Los comentarios que he escuchado o leído, acerca de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de nombrar a los muchachos de la primera línea gestores de paz, reflejan de muchas maneras lo duro y antidemocrático que puede ser el país.
Partiendo del hecho de que criminalizaron y apresaron a muchachos que, haciendo uso de su derecho, salieron a manifestar pacíficamente para exigir unas mínimas condiciones de vida que nunca han podido tener, y sus demandas fueron respondidas —es decir, reprimidas— tal como ha sido tradición en Colombia, de manera violenta.
Me pregunto cuáles serán los motivos para que no resulte insoportable (o al menos no los lleve a reflexionar) a quienes se oponen a esta decisión presidencial, el hecho de saber que el uso de la fuerza pública contra estos jóvenes manifestantes, es decir del uso de la violencia de arriba a abajo, entre abril y junio de 2021, fue, en muchísimos casos, no solo excesivo sino, además, ilegal y criminal. Se contaron 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas desaparecidas, según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; así mismo, los datos de lndepaz y la ONG Temblores hablan de otras 81 víctimas oculares por disparo directo de proyectiles o gases lacrimógenos y 4.687 casos de violencia policial.
Estos hechos demuestran la descomposición a la que, durante años, los gobiernos colombianos, haciendo mal uso de la fuerza pública y alegando defender el orden, han sometido al país; además, la falta de educación política, a conveniencia, sobre todo de la derecha reaccionaria. Su desprecio por más derechos para todos y su apatía, como cuna y fundamento del odio, insisten en negar que la protesta pacífica (cuando no es organizada por ellos) es un derecho consagrado en la Constitución.
Esta práctica presidencial no es además ningún invento o estrategia profundamente pensada por el presidente Petro. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el federal pardon que es el poder de clemencia que tiene el presidente, o dicho de otra manera, la facultad que tiene para anular por completo el castigo por un delito federal. Es decir, algo muy similar a la propuesta del presidente colombiano, que algunos señalan de antidemocrática por ocurrir en este país.
Estamos de acuerdo en que actos vandálicos o crímenes —que, además, desfiguran el reclamo mismo y el mensaje de la protesta— deben ser sancionados, pero eso es distinto a lo que resultó en Colombia en donde muchos muchachos que no cometieron delito alguno fueron encarcelados por un gobierno que nunca quiso entender lo que significa el derecho de todos los ciudadanos a tener derechos.
Aquellos que más rechazan la propuesta del gobierno actual y tachan por igual a todos los muchachos apresados de ser delincuentes, sin que haya siquiera condenas en muchos casos, no hicieron el mismo ruido cuando en gobiernos anteriores se aplicó una fórmula muy similar con exguerrilleros y miembros de las autodefensas. Es evidente que para ellos esto no se trata de justicia sino de quién ha estado detrás de cada propuesta, y de ideología.
Además de todo lo planteado, las cárceles en Colombia, y el resto del mundo, son el reflejo de la sociedad; por eso es que, en el país, los presos viven hacinados, llenos de enfermedades, muchos cumpliendo penas desproporcionadas y, tras cumplir con su condena, no salen reformados sino realmente perturbados; su último objetivo, como es de esperar, no es el de aportar a una sociedad que no les dio nada antes ni, menos, después.
El debate sobre los muchachos de la primera línea debería llevarnos a pensar, incluso, en el sinsentido de la cárcel como destino para castigar. Deberíamos pensar en un marco más amplio y valdría entonces la pena preguntarnos: ¿por qué las cárceles están llenas de personas provenientes de condiciones socioeconómicas desfavorables, mientras personas pudientes que han robado al país en todas sus formas, sumas exorbitantes, y que han infligido mucho dolor, tienen otros destinos? ¿Sirve efectivamente la cárcel para reformar a quien ha dañado a otros?
A mi modo de ver, la institución carcelaria sirve, básicamente, como un lugar para almacenar a las personas que son reflejo de problemas sociales importantes, pero no lleva a ninguna solución sino, más bien, todo lo contrario. Deshacerse de las personas y meterlas en la cárcel es una forma de no tener que lidiar con el problema. La cárcel sirve como una institución que consolida la incapacidad y el rechazo del Estado a abordar los problemas sociales que, sin ser nuevos en Colombia, se manifestaron con gran fuerza durante el paro nacional en el que participaron los muchachos en cuestión. Por esto, veo sensata la propuesta del actual gobierno que busca enfocar la gestión del castigo desde una perspectiva diferente a la prisión.
De igual manera, pienso que si estos muchachos salen de la cárcel, se transmite a la sociedad el mensaje de que no estaremos más ante el derecho del más fuerte sino el de la justicia, en beneficio de toda la sociedad. Pero también me pregunto cómo podrían estos muchachos ser gestores de paz y aportar a la reconciliación, si no se les dan antes respuestas, a ellos y los suyos, a las demandas que los llevaron a las calles.
La justicia para ellos y para todos en general no es solo la ausencia del horror sino el derecho a vivir una vida digna.
