Para el año 2021 el DANE registró que el 78% de los colombianos se reconocen como católicos. Somos un país camandulero y rezandero en el que la palabra religiosa ha sido muchas veces empleada para fines diferentes de los que manda la escritura. Los patriarcas religiosos se han dedicado también a elegir políticos, oponerse a reformas constitucionales, impulsar ideas excluyentes, incluso a difundir mentiras a la opinión pública. Esta semana, dos hechos dan cuenta de la mano negra que muchas veces ha ejercido la Iglesia católica en los destinos del acontecer nacional.
El primero, la revelación de la Revista Semana de los audios entregados por Daniel García Arizabaleta a la Fiscalía, en los cuales queda consignada la afanada confesión de Oscar Iván Zuluaga del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014. En las grabaciones, Zuluaga revela la confesión que hizo ante el padre Arturo Uría, el dirigente de la comunidad Emaús en Colombia.
Ni el mejor guionista hubiese podido imaginar una conversación más cínica e incoherente, como la que retrata Zuluaga haber tenido con el padre Uría. Según el excandidato, el líder religioso le conminó, no una sino varias veces, a mentir y a encubrir la verdad sobre los sobornos de Odebrecht, porque era una forma de protegerse de la “maldad” que lo rodeaba. En tono de “quien peca y reza, empata”, Zuluaga cuenta triunfante que el cura le justificó la mentira por medio del dogma religioso de la “restricción mental”. Una manoseada olímpica de la doctrina milenaria que, por supuesto, no está ideada para tapar corrupción a gran escala, como la que se demostró ahora.
Otra gesta de la Iglesia católica más silenciosa, pero no por eso menos dañina, fue la celebración de la Conferencia Nacional Episcopal. Claro, no hay nada reprochable en la reunión de los obispos colombianos, siempre y cuando de las mismas no salieran fortalecidas las estrategias de silenciamiento y acoso judicial a quienes se atreven a develar el cáncer de pederastia religiosa que llevan décadas escondiendo.
Mientras se reunían los jerarcas católicos, la BBC Mundo reveló el caso de un sacerdote que violó a una adolescente y luego la obligó a abortar. Aunque el reportaje no mencionó al agresor, sí lo hizo Juan Pablo Barrientos, el periodista a quien debemos la poca luz que se ha regado sobre este asunto en Colombia. El presunto violador es Iván Darío Restrepo Salazar y su encubridor -y el de tantos otros-, el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo. Y ni una palabra salió del cónclave de los obispos.
Tal vez como el cura de Emaús, la Conferencia Episcopal se monta en alguna doctrina religiosa mal empleada para justiciar su ocultamiento de la verdad. Lo cierto es que estos hombres religiosos deben muchas cuentas a la opinión pública, y no son los únicos. Señores poderosos que aprovechan su liderazgo social, que abusan de la fe de sus feligreses, para avanzar causas impropias, para avalar delitos y pecados a su antojo.
Es una hipocresía estructural que mucho daño ha hecho a Colombia. Promueven una palabra que no aplican, o que tergiversan para hacer de las suyas, para complacer o avanzar al sector político que favorecen. Porque lo cierto es que a nuestros curas les encanta hacer política y mejor si la pueden hacer a oscuras.
En el caso de Uría, el confesado revela los secretos que compartió con el religioso y está en su derecho de hacerlo. Lo que sorprende es la respuesta del padre, que en nada contempla postulados superiores de justicia para el país, incluso para la misma conciencia de su feligrés angustiado.
Y no se trata de despreciar la fe, como elemento de cohesión y fuerza social y personal. He sido testigo de lo que logra en la vida de las personas, la capacidad de brindar regocijo y sosiego ante las durezas de la vida. Yo misma, en mi agnosticismo militante, prendo velas y pido cosas, aunque no sepa muy bien a quién. El problema no es la religión, sino sus patriarcas, hipócritas, sinuosos y sectarios.
Claro que no son todos, y existen maravillosas excepciones en la sociedad civil colombiana, pero no son esos a quienes debemos llamar a rendir cuentas. Las sotanas no pueden seguir sirviendo como excusa para que estos ciudadanos se sientan eximidos del cumplimiento de las leyes, tanto las mortales como las divinas, para que vendan discursos de odio disfrazados de fe, para que encubran a corruptos y pederastas.
El confesionario se queda pequeño para los secretos que guardan los dueños de la fe. Hace pocos días la Corte Constitucional seleccionó la revisión de doce tutelas del periodista Barrientos para develar el archivo secreto con el que la Iglesia católica oculta décadas de pederastia cometida y encubierta por sus agentes. Ojalá, como con el audio de García, la verdad salga a la luz.
Aún no se conoce pronunciamiento alguno del padre Uría o de los señores de la Conferencia Episcopal sobre las revelaciones de la BBC. En este país, lleno de católicos, alguno debería exigirle a sus líderes el fin del silencio.
