Helena Urán Bidegain
24 Noviembre 2022

Helena Urán Bidegain

Crimen sin castigo, JEP y Palacio de Justicia

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En lo que tiene que ver con el caso del Palacio de Justicia, la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) refleja, una vez más, tal como lo he planteado ya en otros artículos, simplemente el continuum de impunidad; un eslabón más de la cadena de estrategias para fortalecer, no la paz ni la justicia sino, por el contrario, la violencia en el país.

Y esto no lo digo desde una postura emocional y subjetiva sino con base en hechos reales y claros. Es por ello que siento la necesidad y la responsabilidad de escribir recurrentemente sobre lo que hace —o mejor, deja de hacer— la JEP, en lo concerniente a garantizar el derecho de las víctimas de aquella masacre, a justicia y verdad.

Me refiero aquí, una vez más, al caso del general (r) Arias Cabrales, comandante de la operación de “retoma” del Palacio de Justicia en 1985. Aquella supuesta retoma cuyo plan central consistió en atacar al enemigo, pero también, con sevicia inenarrable, a los civiles que debía rescatar. En realidad, la retoma buscaba —tal como se constata en las comunicaciones entre militares, grabadas durante la operación— arrasar con todo: los archivos, los espacios, las pruebas y, por supuesto, los testigos; porque lo que muchos no saben es que dentro de ese edificio había centenares de actas que comprometían a los militares con su proceder criminal (torturas, desapariciones, ejecuciones y otras violaciones a los derechos humanos).

Hay que recordar también que, justo pocas semanas antes, el Ejército había sido condenado por parte del Consejo de Estado, por primera vez en la historia de Colombia, por la tortura de la médica Olga López Jaramillo y de su niña, asunto que evidentemente enfurecía a los militares, acostumbrados desde siempre a no tener que respetar la ley. Así que no solo la guerrilla era su enemigo, sino que la justicia y quienes en ese momento la administraban, eran la pesadilla que había que acabar. Y así lo hicieron, usando la mal llamada retoma del Palacio de Justicia. Es por todo esto y más que el señor Arias Cabrales —y muchos otros— tendría que haber respondido desde hace ya mucho tiempo.  

Pero aquí hablamos de crímenes que se quieren tapar o, al menos, se busca no castigar. La JEP se ha convertido, en este asunto, en una institución que se inclina más por la protección del perpetrador que por la justicia para las personas por él violentadas. Tanto más triste que ella significa para el país la última esperanza de luz sobre aquel ultraje, cuya insoportable impunidad es la semilla que dio viabilidad a un Estado de derecho desbaratado y todo el espanto que hemos vivido los colombianos estos últimos 37 años.

La magistrada de la JEP Claudia Saldaña, a cargo del caso del militar en cuestión, resultó muy conveniente para el general. Proviene de la Justicia Penal Militar y ha asumido su rol en favor de los uniformados de manera eficaz, deshonrado su función como jueza y servidora de la justicia en un país ahogado en la impunidad y el horror.

Ya en el artículo para El Espectador que titulé “Justicia abstracta, injusticia concreta” del 20 de mayo de 2020, me posicioné sobre el sinsentido de ese tribunal, al acoger a un militar ya condenado por la Corte Suprema de Justicia del país e, incluso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 14 de febrero de  2022 publiqué en esta revista “La contrapartida del terrorismo de Estado es la impunidad”, mencionando cómo, en dos años de libertad condicional otorgada por la JEP, el militar no había sido llamado ni una sola vez a testificar; y no solo ignoraba las condenas anteriores sino que pasaba por encima del principio del Sistema Integral de Paz y la centralidad de las víctimas.

“Quién le Teme a la Justicia del Palacio” lo publiqué hace pocas semanas, el 3 de octubre de 2022, y habla sobre el deleznable argumento del tribunal de paz para relativizar y sentar duda sobre la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia contra el general Arias Cabrales en cuanto al hallazgo de algunos restos de personas desaparecidas después de la masacre (más de tres décadas después). Tal hallazgo, aducen, desvirtuaría el crimen de desaparición forzada.

Siguiendo esta línea, finalmente la audiencia en la que, se supone, el general Arias se compromete a aportar a la verdad, se programó para octubre de este año, pero, en último momento y enterados por medio de las redes sociales, la audiencia se pospuso para noviembre 23 al 25. La razón, según pudimos saber después, era que otros magistrados también querían participar de dicha audiencia.

Ahora, una vez más, esta institución se burla de quienes llevan 37 años esperando una respuesta de la justicia y, además, miente al país al culpabilizar perversamente a las víctimas y a sus representantes por no haber informado sobre su asistencia a esta audiencia.  

imagen Helena Urán

Las víctimas no fuimos informadas. Por lo menos yo puedo decir que nunca recibí tal comunicación, por lo que argumentar que no confirmamos es una leguleyada.
En lo que se refiere a los apoderados, lo cierto es que, si un abogado que debe estar no se presenta, es entonces requerido para que justifique su inasistencia y puede incluso llegar a ser sancionado. Si su presencia no es indispensable, la diligencia sigue su curso. Nada de esto ha sucedido y este asunto, de trascendencia nacional, pretenden hacerlo pasar de agache como uno menor, puramente bilateral.

Todo esto nos deja bien claro que el argumento de la magistratura de la JEP para posponer, una vez más, la audiencia en la que el general Arias Cabrales haría su aporte a la verdad, argumentando cínicamente querer proteger el derecho de las víctimas, no tiene ningún fundamento y está orientado a dilatar y a alimentar más y más la violencia y el terror estatal. 

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