¿Por qué la energía es más costosa en el Caribe?

Entre 2021 y la primera mitad de 2023, con la reactivación económica y un entorno nacional e internacional retador, la inflación ha sido protagonista por el aumento sostenido y acelerado de los precios. Dentro del indicador, además del grupo de los alimentos, el de la electricidad fue protagonista por reportar incrementos que alcanzaron el 30 por ciento anual en el promedio nacional. 

En la costa Caribe este es un problema de vieja data, que tiene sus altos y bajos en el debate público y al que le suman la calidad del servicio. Antes de los confinamientos de 2020 por la pandemia de covid-19, los protagonistas de la discusión eran Electricaribe, las dos empresas que la reemplazaron, las tarifas que se estaban aplicando y un problema que parece ser como el del huevo y la gallina: la calidad del servicio, la oferta y las conexiones irregulares. 

Ahora, en el centro del debate siguen estando las tarifas de la energía eléctrica en una zona cálida, que obliga a utilizar por más tiempo electrodomésticos como las neveras y los aires acondicionados o los ventiladores; la calidad del servicio que ofrecen los dos nuevos operadores; las deudas de vieja data y las de la pandemia; las conexiones ilegales, y la coyuntura climática y económica.

Aunque los precios de la energía eléctrica se han moderado, la costa Caribe mantiene las tarifas más altas. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en febrero de 2024 la inflación anual promedio en el país para el rubro de alojamiento, agua, gas, electricidad y otros combustibles fue de 9,77 por ciento. 

En el Caribe, todas las ciudades de la región reportaron una inflación superior al promedio nacional, impulsada por los precios de la electricidad. En Valledupar, donde el registro fue más alto, llegó a 12,91 por ciento. Las menos afectadas, por su parte, fueron Cartagena (10,29 por ciento) y Barranquilla (10,89 por ciento)
 

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¿Qué pasa en el Caribe? 

Sergio Cabrales, profesor de Los Andes, explica que “en algunas regiones del país, como en las costas, la tarifa de energía es más alta debido a las pérdidas técnicas y no técnicas, como los robos de energía, que representan el 20 por ciento de la tarifa, en contraste con el 7 por ciento en otras regiones de Colombia”.

Así lo señala el reporte de los últimos 11 meses de Air-e, la empresa que opera en Atlántico, La Guajira y Magdalena. Como muestra la tabla, en ese periodo de tiempo el factor de pérdidas representó el 20,94 por ciento de la tarifa que se le cobró a los usuarios.
 
Para todo el país, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) fija el precio máximo que las empresas distribuidoras de energía pueden cobrar a empresas y hogares, con base en una fórmula que tiene en cuenta los costos de generación de energía eléctrica, transmisión, la distribución, la comercialización y las restricciones. En promedio, las partes de la cadena que más pesan en la fórmula para la tarifa de energía son la generación, con el 30 por ciento, y la distribución, con el 40 por ciento. 

Sin embargo, como se vio, en el Caribe las pérdidas o restricciones representan otro 20 por ciento. Adicionalmente, igual que en el resto del país, debe incluirse el cobro de la opción tarifaria, un mecanismo que existe en el país desde la reforma de 1994 a los servicios públicos para evitar otro apagón energético como el de 1992-93.

Con este mecanismo, en situaciones extremas como la pandemia por covid-19, el país puede congelar el precio de la energía para disminuir el impacto coyuntural sobre los bolsillos de los colombianos. Pero como las empresas comercializadoras de energía terminan prestándole esos recursos a los colombianos pues el costo de producir y distribuir la energía no se congela, las mismas empresas pueden “desatrasar” la tarifa, aumentando paulatinamente el precio cobrado a los usuarios hasta que se cubra el saldo. 

Todo esto, en medio de una regulación estricta para evitar otro choque en los bolsillos de los colombianos. Casi cuatro años después del inicio de las medidas para contener la pandemia en Colombia, las empresas no han terminado de cobrar esa deuda de tarifas congeladas en el país. Solo para la Costa Caribe, los gremios del sector calculan un faltante en sus cuentas de 2,5 billones de pesos por la opción tarifaria. 

A eso se suman los problemas de vieja data de inversiones en el sistema de distribución y comercialización de energía en la región Caribe. Electricaribe, la empresa que antiguamente operaba en toda la región, invirtió menos de lo necesario en las redes y la baja calidad del servicio, así como sus problemas financieros, llevaron a su liquidación en 2021.

Más adelante, en 2022, se anunció la entrada en operación de Air-e y Afinia para dividir la región en dos y con un acuerdo que integraba la posibilidad de que las empresas incluyeran en la tarifa cobrada a los usuarios una parte de las inversiones que debían hacer para recuperar la red y la calidad del servicio. 

Solo en Cartagena, en febrero de 2024, Afinia explicó que  Electricaribe invertía 100.000 millones de pesos cada año, mientras que la nueva empresa, desde su entrada en funcionamiento, ha invertido dos billones de pesos.

Como contexto de los líos financieros está la oferta de energía en la región. El 70 por ciento de la energía eléctrica del país se produce con agua, en generadoras hídricas, pero el Caribe es una región predominantemente seca, lo que reduce las posibilidades de ampliar la oferta de energía en la región para que sea, al menos, más cercana a su demanda.

Las soluciones

Al principio de su mandato presidencial, Gustavo Petro planteó la construcción de una planta hidroeléctrica en el Caribe. Sin embargo, la solución se quedó en una idea pues la región, como se mencionaba anteriormente, no tiene las condiciones para un proyecto de este tipo, que de cualquier modo requiere una inversión de mediano plazo, es decir, no es una solución rápida en caso de que fuera viable. 

Cabrales advierte que “la geografía requerida para hacer hidroeléctricas se centra en la cordillera, especialmente en Antioquia, donde están la mayoría de las hidroeléctricas colombianas”. 

Otra solución planteada por el gobierno es el impulso a la generación de energía eléctrica con proyectos eólicos o solares, los conocidos como no convencionales y de los cuales ya hay varios en proceso en la región. Sin embargo, estos han presentado retrasos para su entrada en operación e incluso suspensiones pues los procesos de consulta previa con las comunidades para construir una red que les permita conectarse al sistema han sido lentas y con malos resultados. Es decir, esta tampoco es una solución rápida.

Más recientemente, el presidente de la república le prometió a un grupo de congresistas del Caribe que la solución era el proyecto de ley de reforma a los servicios públicos domiciliarios, que permitiría un cambio en el cálculo de la tarifa de energía. 
Sin embargo, esta tampoco es una solución de corto plazo pues el proyecto de ley ni siquiera se ha presentado y en el Congreso, por ahora, avanzan a paso lento otras cinco reformas: laboral, pensional, a la salud, a la educación y a la justicia. 
A eso se suman las advertencias de expertos sobre el cálculo de la tarifa de energía: modificarlo con razones más políticas que técnicas podría desincentivar inversión en el país e incluso provocar que disminuya la inversión en el mantenimiento de las redes, lo que deterioraría la calidad del servicio. 

En la otra orilla están los gremios del sector, que en los primeros días de marzo le enviaron una nueva carta al presidente Petro con cinco propuestas de solución a corto plazo. La primera de ellas es el pago de la deuda de la opción tarifaria, 2,5 billones que dejarían de cobrarse a los usuarios del Caribe y por lo tanto bajarían entre 17 y 8 por ciento los precios del servicio con respecto a lo que se les cobró a los usuarios en febrero. 

La segunda opción es que el Gobierno les asigne un billón de pesos, para cubrir la mitad de las pérdidas que reportan las empresas de la región durante seis meses. Esto reduciría la tarifa en cerca de 10 por ciento pues les daría un mayor espacio financiero a las empresas para enfrentar el incremento del precio de la energía por el fenómeno de El Niño. 

En tercer lugar, los gremios piden al gobierno que garantice las condiciones que impulsen al sector privado a invertir para aumentar la oferta de energía en todo el país, una solución que incluye garantizar la disponibilidad de gas natural e impulsar la entrada en operación de los proyectos no convencionales retrasados, entre otras cosas, por motivos de seguridad o por procesos de consultas previas. 

Para continuar con el tema financiero, el sector eléctrico le pide al Gobierno que pague y asegure el pago futuro de las deudas por subsidios asignados a la población pobre y vulnerable, un tema espinoso pues hoy los subsidios se asignan por estrato, lo que ha llevado a una mala focalización que resulta en el pago de subsidios para población no pobre. 

Los gremios también piden una revisión de los impuestos departamentales y municipales, algo en lo que se podría avanzar si se retomara la propuesta del exministro José Antonio Ocampo de presentar una reforma tributaria territorial. Es decir, las soluciones para la costa Caribe en el sector de la energía incluyen diversos campos de acción, movimientos de recursos y acciones en el corto, mediano y largo plazo tanto de parte del sector público como del privado.