¿Una reforma a los servicios públicos puede subir los precios de la energía?
- Noticia relacionada:
- Servicios Públicos
- Energía
Desde su campaña, Gustavo Petro ha insistido en una reforma a los servicios públicos que modifique la tarifa de la energía para bajar los precios. Aunque los expertos están de acuerdo con modernizar el sector, advierten que la propuesta del Gobierno tendría un efecto contrario al deseado.
Por: Redacción Cambio
Desde 2021, los precios de la energía eléctrica en todo el país han ocupado la agenda pública y política. Tras la pandemia y la opción tarifaria, vinieron los incrementos del servicio, hasta hace poco uno de los factores principales para que la inflación estuviera por fuera del rango meta.
Las alzas de tarifas y las manifestaciones más notorias se dieron en la costa Caribe, en medio de la campaña política por la Presidencia de la República, que ganó Gustavo Petro, quien prometió, entre otras cosas, revisar e intervenir las tarifas de la energía eléctrica para evitar un aumento desproporcionado que afecte a toda la población.
El nuevo presidente asumió su cargo y no ha perdido el tiempo. Tras dos intentos de decreto, que frenó el Consejo de Estado, el mandatario y sus funcionarios se pusieron manos a la obra para presentarle al Congreso un proyecto de ley que reforme la Ley 142 de 1994, que dio la forma actual a los servicios públicos en Colombia.
Por ahora, solo se conoce un borrador inicial del proyecto de ley que el Gobierno espera sumar a la agenda legislativa de 2024. Sin embargo, el proyecto trae algunas banderas rojas para los expertos del sector.
Además, como no se ha presentado todavía, cambia cada día, al punto de que el presidente Petro le prometió a un grupo de congresistas del Caribe que esa será la fórmula mágica para que en la región bajen los precios de la energía eléctrica.
Las primeras alertas
Entre sus 85 páginas, el borrador del proyecto de ley de servicios públicos tiene un artículo que le permitiría al presidente de turno hacer lo que el Consejo de Estado no le permitió a Petro: tomar el control directo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al considerarlo necesario para emitir medidas que tendrían la intensión de beneficiar a los colombianos.
Como funciona hoy la comisión independiente creada tras el apagón de 1992-93, el presidente tiene voz y voto indirectamente, pues la entidad se rige por las decisiones que toman el ministro de Minas y Energía, el director del Departamento Nacional de Planeación, el ministro de Hacienda y Crédito Público, y seis comisionados independientes.
Esa organización se mantendría, aunque se incluirían dos nuevos comisionados: uno que represente a la academia y un vocal de control del presidente de la república. Sin embargo, el borrador indica en otro artículo que las funciones de regulación del sector de energía se delegan en la CREG o directamente en el jefe de Estado.
Ante esta posibilidad, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de servicios públicos y comunicaciones (Andesco), advierte de que “atribuirle directamente la función reguladora al presidente, en la práctica, implica un desmantelamiento de las comisiones de regulación y sus funciones técnicas”.
¿Otro espacio sin técnicos?
La fórmula con la que los distribuidores de energía eléctrica calculan la tarifa que cobran al público está definida por la CREG y tiene en cuenta todas las partes de la cadena del servicio, desde la generación hasta la distribución, contemplando las pérdidas técnicas y las no técnicas -que son, principalmente, los robos y conexiones irregulares al sistema-, así como la energía que se negocia en bolsa, y que representa una pequeña proporción del servicio contratado y distribuido.
Sin embargo, esa última fracción de la tarifa es la que más ha utilizado el presidente Petro para cuestionar el alza de las tarifas de energía en medio de una subida internacional de los precios por los conflictos internacionales, la sequía por el Fenómeno de El Niño en un país que produce cerca del 70 por ciento de su electricidad con agua y el proceso de desatrasar las tarifas tras su congelamiento durante la pandemia.
Para el presidente, hay partes de la fórmula que están “generando una transferencia de riqueza masiva de los bolsillos de los colombianos a seis generadoras. Una injusticia mayúscula en la fórmula”, como dijo en su último discurso de 2023.
En el sector, lo que genera preocupación no es la revisión de la tarifa, que después de 30 años de funcionamiento tiene oportunidades de mejora y modernización, sino los criterios con los que se pueda hacer ese cambio, ya que dejarlo a discreción del presidente, advierten, podría ser una decisión más política que a la larga afecte la prestación del servicio y, por esa vía, a la población.
“Si lo que implica la ley es que se tomen decisiones políticas por encima de la técnica sin sustento alguno, esto pondría en riesgo la suficiencia financiera de las empresas, al final tendría un resultado absolutamente adverso y sí podría generar procesos de incremento, no hay que olvidar que el servicio más caro es el que no se tiene. Las decisiones que se tomen deben tener en cuenta los efectos a corto, mediano y largo plazo”, advierte Sánchez.
A su vez, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, el gremio de las generadoras de energía eléctrica añade que les preocupa que “por motivaciones equivocadas se busque la modificación de las leyes, pero que además se tenga la falsa expectativa de que la reforma de estas leyes bajará las tarifas de energía. El sector tiene retos importantes que se pueden abordar desde la CREG y, como siempre, se ha hecho en un trabajo mancomunado con todos los actores del sector”.
Finalmente, expertos del sector, exfuncionarios, exministros, empresarios y líderes gremiales coinciden en un punto que resume José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis): “Debemos avanzar construyendo sobre lo construido, para poner la ley a la vanguardia con los avances tecnológicos y la transición energética. Pero debe mantenerse la arquitectura institucional existente con un regulador independiente y técnico, como es la junta del Banco de la República. Por fuera de presiones políticas e ideológicas”.
