Muchas reacciones provocó la asistencia del presidente de la república, Gustavo Petro, a la misa organizada por la Corte Suprema de Justicia, hace pocos días, para conmemorar el ataque al Palacio de Justicia, hace 37 años.
Para algunos es inaceptable que, habiendo sido él miembro del M-19, haya asistido. Puedo entender bien que algunas personas, cuyos familiares fallecieron durante esos horrendos días del 6 y 7 de noviembre de 1985, se basen en el efecto de causalidad que tuvo la brutal y criminal entrada de ese grupo guerrillero para apresar a los jueces de la república —quienes, además, eran los que de manera ejemplar dejaban el Estado de derecho en alto. Los de 1985 eran magistrados serios, convencidos de que los derechos eran para todos por igual y las leyes eran para que las cumplieran los poderosos también.
Pero es llamativo que personas que nada han tenido que ver con esos hechos o solo indirectamente, ataquen con tal vehemencia, y una especie de odio santo, a Gustavo Petro por su llegada a la conmemoración, olvidando que él hoy es el jefe de Estado y es su deber hacer presencia.
A mí no me molesta que lo critiquen, sino que instrumentalicen el dolor que hemos sufrido muchos para defender posturas políticas. Y como solo se trata de atacar, y en ningún momento del sufrimiento de las víctimas, estoy convencida de que también lo habrían criticado fuertemente si no hubiese asistido.
Pero no me voy a centrar en lo que los medios han repetido una y otra vez como con guion; yo prefiero poner el foco en algo a lo que —durante 37 años— poca o ninguna visibilidad y, menos, crítica, se le ha dado.
Me refiero a la responsabilidad y actuación del gabinete de ministros durante los hechos de la masacre del Palacio de Justicia. A ellos podría claramente acusárseles de incurrir en faltas y variados delitos. Quiero hablar de estos hombres y mujeres que, más allá de la dicotomía entre militares y guerrilleros, también tienen responsabilidad en los hechos pues tomaron decisiones que afectaron la vida de la nación. Ese grupo que, sin embargo, nunca ha tenido que rendir cuentas al país y que hábilmente se ha beneficiado de que se desvíe durante 37 años la mirada de ellos, que tuvieron el poder y la posibilidad de evitar la catástrofe o al menos de hacer algo después por explicar lo sucedido al país.
Y es que, si viviéramos en una democracia más sólida, con un Estado de derecho serio y digno, en el que la ley se aplicara a todos por igual, estas personas hace mucho habrían tenido que verse sentadas en el banquillo para rendir cuentas ante el país por respeto a las personas para las que gobernaban. Lo que han hecho en cambio, es guardar hábilmente silencio; y el Estado los ha blindado para otorgarles también a ellos impunidad, tergiversar la realidad de los hechos y mantener confundida a la sociedad, hasta llegar a rasgarse las vestiduras por la asistencia de Petro, quien ni estaba durante los hechos ni menos tenía poder, a una misa.
Los ministros de 1985, o al menos Enrique Parejo, ministro de Justicia, entendían bien el efecto de las acciones bélicas y brutales a las que estaban sometiendo a personas inocentes, y el impacto para el futuro del país.
Este comentario hecho durante el consejo de ministros el día 7 de noviembre de 1985 lo refleja:
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“Si bien el juicio de la historia será muy severo frente a estos hechos, lo va a ser también el juicio de la opinión nacional y el de la Rama Jurisdiccional, que sin duda van a culpar al Gobierno de imprevisión en el manejo de esta emergencia”.
Pero hoy, 37 años después, queda claro que el ministro de Justicia Enrique Parejo se equivocó, pues la opinión nacional —militarista e indiferente— no juzgó como tendría que haberlo hecho; y la Rama jurisdiccional quedó tan ciega y herida tras el ataque, que tampoco se pronunció con suficiente contundencia, severidad y persistencia en la urgencia de esclarecer los hechos y, por el contrario, aceptó un tribunal especial que en 1986 ignoró datos reveladores, exculpó al ejecutivo y a las FFAA de los excesos y crímenes en los que incurrieron y así culpó de todo a la guerrilla, marcando con ello la memoria amnésica y tendenciosa del país. Sin duda, este fue otro golpe a la justicia y uno, letal, a la verdad que llevó a que hechos nefastos se repitieran una y otra vez, engordando cada vez la impunidad del país.
Por eso yo quiero con esta columna salir de la dicotomía guerrilleros –FFAA en la que se ha enfrascado el país. El ejecutivo no solo estuvo al tanto de crímenes perversos y los avaló, sino que incluso los fomentó como, por ejemplo:
Nohemí Sanín Posada, ministra de Comunicaciones, quien censuró los medios de comunicación, para alejar a todo el país del minuto a minuto y evitar la reacción y la indignación frente al abandono de los civiles por parte del ejecutivo, y para poder, ulteriormente, tergiversar lo que ocurría allí como, en efecto, ha ocurrido hasta hoy. Mientras morían decenas de personas incineradas en uno de los edificios del centro de Bogotá ella, haciendo honor al cinismo y la crueldad, decidió que lo correcto era transmitir un partido de fútbol para distraer a la gente.
Y hoy, 37 años después, ¿alguien se ha preguntado por qué esta mujer nunca ha tenido que responder por prohibir la libertad de prensa y esconderle (mentirle) sobre lo que sucedía en el centro del poder político y de la capital del país?
Ella en cambio fue premiada con otros cargos públicos. Siempre ha dicho que no se arrepiente de nada de lo que hizo, casi al punto de llegar a decir que solo obedecía órdenes, como diría en alguna ocasión sentado al banquillo un señor de apellido Eichmann, quien tomaría decisiones determinantes para aniquilar a judíos, él sí frente a un tribunal.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Jaime Castro, sugería recoger las cintas y entrevistas sin editar sobre lo acontecido en la masacre, sin necesidad de ser muy creativos con la finalidad de que nadie pudiera realmente saber lo que personas inocentes habían tenido que padecer encerrados dentro del Palacio de Justicia por cuenta de los ataques sin pausa de las Fuerzas Armadas:
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“Así mismo el Ministro Jaime Castro recomienda que se implemente algún mecanismo que permita recoger judicialmente las versiones que sobre los acontecimientos están dando por los medios de comunicación quienes las vivieron”. Dice este ministro, complementando el abuso de poder cometido ya por la ministra.
El presidente Betancur, a la altura de su carácter, también apoyó la idea de mantener a la opinión pública alejada de la verdad, sin conocer de primera mano los testimonios sobre la muerte de los magistrados:
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“Finalmente el Señor Presidente solicita que se recojan los testimonios sobre las muertes de los Magistrados”.
Y la sevicia y maldad total de este grupo quedó demostrada en otro consejo de ministros del día 10 de noviembre por el mismo Jaime Castro, quien planteó:
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” Así mismo el Ministro de Gobierno se refiere a la inhumación de los cadáveres de los guerrilleros, explica que se deben evitar los entierros con manifestación, que LO IDEAL SERÍA INHUMARLOS EN LA FOSA COMÚN PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS QUE ORDENA LA LEY”.
Sobre el planteamiento del ministro de Defensa de un ejército desquiciado y vengativo, el general Miguel Vega Uribe, tío y suegro de A. Plazas Vega (aquel que comandó el tanque de guerra que disparó contra y dentro del edificio del Palacio de Justicia) dice el acta de consejo de ministros, del 7 de noviembre, lo siguiente:
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“El Ministro de defensa informa sobre el desarrollo de las operaciones indicando que no ha habido mayor evolución pues, mediante el uso de cargas dirigidas de explosivos, se está buscando abrir unos accesos al sitio donde están los guerrilleros con el fin de entrar sin poner en peligro la vida de los rehenes”
Lo cierto es que esos explosivos de los que él hablaba fueron los que rompieron las paredes del baño donde ¡ellos sabían con certitud! se encontraban concentradas entre 60 y 70 personas inocentes. Sin dudarlo, activaron esos explosivos la mañana de ese 7 de noviembre y fue ese episodio el que más muertes de civiles cobró.
Este general y ministro tampoco nunca respondió, ni por la sevicia con la que se atacó a civiles y guerrilleros durante la masacre del Palacio de Justicia ni por haber sido el director de la Brigada de Institutos Militares (BIM) lugar en el que, en 1979, había sido torturada la médica Olga López con su niña. Por estos hechos, el Consejo de Estado había fallado en contra, poco antes de la masacre del Palacio de Justicia, pero tampoco de esto ni de su relación con la venganza de los militares contra los magistrados del Consejo de Estado, hablaron abiertamente los medios.
También se destacó en estos días horrendos el padre de a quien siempre recordaremos por su famosa frase “¿De qué me hablas viejo?” Cuando un periodista le preguntó su opinión sobre el bombardeo a niños menores de edad. Me refiero al padre del expresidente Iván Duque Escobar, quien era ministro de minas y energía durante el gobierno de Belisario Betancur y, en una actitud que deja entender de dónde viene su hijo, estuvo a cargo de la limpieza del Palacio de Justicia para borrar huellas y rastros de la escena de los crímenes cometidos por las fuerzas del orden.
Este selecto grupo que conformó el gabinete de ministros en 1985 y que acolitó, avaló o fomentó crímenes, es la más clara representación de la clase de dirigentes que ha padecido este país.
Las cortes fueron esos días del 6 y 7 de noviembre castigadas y derrotadas por atreverse a cuestionar al poder y al ejército por sus abusos desde el Estatuto de Seguridad de Turbay.
Lamentablemente, el Congreso tampoco mostró grandeza o dignidad frente a su rol para con el país.
Los miembros de la Comisión de Acusaciones de 1986: Horacio Serpa Uribe (Q.E.P.D), Carlos Mauro Hoyos (Q.E.P.D) y Darío Alberto Ordóñez archivaron las denuncias, tanto judiciales como disciplinarias, realizadas por el procurador Carlos Jiménez Gómez, quien sí, como lo demanda su cargo, se atrevió, aun siendo estigmatizado y en solitario, a exigir explicación por violación del artículo 121 de la Constitución Política de 1886 y por graves infracciones al derecho de gentes, hoy más conocido como derecho internacional humanitario.
De dicha acusación cabe resaltar los siguientes apartes que Hernando Llano Ángel quien trabajaba con el procurador Jiménez Gómez anota en https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/del-palacio-justicia-la-paz-total : “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los conflictos armados” y su caracterización: “El problema que aquí se plantea es político, en primer lugar, y solo en segundo lugar es de carácter jurídico; y puede resumirse en los conceptos y reflexiones que suscitan los siguientes interrogantes: ¿Puede el Estado envolver en una misma acción represiva a unos ciudadanos fuera de la ley y a otros ciudadanos inocentes, antes de haber agotado todos los medios a su alcance para tratar de rescatarlos a estos sanos y salvos? ¿Es esa decisión de aplicarles de inmediato, por cualquier razón, un mismo tratamiento, legítima?” y, unos párrafos más adelante, concluye: “La Procuraduría no puede responder a dichos interrogantes sino negativamente”.
Esta columna de hoy la escribo porque, aunque el EME tendría información por aportar a la verdad, para mí es infinitamente mayor la responsabilidad y verdad que deben quienes estaban en el poder y defraudaron al país.
No me olvido de lo que con sus decisiones desataron hace 37 años y sigo esperando a que, un día, alguien con la altura necesaria, un fiscal y un juez, llamen a los que aún están vivos a respetar y darle cuentas al país y que la memoria los lleve al lugar en el que deben estar: el de la vergüenza, como lo fue ese año 1985.
Es hora de tener gobernantes con altura y respeto por lo que demanda y espera Colombia de ellos.
