Luz Adriana Camargo, fiscal.
Crédito: José Ricardo Báez
El pleito que Luz Adriana Camargo espera ganarle a la Fiscalía
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Hace once años la ahora fiscal general, Luz Adriana Camargo, inició un proceso para que se le pagara el reajuste de una bonificación a la que tienen derecho algunos funcionarios judiciales. Lo ganó en primera instancia en 2017 y aunque la Fiscalía reconoció en su momento que debía hacer el pago, optó por apelar y ahora el caso está para fallo en el Consejo de Estado. ¿Qué puede pasar?
La nueva fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, está a la espera de que el Consejo de Estado resuelva dos viejos reclamos que elevó hace más de diez años para que se le pague el reajuste de dos beneficios que tienen varios funcionarios judiciales: el reajuste de la bonificación por compensación que le aplica por haber sido fiscal auxiliar ante la Corte Suprema y otro que tiene ver con la prima especial de servicios.
Sobre estos dos reclamos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya falló a su favor, pero hace falta que se resuelva la segunda instancia. Ambos casos están ya a despacho para fallo desde hace un año, por lo que se estima que no debería demorarse mucho más su resolución. Se trata de debates que no solo comprometen a Camargo, sino a miles de funcionarios judiciales.
De hecho, CAMBIO reveló el año pasado que solo por reclamos relacionados con la prima especial de servicios o ‘prima del 30 por ciento’ hay más de 3.000 demandas en curso que podrían costar por lo menos 624.000 millones de pesos, por lo que el año pasado se hizo una mesa de trabajo entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Función Pública, un delegado de la Procuraduría y del Ministerio de Hacienda para debatir el asunto.
El lío por la bonificación por compensación
Mucho antes de ser elegida fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo tuvo varios cargos en esa entidad. Por ejemplo, fue fiscal auxiliar ante la Corte Suprema entre noviembre de 1996 y septiembre de 2003 y luego fue fiscal delegada hasta finales de 2004.
Para ese tiempo, algunos funcionarios judiciales como los magistrados de Tribunal, magistrados auxiliares de las Cortes, los fiscales delegados y los fiscales ante Tribunal Superior Militar, tenían derecho a una Bonificación por Compensación (así se llama) que se creó en 1998 buscando reducir la brecha en los ingresos que existía entre esos funcionarios y los magistrados titulares del país.
Esa bonificación ha sido objeto de varias controversias y procesos judiciales por años. Para explicar de la manera más sencilla se puede decir que esa bonificación era del 60 por ciento de todo lo que devengaban los magistrados de Cortes para 1999, del 70 por ciento para el año 2000 y del 80 por ciento desde 2001 en adelante. Luego en 2004 se creó por decreto una Bonificación por Gestión Judicial que tenía la misma lógica, que era incompatible con la anterior, pero que reducía el porcentaje al 70, provocando una discriminación entre funcionarios judiciales.
Ese bono fue demandado y tumbado por el Consejo de Estado en 2011 bajo el argumento de que realmente había dos regímenes que funcionaban al tiempo para los mismos funcionarios, pero creando situaciones desiguales entre ellos. Eso generó múltiples demandas de funcionarios que pedían, por ejemplo, ese 10 por ciento que habían dejado de recibir.
En 2012 el Gobierno remedió los numerosos reclamos de los servidores judiciales y las cosas quedaron así: la bonificación por compensación equivalía al 80 por ciento de todo lo que devenguen por año los magistrados de Cortes, lo que incluye varias primas y cesantías, y esa bonificación se les empezó a pagar a los que venían recibiendo el bono por Gestión Judicial.
En el entre tanto, Camargo había presentado a la Fiscalía una petición. Esa entidad le reconoció que tenía que hacerle el citado pago y en junio de 2012 se le informó que se había avocado el proceso de reconocimiento y liquidación de las diferencias en la bonificación, pero que estaban a la espera de que el Ministerio de Hacienda: "Una vez aprobada la adición presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico, procederemos a darle trámite al pago que por concepto de Diferencias de Bonificación por Compensación le corresponda, conforme al tiempo laboral en esa Seccional".
En marzo de 2013 llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la demanda que presentaron Luz Adriana Camargo y Martha Lucía Salgar Rangel, quien fue colega suya como fiscal auxiliar, pidiendo que se les hiciera el reajuste retroactivo de esa bonificación. El pleito se demoró años y el 31 de octubre de 2017 salió a su favor y se condenó a la Fiscalía que reconociera y pagara a ambas exfuncionarias, de manera retroactiva, “la diferencia existente entre lo percibido por concepto de Bonificación por Compensación y lo que debió percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales de acuerdo a lo consagrado en el Decreto 610 de 1998, es decir, el 80 por ciento de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Alta Cortes”.
La Fiscalía, que inicialmente había reconocido que debía hacer ese pago, apeló la decisión del Tribunal porque, entre otros, dicen que la nulidad de la Bonificación por Gestión Judicial que se creó con el Decreto 4040 de 2004, no genera efectos sobre los casos concretos de Camargo y su colega Martha Lucía Salgar: “Téngase en cuenta que existen hechos consolidados a través del pago de Bonificación de Gestión Judicial, los cuales adquirieron firmeza en plena vigencia del Decreto 4040 de 2004, y que gozan de plena presunción de legalidad”.
La defensa de Camargo y de su colega Martha Salgar ya le pidieron al Consejo de Estado que ratifique la sentencia señalando que la interpretación de la Fiscalía es errónea, que había un desequilibrio entre ambos regímenes que llevó precisamente a que se cayera el decreto de 2004. Ese caso lo tiene como conjuez ponente el jurista Alfonso Palacios Torres, ya que varios magistrados titulares de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos por haber sido beneficiarios de ese bono y el expediente aparece que está a despacho para sentencia desde el 13 de febrero de 2023, sin que a la fecha se haya resuelto.
El exmagistrado del Consejo de Estado Rafael Osteau explicó a CAMBIO que Camargo no está obligada ni a renunciar a las pretensiones de su demanda ni a pronunciarse sobre el caso. También dijo que la existencia de este proceso no le genera un impedimento. “La Fiscalía debe tener su abogado en el proceso”, dijo al explicar que, si se llega a ordenar el pago efectivo de un retroactivo de esa bonificación, pues la Fiscalía estaría cumpliendo una orden judicial.
El lío de la prima especial de servicios
En 1992, por ley, se ordenó crear una prima para los magistrados de tribunales, magistrados auxiliares de las Cortes, delegados de la Procuraduría, jueces y magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar que era del 30 por ciento de su sueldo. Así, por ejemplo, si alguien ganaba un millón, debía recibir 1.3 millones al mes. Pero esto no se aplicó así, sino que en realidad las personas terminaron recibiendo 700.000 de sueldo y 300.000 de prima.
En palabras sencillas, lo que debía ser un ingreso adicional, terminó reduciendo el sueldo de estos funcionarios en un 30 por ciento y de paso la base salarial con la que se calculan las prestaciones sociales.
Tal y como el caso anterior, esa interpretación originó miles de demandas y procesos judiciales hasta que hubo un fallo del Consejo de Estado de 2019 que dijo que en efecto hubo un error en los pagos que se habían hecho desde 1993, definió de una vez por todas que ese 30 por ciento era adicional y dijo que los funcionarios, en consecuencia, podían reclamar el reajuste de las prestaciones sociales.
Hasta 2021 la situación se zanjó y la rama judicial empezó a pagar desde ese año el salario completo y la prima adicional del 30 por ciento de este para esos funcionarios. Pero los procesos judiciales ya presentados por todo este lío siguen tramitándose.
La rama le dijo a CAMBIO el año pasado que por temas relacionados con la prima especial de servicios existen, a 31 de agosto de 2023, 3.701 procesos judiciales con una provisión contable de 624.725 millones de pesos. Solo 3.087 están relacionadas con jueces; y 400, con magistrados, por valor estimado de 589.200 millones de pesos.
Garzón demandó en su rol de magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en 2018 junto a las también exmagistradas Martha Lucía Salgar, Martha Lucía Peña, Gloria Inés Linares Villalba, Sandra Liliana Mahecha y la funcionaria de la rama Sandra Lucía Yepes Arroyave. Y ganó parcialmente en primera instancia el pleito en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El 30 de septiembre de 2021, ese tribunal reconoció algunos de los reclamos (otros habían prescrito) y dijo que a Camargo se le debe pagar “desde el 9 de marzo del 2005 hasta el 12 de enero del 2014, la prima especial del 30 %, como factor salarial para el pago de aportes a pensiones”.
La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial apeló y el caso ahora está en manos del conjuez Carlos José Mansilla Jáuregui. Según el sistema del Consejo de Estado el expediente está para fallo desde el 30 de junio del año pasado.
