Claves para entender el caso contra Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal

No es fácil entender por qué un proceso que inició hace casi una década en la justicia aún no termina. Sin embargo, conocer las volteretas que ha dado es clave para entender que posiblemente terminará en la prescripción a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien, desde hace unas semanas, fue llamado a juicio como presunto responsable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. 

El proceso, que se volteó contra el expresidente Uribe, se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el congresista Iván Cepeda, acusándolo de ofrecer, supuestamente, incentivos económicos y ventajas legales a excombatientes paramilitares para testificar en su contra. Esto, después de que Cepeda realizara un debate que pasó a la historia sobre el paramilitarismo en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.

En 2018, después de seis años de investigación, la Corte Suprema decidió precluir la investigación contra Cepeda y, en cambio, le abrió una al expresidente por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Desde ese momento, la justicia tenía indicios de que él, a través de su abogado Diego Cadena, propuso beneficios a exparas a cambio de difamar a Cepeda y decir que ni él ni su hermano Santiago Uribe, tenían nexos con el paramilitarismo.

Un año después, específicamente, en octubre de 2019, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Uribe y le dictó casa por cárcel como presunto responsable de los dos delitos mencionados. Desde ese momento, el expresidente quedó vinculado directamente al proceso.

El expresidente prefirió renunciar a su curul en el Senado y con esa decisión hizo que, automáticamente, sus procesos pasaran al resorte de la Fiscalía. A finales de agosto de 2020, el caso estaba en manos del entonces fiscal Francisco Barbosa.

En ese momento el proceso dio un giro de 180 grados cuando, contrario a lo que decía la Corte Suprema de Justicia, buscaron la preclusión del proceso en dos oportunidades.

Esas dos solicitudes de preclusión vinieron del excoordinador de las Fiscalías delegadas ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes, y del fiscal Javier Cárdenas. La última solicitud la hizo el fiscal Cárdenas en mayo del año pasado y, en esa audiencia, el funcionario judicial “rogó” y “suplicó” –en sus palabras– al Tribunal Superior de Bogotá que tumbara la decisión de la juez 41 de conocimiento, Laura Barrera, y accediera a precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe como presunto responsable de los delitos de soborno y de fraude procesal. Esa actuación ante el tribunal era una apelación a la decisión de la juez Barrera.

El Tribunal dio su veredicto final en octubre del año pasado y allí apoyó las decisiones que tomaron las jueces de conocimiento: Carmen Helena Ortiz, que no aceptó la solicitud de preclusión en 2022, y Laura Barrera, que decidió lo mismo en mayo de 2023. 

Después de la decisión del tribunal, la Fiscalía nombró como fiscal del caso Uribe a Andrés Palencia Fajardo, quien renunció en enero de 2024, justo antes de presentar su decisión.

Después, se designó al fiscal Víctor Salcedo, pero apenas una semana después se declaró impedido. Finalmente, en abril de este año, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, decidió acusar al exmandatario. Su decisión llegó semanas después de que se posesionara la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Sin embargo, la demora en la justicia benefició al expresidente. La fecha de prescripción de este proceso se calcula teniendo en cuenta la mitad de la pena máxima establecida para cada uno de los delitos y contándola a partir de la presentación de la indagatoria. Esa diligencia tuvo lugar el 8 de octubre de 2019 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La pena máxima, tanto para soborno en actuación penal como para fraude procesal, es de 12 años. Es decir, se deben contabilizar seis años a partir de la presentación de la indagatoria y esa es la fecha en la que el proceso terminará por prescripción de la acción penal: el 8 de octubre de 2025. En un año, seguramente, no se tendrá decisión contra el expresidente y entonces, el caso permanecerá en la impunidad y él en libertad y sin ningún cargo en sus antecedentes.