El viacrucis de la familia de dos víctimas de ‘Los 12 Apóstoles’ que buscan justicia

Carlos Guillermo y Omar Darío Mesa Torres fueron encontrados sin vida el 12 de julio de 1993. Dos días antes los habían sacado a la fuerza de su casa, ubicada en la vereda Santa Isabel de Yarumal, Antioquia, por un grupo de hombres encapuchados.

Sus cuerpos aparecieron, según los registros del Cinep, con heridas de arma de fuego y tenían en sus brazos múltiples quemaduras de cigarrillo.

Este crimen es uno de los que se le endilga al grupo paramilitar de ‘Los 12 Apóstoles’, que entre julio y octubre de 1993 cometió múltiples asesinatos selectivos, conocidos erróneamente como de ‘limpieza social’ en la zona.

Sus nombres aparecen reseñados en un listado de 25 víctimas atribuidas a ese grupo por la Unidad Seccional de Fiscalías de Yarumal, consignadas en el oficio 984 del 1 de agosto de 1994: y también están en el escrito de acusación que presentó en octubre de 2016 la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y también en un informe que el Cinep le entregó a la Procuraduría en su momento.

No obstante, sus crímenes están en la impunidad: más de 30 años después, la justicia no ha podido identificar a los responsables. Además, el reclamo de reparación que busca la familia fue negado por el Tribunal Administrativo de Antioquia con un argumento que, para ellos, es irracional: que ya pasó mucho tiempo y que habrían podido demandar a la nación desde el mismo momento en que ocurrieron los asesinatos. 

Es más, el Tribunal dijo que desde el mismo momento en que ocurrió el crimen había herramientas para presumir que agentes del Estado estaban involucrados en el hecho, por lo que el plazo de dos años que contempla la ley para demandar se venció en 1995.

Pero para los apoderados de la familia ese argumento no tiene asidero¿Cómo podría la familia en 1993 saber que los ‘paras’ y el Ejército tenían nexos? ¿Cómo podía una familia en esa época demostrarlos y enfrentarse sola contra la institucionalidad? ¿Cómo se puede ignorar que para entonces en Yarumal rondaba la zozobra por cuenta de la presencia de grupos armados y de ‘limpieza social'?

“Si después de 30 años no se ha podido individualizar por parte de la Fiscalía General de la Nación, los posibles autores, cómo puede determinar el despacho que la familia conocía que la Fuerza Pública participó en los hechos”, enfatizó el abogado Roberto de Jesús Uribe, quien adelanta el caso y le está pidiendo al Tribunal que reconsidere su postura y le dé tramite el reclamo de reparación.

El panfleto y las redadas ilegales del F2

Lo que hoy se sabe del contexto histórico en Yarumal y los archivos de denuncias que en su momento se hicieron, apunta a que el crimen de los hermanos Carlos Guillermo y Omar Darío Mesa Torres sí fue perpetrado por el grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ que arrancó en la zona en 1992.

Aparecieron en febrero de ese año como ‘Autodefensas del Norte Lechero’ con un panfleto en el que anunciaban una ‘limpieza social’ y en el que le declaran la “guerra abierta a la guerrilla”. Se trataba de una amenaza a personas que eran señaladas, sin evidencia, de supuestamente tener relación con las guerrillas o de tener antecedentes penales.

La demanda que presentó la familia cuenta con testimonios de agentes de la Fuerza Pública, informes del Cinep, denuncias de la personería de Yarumal y otras declaraciones que fueron recopiladas por el periodista Sergio Mesa, quien publicó un libro llamado ‘El apóstol Santiago: Uribe, contrainsurgencia y limpieza social’, que enfatiza en los señalamientos contra ese grupo paramilitar, por cuya conformación fue llevado a juicio el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La existencia de esa ‘lista negra’ la acreditarían, según el recurso judicial, el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses, quien fue condenado y ahora es testigo clave en el caso contra Santiago Uribe (que está pendiente de fallo); y habría sido manejada tanto por el grupo armado como por la Policía y el Ejército Nacional.

La demanda enfatiza en el testimonio que entregó a la justicia el 30 de agosto de 1004 Hernán de Jesús Betancourt Lopera, quien fue jefe de Relaciones Públicas de la Policía en Yarumal, y quien asegura que le llevó munición a Meneses, entonces teniente, y quien señaló a Alexander Amaya de haberse “perdido” junto con “los Apóstoles” por dos noches.

Betancourt dijo: “Llegó el Alexander, todo embarrado y trasnochado, y decía en el comando a los otros policías y ahí estaba yo. ‘Ahí le pegué a cada uno de a tres tiros de fusil en la cabeza y vamos a ver cómo se manifiesta ese viejo hijueputa, o sea el extorsionado’”, habría dicho el señalado asesino.

Igualmente, la demanda cita un informe de la Personería de Yarumal que registró el aumento de muertes violentas por “limpieza social” entre julio y octubre de 1993 en el que se dice que tras el levantamiento de los cuerpos de los hermanos Mesa Torres se tomaron testimonios, pero que no fue posible identificar a los autores.

Lo que sí reseña el informe del Cinep, que en su momento se envió a Amnistía Internacional, es que, en septiembre de 1993, después del crimen, supuestos integrantes del Ejército Nacional habrían realizado allanamientos ilegales a la residencia de la familia Mesa Torres en búsqueda de armas. Y que un grupo armado llegó a la casa preguntando por el padre de las víctimas, Carlos Mesa, de quien no se tiene noticia.

El periodista Sergio Mesa se reunió en 2021 con la madre de las víctimas, quien recordó haber señalado en su momento que un agente de Policía de Yarumal dijo: “Estas son hermanas de los guerrilleros que matamos ayer”. Esa frase fue uno de los elementos que usó el Tribunal Administrativo de Antioquia en febrero pasado para rechazar la demanda que pide condenar a la Nación por lo sucedido.

“En el hecho séptimo de la demanda, se dice que la señora Olga Cecilia Mesa Torres escuchó una frase proferida por un agente de la Policía de Yarumal, donde este manifestó que: “Estas son hermanas de los guerrilleros que matamos ayer”. Por tanto, se advierte que, desde la ocurrencia de los hechos, la familia de las víctimas (hoy demandantes), tuvo conocimiento de la participación de las entidades demandadas a través del accionar del F2”, dijo el Tribunal.

Es decir, para el Tribunal, la sola frase bastaba para que la familia demandara a la Nación en ese momento, a pesar de qué no había ni certeza, ni pruebas, obviando además el contexto en el que vivían. Por eso, los representantes de la familia insistieron ante el Tribunal.

“Dentro del auto recurrido se deduce que la sola manifestación de una de las demandantes, hace presumir al despacho que esta sola expresión es suficiente para demostrar el conocimiento de que la Fuerza Pública cometió el hecho y que los demandantes lo sabían desde dicha fecha. Nada más alejado de la realidad, pues, como lo compruebo en certificación que se adjunta, después de 30 años la investigación penal aún se encuentra en la fase de “Investigación Previa” y es atribuible a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sin que se haya sido individualizado alguno de los posibles autores”, aseguraron.

Para los representantes de la familia, como este caso es una grave violación de derechos humanos, el Tribunal debería admitir la demanda para estudio y permitir que avance el debate probatorio y así poder establecer “la fecha en que los demandantes tuvieron cierto grado de certeza de la participación de la Fuerza Pública y su connivencia con los paramilitares”.

En marzo, el Tribunal negó la reposición que presentó el abogado de la familia, que ahora estn a la espera de que se resuelva un recurso de apelación.