La historia oculta de la oficina que compró la Procuraduría en 20.000 millones de pesos

La administración de Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación se ha caracterizado, entre otras cosas, por una alta inversión en infraestructura física para sus sedes a nivel nacional e incluso en remodelaciones de oficinas, algunas con cuestionamientos por su aparente poca pertinencia. La adquisición más reciente, y una de las más onerosas de los últimos años, es la oficina 701 del edificio Centro Ejecutivo II en Barranquilla, mismo edificio que estuvo involucrado en un escándalo de corrupción en la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. 

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Desde principios de octubre de 2023, el Grupo de Inmuebles de la Procuraduría emitió una resolución en la que se identificó la necesidad de adquirir un nuevo inmueble para apoyar las labores del Ministerio Público en la ciudad de Barranquilla por la insuficiencia de las sedes ya existentes en la capital del Atlántico y ciudad natal de la procuradora Cabello.

Hoy en día la Procuraduría tiene tres sedes funcionando en Barranquilla: una oficina en el edificio del Banco Popular, otra en el edificio Centro Cívico y otra en el edificio de la Cámara de Comercio. De acuerdo a los estudios previos realizados sobre estas sedes, en todas hay insuficiencia para nuevos espacios de trabajo y bienestar y además, la oficina del Centro Cívico tendrá que ser devuelta a su propietario.

Por ello, la Procuraduría le encargó a la Universidad Nacional hacer un estudio de mercado el cual arrojó que el séptimo piso del edificio Centro Ejecutivo II era el más indicado para ser la nueva sede única del Ministerio Público en Barranquilla por su ubicación, área y equipamiento.

El millonario negocio se cerró por 20.306 millones de pesos entre la Procuraduría y la firma Inversiones Landazabal Daguer y CÍA -propietaria de la oficina-. Esta empresa es representada legalmente por Ludwing Landazábal Molina.

Landazábal Molina es un exitoso empresario cartagenero quien fue salpicado el escándalo de corrupción en la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes destapado en 2008. El empresario fue señalado de ser uno de los beneficiados con las ventas irregulares que hizo el exfiscal Camilo Bula, quien fue condenado a 18 años de cárcel por vender por debajo de su precio varios bienes confiscados a la mafia. Los malos manejos de Bula le costaron al Estado más de 30.000 millones de pesos. Hoy se encuentra en libertad condicional por su colaboración con la Fiscalía.

Entre los bienes que Bula y otros altos funcionarios de la desparecida DNE vendieron como gangas estan el centro comercial Villa Country (por el que también fue condenado el exdirector de la DNE Carlos Albornoz), la casa Bello Horizonte y el Centro Ejecutivo II, el mismo donde está la oficina que acaba de comprar la Procuraduría  y en donde el clan mafioso Nasser Arana tenía varias oficinas. Los bienes de los Nasser, vinculados con el cartel de la costa, fueron unos de los botines más jugosos que el Estado le confisco a criminal alguno en la historia, siendo una de las joyas el mismísimo Hotel El Prado en Barranquilla.

Según los expedientes y el escrito de acusación del caso en contra de Landazábal Molina conocidos por CAMBIO, supuestamente el empresario, al enterarse en 2008 que la DNE iba a poner en venta varias oficinas del  edificio Centro Ejecutivo II que le fueron confiscada a los Nasser Arana, se reunió presencialmente en varias oportunidades con Camilo Bula y Jorge Iván Velásquez Daza, exrepresentante legal de la inmobiliaria Gavel quien en 2014 fue imputado por la Fiscalía por el mismo caso de la DNE. Velásquez Daza también habría participado en la red corrupta de Bula y Albornoz.

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En esos encuentros se decide contratar a la Sociedad Colombiana de Avaluadores de la Costa Atlántica para fijar el precio de las oficinas. Aparentemente, según el escrito de acusación, Bula, Landazábal, Velásquez y Francesco Cavalli, perito avaluador, tenían conocimiento de varios errores de medición del área de las oficinas del piso quinto del Centro Ejecutivo II en los certificados de tradición. En las reuniones también habría participado el abogado Fernando Navarro, también condenado por el escándalo.

Pero lejos de corregir los errores, que impactaban considerablemente en el precio del inmueble, Bula y Albornoz miraron hacia otro lado, supuestamente gracias al pago de una coima de 300 millones de pesos por parte de Ludwing Landazábal.

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“En vez de subsanar esta situación la mantienen para favorecer a LUDWING LANDAZABAL quien les dijo que les pagaba trescientos millones de pesos ($300.000.000), sino (sic) corregían esto ante la Oficina de Instrumentos Públicos, a lo cual accedieron cancelándole en efectivo esta suma de dinero”, dice parte del escrito de acusación en contra de Landazábal.

Producto de la maniobra, se dejaron de avaluar 776 metros cuadrados, lo que redujo en cerca de 7.000 millones de pesos el precio de venta de las oficinas en el Centro Ejecutivo II, que al final fueron compradas por Landazábal en 7.490 millones de pesos.

Los graves señalamientos en contra de Ludwing Landazábal causaron que en febrero de 2014 la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por los delitos de cohecho en concurso con peculado por apropiación. Eso sí, aunque inicialmente Landazábal también fue imputado por concierto para delinquir, el fiscal Ricardo Santiago González le varió la calificación jurídica en la audiencia de acusación y suprimió este delito, el que representaba mayor gravedad. González también estuvo salpicado por supuestamente favorecer desde su labor en la Fiscalía a varios implicados en el escándalo de la DNE.

Finalmente, en 2017 el caso del empresario Landazábal pasó de Bogotá a Barranquilla por decisión de la Corte Suprema de Justicia y no hubo más noticias de avances en el juicio. 

Consultado por CAMBIO, el empresario Landazábal explicó que ni el proceso civil ni el proceso penal prosperaron en su contra “porque nunca pudieron comprobar nada en contra mía”. Además, Landazábal aclaró que en el caso de la supuesta compra por debajo del valor de las oficinas del piso quinto en el edificio Ejecutivo II no se probó nada en su contra en la parte civil y tampoco en la parte penal porque simplemente el delito por el que fue imputado prescribió. 

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“El proceso penal duró como 10 años y nunca hubo una prueba en contra nuestra y salimos adelante con eso”, dijo Landazábal.

En efecto, el señor Landazabal Molina no tiene ningún tipo de antecedente judicial en su contra ni cuentas pendientes según las bases de datos oficiales.

La preescripción de los delitos no solo le permitió al empresario cartagenero salir avante de los procesos por el caso DNE, también a otros particulares involucrados como William Scaff, Rafael Hoyos y Jorge Donado.

Finalmente, Landazábal aclaró que las oficinas del piso 7 del Centro Ejecutivo II, las que compró la Procuraduría en 20.000 millones, no fueron compradas a la DNE como sí pasó con las del piso 5, sino que fueron adquiridas al Cerrejón. CAMBIO consultó el certificado de tradición y libertad del inmueble y constató que en efecto las oficinas fueron adquiridas por la empresa de Landazábal a la compañía carbonera.