La pelea por el contrato de arriendo del ministerio de Agricultura

La sede del Ministerio de Agricultura, ubicada en la calle 13 con carrera séptima de Bogotá, es un edificio republicano que sobresale como una de las joyas arquitectónicas de la Avenida Jiménez. Construido entre 1919 y 1924, fue sede del Banco de la República y la Federación de Cafeteros. El edificio, sin embargo, no ha recibido en las últimas décadas la atención que se merece; sobre todo, en materia sísmica. De manera que al ministerio le toca trasladar sus operaciones hacia otro lugar, mientras se surten las intervenciones de orden estructural y arquitectónico que la sede requiere.

A Cecilia López le tocó lidiar con el tema apenas llegó al ministerio como la primera jefa de la cartera de Agricultura del Gobierno Petro, el pasado 7 de agosto de 2022; y ordenó buscar una sede provisional. Sus subalternos la hallaron en el edificio Centro de Comercio Internacional, ubicado en la calle 28 con carrera 13, donde había seis pisos disponibles ofrecidos por la empresa Famoc Depanel. Fue el comienzo de una historia que ahora tiene a Cecilia López a punto de responder ante la justicia pues, al parecer, el contrato de arrendamiento se hizo por un valor excesivo. La Contraloría y la Fiscalía ya están investigando qué hay detrás.

Un arriendo demasiado costoso

La historia comenzó el 12 de abril de 2023, cuando Famoc Depanel y el Ministerio de Agricultura suscribieron un contrato de arrendamiento por seis meses, por un valor de 3.903 millones de pesos –es decir, a razón de 650 millones de pesos mensuales– por un área de 5.914 metros cuadrados distribuidos en seis pisos, un local comercial y 100 parqueaderos. Así, el metro cuadrado fue arrendado a un costo de 110.000 pesos. El contrato sería prorrogable dependiendo del tiempo que demorara la remodelación del edificio del Ministerio. 

El arrendador se comprometió a tener listos los seis pisos en 60 días, a partir del 17 de abril, lo cual significaba que a finales de junio los funcionarios ya estarían trabajando en las oficinas provisionales ubicadas en el edificio que se muestra en la foto anterior. Diez días después de pactado el plazo, Cecilia López salió de la cartera de Agricultura, y le dejó el trámite del trasteo a su sucesora, la actual ministra Jhénifer Mojica.  

Todo parecía conducirse con normalidad hasta el 16 de junio de 2023, cuando llegó al ministerio un correo electrónico dirigido a Mojica y a su secretario general, Byron Valdivieso, escrito por un ciudadano anónimo que reportó varias irregularidades en esa contratación. En especial, dijo que el ministerio habría podido elegir una mejor opción. El mensaje le dio un giro al proceso.

Los funcionarios del ministerio encontraron que, si se comparaba con la propuesta que mencionaba el anónimo, el contrato firmado tenía un sobrecosto del 40 por ciento, motivo por el cual lo declararon nulo, por estar muy por encima de los precios del mercado, según la cotización recibida por la sociedad 2.600 Metro Bienes Raíces, y por desconocer así “el principio de función pública de la moralidad administrativa constitucionalmente establecido”.

También se dieron cuenta de que la administración de Cecilia López había respaldado la elección de Famoc Depanel en un estudio de mercado que no se publicó en la plataforma  Secop II, donde reposan todos los trámites de la contratación pública; tampoco había un expediente físico del proceso, sino unos archivos digitales denominados “cotizaciones presentadas”. 

CAMBIO buscó en el Secop y encontró el estudio de mercado. El documento concluye: "De conformidad con el estudio de mercado realizado, la propuesta más favorable para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la presentada por la empresa Famoc Depanel S.A.S".

Según la resolución que declaró nulo el contrato con Famoc, en el expediente contractual publicado en la plataforma SECOP II tampoco aparecía la cotización presentada por la sociedad 2.600 Metros Bienes Raíces, remitida el 12 de diciembre de 2022 a un correo electrónico del ministerio, por medio de la cual se ofertaba unos inmuebles con un área superior a 6.000 metros cuadrados, uno de los cuales era el edificio La Cordillera, en la carrera 8 con calle 16, a poco menos de 300 metros del ministerio. Era la propuesta de la que hablaba el anónimo en el correo, en la cual se basó el ministerio para afirmar que había un sobrecosto de 40 por ciento en el valor del arriendo.

“Si bien los valores en la denuncia no corresponden a los contractuales anteriormente enunciados, sí se logra determinar que existe una diferencia ostensible entre el valor por metro cuadrado contratado respecto de la cotización omitida en el proceso que configura daño al patrimonio del Estado”, concluyó el secretario general del ministerio, Byron Valdivieso, en la resolución que caducó el contrato.

Lo que sigue en la historia es solo drama. Los funcionarios del ministerio trabajan en un edificio que, por su antigüedad, puede ser un peligro durante sismos, incendios y otros contratiempos, pero todavía no avizoran una solución sobre a dónde trastearse mientras intervienen la sede. 

Famoc Depanel, por su parte, ya presentó un recurso de reposición al Ministerio de Agricultura con el que busca que el secretario general se eche para atrás y cumpla con el contrato. CAMBIO buscó a la empresa pero no quiso dar declaraciones.

¿Qué hay detrás del contrato de arrendamiento?

Fuentes consultadas por CAMBIO de uno y otro lado de la historia, dan una idea de la pelea que se viene.  
De un lado, dicen que había un interés muy particular en adjudicar el contrato a Famoc Depanel, que sólo en 2023 ha suscrito 25 contratos de arriendo con distintas entidades del estado, como la Rama Judicial, la Unidad para la Atención de la Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. Desde la otra orilla, advierten que el interés que existe por caducar el contrato a Famoc Depanel es para entregárselo a los dueños del edificio La Cordillera, que tendrían conexión con un congresista del Pacto Histórico.

Las autoridades serán las encargadas de determinar, por un lado, si hay detrimento patrimonial, y por el otro, si se cometieron delitos asociados con la corrupción.

CAMBIO, mientras tanto, prepara una segunda entrega sobre el tema, que está como para alquilar balcón.