Que el feminicidio de Diana Carolina Serna, en La Unión, nos abra los ojos
25 Enero 2024

Que el feminicidio de Diana Carolina Serna, en La Unión, nos abra los ojos

Bogotá. Marzo 8 de 2021. Día internacional de la Mujer.

Crédito: Colprensa - Camila Díaz

El asesinato cometido, presuntamente, por Hernando de Jesús Suárez en La Unión, Valle del Cauca, a plena luz del día, no puede ser uno más. La violencia de género e intrafamiliar van en aumento: más de 400 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2023. Ya es hora de responder como sociedad.

Por: Pía Wohlgemuth N.

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Cambio Colombia

 

 “Video: Hombre decapitó a su expareja en plena vía pública en el Valle del Cauca”: dicen los titulares. El clic promete llevar al usuario a las imágenes repudiables del feminicidio de Diana Carolina. Los términos “diana carolina serna video” tuvieron una popularidad alta en Google, según la herramienta Trends del mismo buscador, entre el 22 y el 25 de enero. Otros usuarios buscaron “Mujer decapitada en la unión”, “video de mujer decapitada”, en relación con el mismo tema. 

Diana Carolina Serna tenía 37 años y murió asesinada por su expareja, en un hecho deplorable de violencia machista. Todo pasó en la calle de La Unión, Valle del Cauca, a plena luz del día. El presunto feminicida, Hernando de Jesús Suárez, de 44 años, tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y extorsión. Le habían dado permiso de salida de 72 horas.

Las cámaras de seguridad de la calle en donde sucedió el feminicidio -en el barrio Jardín- grabaron el momento. Ahora sirven de prueba en su caso. Pero esas imágenes también han alimentado el morbo de miles de internautas, que, sin ninguna vergüenza y escondidos tras un usuario de X, se preguntan si la culpa fue de ella: "Quizás ella le fue infiel, para semejante reacción".

Horas después del asesinato de Diana, otro presunto feminicidio ocurrió en el mismo municipio. Dos hombres asesinaron a tiros a una mujer de 65 años. Esos son apenas dos casos de nueve que se han registrado en Colombia en lo corrido del año. 

Aunque no hay datos consolidados de feminicidios en el país en todo 2023, distintas cifras dan luces: Medicina Legal habló de 410 casos tipificados bajo el delito de “feminicidio” entre enero y septiembre, mientras el Observatorio Colombiano de Feminicidios contó 525, con corte al 12 de diciembre. Por su lado, el movimiento Justicia para Todas registró 237.

La violencia de género e intrafamiliar en Colombia también va en aumento. En 2023, según el Instituto Nacional de Salud, hubo 157.899 casos, frente a 106.472 en 2022.

Las cifras son odiosas y a veces deshumanizantes, porque detrás de ellas se esconden historias como las de Diana. Su caso se hizo público, pero otros cientos pasan inadvertidos en la opinión pública y en la justicia. La revictimización y la impunidad son la regla. Las autoridades dijeron que Diana no había denunciado al presunto agresor en una Comisaría de Familia ni en la Fiscalía, aunque el hombre tenía antecedentes.

Sin embargo, como dijo en una entrevista con CAMBIO Diana Gómez Correal, viceministra de la Mujer del Ministerio de la Igualdad, “aquí hay una falla, porque si había unas denuncias por violencia intrafamiliar, debe haber un seguimiento riguroso. Esto quiere decir que era un posible agresor. Tenemos que trabajar más en sancionar las violencias que sufren las mujeres".

María Cristina Hurtado, abogada y politóloga feminista, docente de la Universidad Nacional, piensa que la institucionalidad del país no tiene respuestas para las víctimas y para las mujeres. “Todos los feminicidios —opina—son tragedias avisadas y donde lamentablemente la acción de la justicia es tardía o benevolente con los agresores. El feminicidio es más terrible cada vez”. Hurtado recuerda el feminicidio que ocurrió en el centro comercial Unicentro en mayo de 2023, cuando Christian Camilo Rincón asesinó a tiros a Erika Lugo.

La ola de incendios que vive el país ha copado la agenda mediática. El caso de Diana, a pesar de su crudeza, no ha logrado la misma atención, porque históricamente es raro que en Colombia los feminicidios propicien movilizaciones.

El crimen que cometió John Poulos, el gringo que asesinó a Valentina Trespalacios, captó la atención de muchos en redes sociales. A pesar de que el caso generó repudio, muchos -incluyendo comediantes con un público de miles- lo convirtieron en un chiste o, como pasa ahora con Diana, en una forma de satisfacer su morbo. ¿Cómo estaba vestida? ¿Le era fiel? ¿Cómo eran sus rumbas? ¿Y sus fotos? La examinación exhaustiva y hasta ridícula de la vida de una mujer que fue víctima de tortura y feminicidio, muchas veces insinuando su responsabilidad en su propia muerte, es indignante.

“No podemos trasladarles las responsabilidades a las mujeres para que se cuiden, porque la responsabilidad es de los varones. No hemos podido desactivar una masculinidad violenta, una masculinidad que empieza a retaliar cuando la mujer dice ‘me separo y me voy’. No hemos podido cambiar la cultura. La ley por sí misma no lo puede cambiar”, dice Hurtado.

Hace doce años, cuando ocurrió el vil asesinato de Rosa Elvira Cely, los ciudadanos se congregaron en el Parque Nacional para alzar la voz en nombre suyo, exigiendo justicia. En los últimos años, las mujeres han aprovechado para protestar por las asesinadas y en contra de sus feminicidas en la marcha del Día Internacional de La Mujer, conocida como 8M. El resto del año, la ciudadanía no se incomoda, es posible que pocos se pregunten qué tipo de sociedad permite que ocurran hechos como el Diana, Erika y Rosa Elvira.

María Vega, directora de Justicia para Todas, asegura que el problema tiene que abordarse desde el punto de vista del Estado. No se debe enfocar toda la atención en entidades independientes, porque deben estar articuladas entre sí. Nada es suficiente, a pesar de que hay leyes, como la 1277 de 2008: ”La sociedad y la familia son responsables de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres”. 

Para Vega, es evidente que la justicia colombiana está congestionada, solo actúa sobre los actos punibles y, además, los ciudadanos desconfían de ella. ¿Qué pasa con lo que antecede a los crímenes?. “Hablemos de prevención y no repetición, se debe partir del compromiso del Estado y de políticas públicas que garanticen el goce de derechos de las mujeres”, dice Vega. En resumidas cuentas, piensa que el problema es estructural. Hay un énfasis excesivo en la víctima, en los llamados a denunciar, pero poco o nada se le habla al victimario. 

“Hechos como los ocurridos en La Unión siempre van a ocasionar indignación y rabia, pero este hecho debe convocarnos más allá de estos sentimientos. Debemos unirnos como sociedad y exigirle al Estado. Debemos sancionar esas conductas punibles, privar de la libertad a los responsables”, dice.

El caso de Diana,  y los otros muchos de los que no se enteran los periodistas y las redes, ocurren por razones complejas. El Estado y la sociedad son responsables de estos hechos, y tomar cartas en el asunto no puede ser opcional. 

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