Es irrefutable que Colombia enfrentará muy pronto una crisis en su abastecimiento de gas. Claro que el apremio no es solamente atribuible al gobierno de Gustavo Petro sino, por lo menos, a los últimos tres presidentes. Ninguno puso en marcha un plan serio que garantizara la soberanía energética. La Agencia Nacional de Hidrocarburos estima que las reservas probadas de gas tardarán 7.2 años en declinar, es decir en empezar a faltar en diferentes escenarios. Esto podría llegar más pronto con incrementos en la demanda, como ocurre cuando se ponen necios los fenómenos de El Niño, que hacen necesario el uso de las termoeléctricas que operan con gas.
Claro que Colombia puede explotar mucho más gas. Nuestra riqueza natural también es amplia en ese sentido y tiene el potencial de ser autosuficiente. El mar Caribe colombiano, desde La Guajira hasta el Urabá antioqueño, cuenta con lo que llaman una nutrida provincia gasífera: Gorgon-1, Gorgon-2, Uchuva-1, Orca y otros descubrimientos de nombres coloridos.
El problema es que la explotación de estos recursos implica un enorme compromiso del Estado colombiano: ofrecer condiciones de seguridad jurídica -reglas claras y estables- que permitan y atraigan la inversión. También los cauces para que esos contratos respeten y generen bienestar para las poblaciones históricamente protegidas y el medio ambiente, pero que también sean negocios viables. Esa es una decisión de política pública seria que no ha sido prioridad de los presidentes anteriores ni de Petro.
La transición energética es necesaria mientras sea debidamente planificada y estructurada, pero la presentación errática de este gobierno aleja la inversión necesaria para proveer gas y recursos semejantes. Esos son esfuerzos gigantescos que demandan enorme inversión y tiempos extendidos para que rinda frutos. “Es muy tarde para enfrentar solos la crisis”, me dijo al respecto el exministro Juan Carlos Echeverry.
Parecería entonces que será necesario importar gas, por ahora y para enfrentar el desabastecimiento que se avecina, mientras producir lo que necesitamos sea una utopía. Entonces anunció Petro desde el Palacio de Miraflores en Caracas: “es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela”.
Y el anuncio desanima tanto como lo hace la inacción de décadas del Estado colombiano para asegurar la soberanía energética. Porque la PDVSA de hoy es uno de los símbolos emblemáticos de la promesa podrida de la revolución bolivariana en Venezuela.
La gigante petrolera fue estatizada por Carlos Andrés Pérez en 1976 como parte de su plan económico: “la gran Venezuela”. Desde entonces no es la joya de la corona de los chamos, sino la corona entera: hoy en día -a pesar de sus achaques- sigue siendo la quinta a nivel mundial y sus reservas probadas de petróleo se estiman como las más grandes del mundo.
El problema es que la dictadura chavista arrasó con el coloso energético. Varias huelgas en la primera década de los 2000 y la reacción furiosa del régimen la vaciaron de los técnicos necesarios para operarla adecuadamente y de profesionales de primera línea cuya preparación de años se esfumó. Después vinieron las expropiaciones del sector petrolero venezolano y el crecimiento sin rumbo de la empresa. Les quedó, como repetía Chávez, “roja, rojita”.
En la segunda década del 2000 se concretó el plan de la militarización de PDVSA, para así poder saquearla con mayor facilidad y ponerla al servicio de la dictadura. Ya en franco desgobierno, la boliburgesía se dedicó a asaltarla. Los escándalos de corrupción y tergiversación de fondos fueron tantos que incluso a Maduro le tocó hacerse el sorprendido.
La trama de PDVSA-Cripto, investigada a profundidad por Armando.Info, dio cuenta de esquemas de miles de millones de crudo vendido sin cobrar. Hasta Alex Saab, lavador del régimen repentinamente convertido en diplomático, adeuda 1500 millones de dólares. En marzo de este año, Reuters reportó que las cuentas sin cobrar ascendían a 21.2 billones de dólares. El consentido del régimen, Tareck El Aissami, pasó de ministro de Petróleos y presidente de la rojita desangrada a prófugo por cuenta de estas pilatunas. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) asegura que la producción actual de PDVSA es la más baja en tres décadas: 751.000 barriles por día frente a 3.2 millones de barriles diarios en 2002.
Así que la elección de PDVSA como socio en cualquier asunto es una reprochable decisión comercial. No podría haber empresa menos confiable, empleada al antojo del dictador, quien podría detener el suplemento de gas a Colombia con capricho de dedo de emperador romano. Todo eso sumado a lo inaceptable de ser cómplice de una dictadura que ya cumple décadas violando los derechos humanos del país vecino. ¿No dizque éramos hermanos?
No ha explicado el presidente por qué razón explotar hidrocarburos en Colombia es dañino para la madre tierra, pero no lo es cuando se hace de la mano de Maduro en Venezuela. Seguramente ya desistió de este propósito, como ya es costumbre de Petro, quien hizo el anuncio sin consultar a la junta de Ecopetrol. Ojalá allá adentro sean capaces de detener este negocio si vuelve a surgir la propuesta. Porque mientras Colombia no sea capaz de implementar políticas serías que conduzcan a la soberanía energética, la crisis del gas no dará espera y necesitaremos comprarlo, ojalá no a un socio que es símbolo de derroche, corrupción y autoritarismo.
