la extrema Guajira no puedes llegar a hacer un circuito de red como lo hacemos en el casco urbano, sino que tiene que ser una solución individual donde la gente pueda llegar. Lo que hay que hacer es empezar a replicar y tener mucho cuidado de que no se nos crucen con conflictos con los indígenas que normalmente se ven”, señala.

El crecimiento de la minería ha sido otro de los factores determinantes para que se haya agravado el problema de acceso al agua en La Guajira. Un documento elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) estableció que la minería ha hecho que desde 1980 hayan desaparecido o estén en riesgo de desaparecer los arroyos Tabaco, La Puente, Cerrejoncito, La Chercha, Aguas Blancas, Sequión, Luis, Trampa, El Mamón, El Hatico, Manantial, La Ceiba, Medianía, Macanal, Gayuso, Morocónlo y la Ciénaga que se ubicaba entre el Arroyo Bruno y el río Ranchería, que desapareció totalmente. Por ejemplo, el Bruno, de 26 kilómetros y que nace en la reserva Forestal Montes de Oca en la Serranía del Perijá, era uno de los 23 grandes afluentes del Ranchería que fue desviado también.

Una investigación realizada por Indepaz en 2018, titulada “Si el río suena, piedras lleva”, determinó que el río Ranchería presenta altos niveles de contaminación después de su paso por Barrancas, debido a la minería que lo carga de metales pesados como arsénico, bario, cadmio, manganeso, plomo, selenio, estroncio, zinc y uranio, resultado de los residuos y las aguas industriales que son vertidas sobre su cauce.

Palmarroza dice que se necesitan hechos urgentes y que lo que ha hecho la Corte Constitucional recientemente, al tumbar más de una docena de acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, que buscaban más recursos para La Guajira, “es un despropósito con el departamento y con los indígenas”.

En el caso específico del acceso al agua fue tumbado por la Corte el Decreto 1250 de 2023, creado con el “objeto definir las condiciones y medidas para garantizar el acceso al agua para consumo humano y saneamiento básico a todas las personas que habitan en el departamento de La Guajira, en el marco de lo dispuesto en el Decreto número 1085 de 2023 “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”. Sin embargo, el alto tribunal lo declaró inexequible al considerar que este excedía los límites constitucionales del Ejecutivo.

La sucesión de decisiones de la Corte sobre las propuestas del Gobierno para la Guajira generó múltiples reacciones en el país, tanto sociales como legales y políticas. Sin embargo, Palmarroza, con su sentir profundo de guajiro, intenta explicarla diciendo “que parece que fuera un designio superior, pero que esa es otra prueba de que “a los guajiros hasta la muerte nos llega tarde”.