La oficina en Hacienda Santa Bárbara que es considerada un ‘botín de guerra’ de los paras

Para el transeúnte, la oficina 202 del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, ubicado al Norte de Bogotá, parece una más, pero en realidad tiene una historia que refleja una parte de la guerra que este país ha vivido: el de las disputas por bienes entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, ahora extinta.

La historia ilegal de la oficina 202, con matrícula 50N-20060397, empieza en el año 2000 cuando en los papeles aparece a nombre de Sergio Ardila Gómez, un personaje cercano a Gino Conti Martínez, quien era el encargado de ubicar y titular bienes a testaferros de las Farc, y que terminó extraditado por narcotráfico.

Conti le asignó el control de la oficina 202 y de la 405 de un edificio en barrio Chicó de Bogotá a Carlos Arturo García Ortega, un socio de la guerrilla que fue secuestrado por hombres del Bloque Centauros de las Autodefensas que comandó José Miguel Arroyave Ruiz, junto con su esposa.

El secuestro tuvo una sola intención: hacerse a los bienes como ‘botín de guerra’ y lograr que las dos oficinas pasaran a personas afines a Arroyave, en especial de Jhon Lora de la Ossa, quien es señalado por desmovilizados como el encargado directamente por Arroyave de administrar “los bienes recuperados a la guerrilla”.

En 2001 la oficina pasa a manos de Diana Isabel Wadnipar García, compañera sentimental de Lora de la Ossa, tras un trámite en la Notaría 19 de Bogotá. Según su declaración, ella ni entró a esa oficina y fue titular del bien por pocos meses.

La oficina 202 pasó a manos de Laura Yolanda Delgado Castaño y ella se la pasó, el 6 de agosto de 2002 a María Paola Platín Ortega. De esta historia no se supo nada hasta que, ya desmovilizados y en el proceso de Justicia y Paz, la contaron los paramilitares Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, y Jesús Emiro Pereira, alias ‘Huevo de Pisca’.

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La delación de estos paramilitares llevó a que la justicia impusiera medidas cautelares sobre los bienes, lo cual no afectó a los desmovilizados, sino a Moisés Volovitz, representante de la fundación Worldwide Aura Foundation quien en 2004 compró la oficina a María Paola Paltín por 167 millones de pesos, producto de su trabajo en la producción de electrodomésticos.

La oficina fue comprada por Volovitz en 2004 y en 2009 la transfirieron a su fundación privada, que fue constituida en Panamá. Según Volovitz, él no sabía de la historia real de la oficina y por eso pidió en 2021 que se levanten las medidas cautelares impuestas al bien.

El empresario dice que él es un tercero de buena fe exenta de culpa, es decir, que adquirió un bien con origen ilegal sin saberlo. En julio de 2022, el Tribunal Superior de Bogotá le dijo que no a Volovitz diciendo que no se pudo probar que no sabía y que es sospechoso que este supiera que estaba a la venta ya que había ido antes al Centro Comercial y allí le informaron que no había oficinas disponibles.

Para el Tribunal, que una persona se le acercara a ofrecerle la oficina justo cuando el Centro Comercial le dijo que no tenía, debió haberle despertado sospechas. Este tampoco hizo un estudio de títulos sobre el bien, sino que el abogado Álvaro Leyva Muñoz hizo un concepto jurídico que se limitó a revisar la promesa de compraventa.

Y a pesar de que en la promesa de compraventa figuraba un intermediario, Carlos Manuel Afanador Pérez, y que el precio era bastante bajo en comparación con las previas ventas que tuvo, Volovitz igual adquirió la oficina.

Lo hizo por 167 millones de pesos en 2004 y la transfirió a su fundación por 250 millones. Pero en 1995 cuando fue vendida inicialmente valió 115 millones. En 1998 fue vendida por 210 millones y en el 2000 es enajenada por 254 millones.

Para el Tribunal todos estos datos no permiten demostrar que Moisés Volovitz compró de buena fe el predio, sino que, al contrario, el traslado que este hizo de la oficina a su fundación, podría ser otra acción para confundir e impedir la ubicación de los bienes que tienen su origen en el crimen.

Incluso, el Tribunal dijo que Moisés Volovitz debió haber hecho una indagación diligente sobre las oficinas que estaban al lado de la que quería comprar, pues ya se sabía que en el Centro Comercial había otra oficina con problemas legales, relacionada con el narcotraficante Pastor Perafán.

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Volovitz insistió. Dijo que realmente no se le podía exigir a él hacer todos esos trámites que, en la época no eran necesarios, y que, para él, el tema de que una persona se le acercara solo demostraba que había una alta demanda en el centro comercial. Y aseguró que la transferencia de la oficina no tuvo fines ilegales, sino que era para la planeación de la herencia.

En decisión conocida por CAMBIO, la Corte Suprema de Justicia le volvió a decir que no al empresario y mantuvo las medidas cautelares. Primero, y para dejarlo claro, se indicó que la plata con la que Volovitz compró la oficina 202 es completamente legal.

Pero, quedó demostrado también que este no hizo un esfuerzo real para verificar el origen del bien, “que dígase desde ya, adquirió a un precio muy por debajo de lo que sumariamente aparece acreditado le correspondía realmente”.

“El bajo precio del inmueble es una circunstancia altamente relevante y diciente de algo oculto, hecho que debió incitar al comprador a verificar el origen del bien y las razones por las cuales, a pesar de las favorables características, su precio estaba muy por debajo -menos de la mitad- del que se registraba en ventas pasadas antes de la adquisición del señor Voloviiz”, dice la decisión.

Con la pelea perdida, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá deberá seguir con el trámite correspondiente, que podría implicar que la oficina quede para la reparación de las víctimas.