Las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro que la Corte Constitucional ha tumbado

El pasado 8 de mayo, la Corte Constitucional tumbó la ley con la que se creó el Ministerio de la Igualdad –dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez– por vicio en el procedimiento. Sin embargo, esta no es la única vez que el Gobierno de Gustavo Petro ha visto fracasar sus iniciativas en la Corte. 

Para la Corte, el Ministerio de la Igualdad tiene hasta 2026 para solucionar los errores procesales y de estructuración que se produjeron durante su creación en el Congreso, pues según la entidad se incurrió en vicio de procedimiento al no realizar la evaluación del impacto financiero que tenía la creación de este. 

Aunque el ministerio tiene un presupuesto asignado de 1,8 billones de pesos para el año 2024, solo ha utilizado el 0,24 por ciento de esos fondos porque no ha ejecutado los proyectos de su agenda. Ahora, la Presidencia tiene dos años para corregir los problemas procesales en el Congreso o devolver las funciones del ministerio a otras instituciones del Estado.

La vicepresidenta estuvo el pasado 7 de mayo en control político presentando los argumentos de por qué el ministerio bajo su mandato ha tenido una ejecución tan pobre y dijo que se debía a la dificultad de crear una entidad desde cero.

¿Qué otros proyectos del Gobierno de  Petro ha tumbado la Corte?

La Corte Constitucional es el órgano judicial encargado de garantizar que las leyes y decretos aprobados por el Congreso o el Ejecutivo cumplan con lo establecido en la Constitución. Durante los 20 meses que lleva el Gobierno de Petro, aparte de la reciente decisión relacionada con el Ministerio de la Igualdad, se han tumbado otras de sus propuestas. 

El cambio de nombre de la Fuerza Aérea a la Fuerza Aeroespacial

La Sala Plena de la Corte Constitucional revocó el cambio de nombre de la Fuerza Aérea a Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizado en 2023 a través de una ley ordinaria.

Tras analizar una demanda presentada por Felipe Cano, Laura Toro y Catalina Arce, la Corte determinó que cualquier modificación al nombre debía realizarse mediante una reforma constitucional, y no mediante una ley ordinaria.

Esto se debe a que la Constitución asigna nombres específicos a cada una de las Fuerzas Militares, y cambiarlos a través de una ley ordinaria iría en contra de los principios de supremacía y rigidez constitucional.

Emergencia económica, social y ecológica para La Guajira

En julio de 2023, el presidente Petro emitió una serie de decretos para declarar una emergencia social, ambiental y económica en La Guajira, con el fin de facilitar la atención de las consecuencias del fenómeno de El Niño en esa región. 

Sin embargo, los 14 decretos firmados fueron revocados por la Corte Constitucional. Algunos de estos abordaban temas no relacionados con la crisis de agua en La Guajira, como la asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico y la protección de la cultura wayúu.

La Corte determinó que el Ejecutivo no consideró adecuadamente la emergencia inminente, no agotó todas las opciones disponibles, y no evaluó la gravedad de la situación antes de emitir la declaración de emergencia económica. 

Durante este periodo de emergencia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo firmó el polémico contrato de los 40 carrotanques destinados a distribuir agua en esa región, por un valor de 46.800 millones de pesos y cuyos dineros habrían sido utilizados para sobornar congresistas para apoyar las reformas del Gobierno.

Circular que impedía firmar más de un contrato público

Una de las acciones del presidente Petro, que dijo que tenía como objetivo aumentar la transparencia en la contratación estatal, fue aprobar una normativa que prohibía a las personas naturales firmar más de un contrato de prestación de servicios con entidades públicas.

No obstante, esta disposición fue objeto de una demanda y el Consejo de Estado, el tribunal encargado de los asuntos contenciosos administrativos de la Corte Constitucional, falló a favor de los demandantes. Según el Consejo de Estado, la decisión del presidente Petro contradecía la autonomía de las personas, así como la libertad de contratación y de empresa.