Gerardo Vega fue director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hasta el 2 de febrero.
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Por sobrecostos en la compra de tierras, la Procuraduría investigará a Gerardo Vega
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La Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por sobrecostos. Como lo reveló CAMBIO, Vega habría aprobado la compra de un predio 70 por ciento más caro que su valor real.
Por: Redacción Cambio
Por sobrecostos en la compra de tierras, la Procuraduría ordenó una investigación disciplinaria contra Gerardo Vega Medina, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Tal como lo reveló CAMBIO, el exdirector de la ANT habría aprobado la compra de La Grosería, un predio en el municipio de Chimichagua, Cesar, por el que se habría ofrecido un precio superior a su valor real, y que posteriormente sería adjudicado a campesinos de la región.
Por ese predio se estaban ofreciendo más de 8.000 millones de pesos, pero más de la mitad de sus terrenos no son productivos.
De hecho, un 32 por ciento de tierra no sería aprovechable para la producción agropecuaria, una de las formas de trabajo de las familias campesinas.
Pese a que ya se había alertado de las condiciones del predio, Vega aprobó la compra de La Grosería, una finca de 424 hectáreas en la que hay una casa de más de 30 años y en mal estado de conservación. Esto, según describe un informe de la ANT que conoció CAMBIO.
Así las cosas, el Ministerio Público investigará si el funcionario "aprobó la adquisición del predio por un precio que equivale a un 70 por ciento más de su valor, y se revisará el análisis de mercado que se llevó a cabo para el ofrecimiento económico que se hizo como resultado de este para la presentación de la oferta".
Además, la Procuraduría revisará si para determinar el valor por pagar en la Agencia habrían hecho comparaciones con cuatro predios de similares características, que estaban ubicados en páginas web y que están entre los 1.000 y los 4.800 millones de pesos, pese a que se ofrecieron 8.500 millones de pesos al vendedor y la cifra final está en los 5.000 millones de pesos.
En ese sentido, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas para determinar si tuvieron lugar conductas presuntamente irregulares, si se constituyen faltas disciplinarias y si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
