Tierras de la finca El Ubérrimo de la familia del expresidente Álvaro Uribe fueron entregadas a campesinos de Córdoba

El Gobierno nacional anunció que entregó un terreno de 8,3 hectáreas, conocido como El Laguito 2, en la finca El Ubérrimo a la organización Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán.

El terreno fue devuelto por la familia del expresidente Álvaro Uribe a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ya que se determinó que era un terreno baldío del Estado.

Según el comunicado emitido por la ANT, debido a su condición de baldío de la nación, El Ubérrimo S.A.S se convertirá en un espacio en donde los campesinos podrán desarrollar proyectos productivos y avanzar en su proceso organizativo.

Así mismo, se espera que el predio sea la oportunidad para avanzar en la construcción de la paz total y la reforma agraria del Gobierno de Gustavo Petro. 

"La entrega material de este predio permite el aprovechamiento por parte de familias campesinas de esta región que cultivarán alimentos tradicionales y aprovecharán el agua que tiene la finca para sembrar arroz y manejar nuestra soberanía alimentaria. Quiero que esta entrega se siga replicando con otras comunidades porque así es como podemos construir la paz desde la base social de las comunidades campesinas", afirmó Carmenza Gómez, representante legal de la Asociación Baluarte Nacional Campesino Juana Julia Guzmán. 

Igualmente, la ANT informó que 110.000  hectáreas de tierra han sido recuperadas y entregadas a campesinos como parte de la reforma agraria, que tiene como propósito lograr la repartición de 100.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas de todo el país. 

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El lío jurídico del Ubérrimo

Es importante recordar que las 8,3 hectáreas en cuestión estuvieron envueltas en una disputa legal, ya que inicialmente se registraron como propiedad privada en un juzgado del municipio de San Carlos, Córdoba, sin una razón clara, y más tarde fueron transferidas a la empresa Ubérrimo S.A.S, dirigida por Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, según reveló el periodista Juan Pablo Barrientos en una investigación para el medio digital Vorágine.

Posteriormente, en 2019, se inició una demanda basada en la "prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio", argumentando que habían ocupado y utilizado el terreno de forma ininterrumpida durante siete años, pagando impuestos prediales correspondientes.

Sin embargo, los abogados de Moreno alegaron que había una falsa tradición sobre la propiedad del terreno, y cuando el caso llegó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se determinó que el verdadero propietario era el Estado.