El presidente Petro saltó el fin de semana del Acuerdo Nacional, que nunca se ha concretado, a la Asamblea Nacional Constituyente. El discurso de Cali es más el lanzamiento de la campaña de 2026 que una propuesta estructurada de convocatoria de una constituyente, que con el tiempo transcurrido de gobierno, es una idea inviable. El proceso establecido con buen juicio por el constituyente del 91, que involucra a las tres ramas del poder público, es complejo y dispendioso. Es evidente que los tiempos no alcanzan. De hecho, cualquier gobierno que pretenda acudir a este mecanismo debe comenzar a planear su convocatoria desde el día cero de su elección, si quiere tener probabilidades de éxito. Por ello, la idea cuando ya casi se cumple la mitad del periodo presidencial de Petro, suena más a una promesa futura, una propuesta electoral, que al compromiso formal de un gobierno por materializarla en lo que resta de su mandato.
La idea de las constituyentes ha rondado una y otra vez a distintos gobiernos desde Pastrana y Uribe, hasta el de Santos en las negociaciones de paz con las Farc. Está contemplada y reglada en la Constitución del 91,por lo que no se puede estigmatizar y descalificar, más allá del natural debate que suscita. El gobierno tiene todo el derecho a presentar un proyecto de ley de convocatoria y el Congreso la competencia constitucional para estudiar y decidir sobre la iniciativa del ejecutivo. Igualmente, la Corte Constitucional cuenta con la facultad de hacer el control constitucional de la ley que eventualmente apruebe el poder legislativo. Esa iniciativa entonces no debe atemorizar a nadie porque se encuentra dentro del marco constitucional vigente y con participación de los tres poderes. Tampoco provocar teorías conspirativas y catastróficas sobre la estabilidad institucional y democrática del país. Con la certeza de que no es una idea para concretar en el actual gobierno, sino una propuesta de campaña para 2026,vale la pena reflexionar con serenidad si se justifica embarcarnos de nuevo en un proceso constituyente que impulse reformas pendientes, sin violentar el espíritu moderno, plural, diverso y democrático de la Constitución del 91.
La verdad es que en Colombia llevamos décadas hablando de reformas institucionales pendientes, que ha sido imposible aprobar, no solo en este gobierno sino en los anteriores. Hay temas vedados o bloqueados. Los urgentes cambios al sistema político y la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial, sintonizado con la sostenibilidad ambiental, por solo citar dos de los más importantes ejemplos, podrían ser objeto del temario de una constituyente reglada y limitada. Es claro que los constituyentes del 91 no alcanzaron a ocuparse de muchos temas por falta de tiempo o dificultad para alcanzar consensos. El centralismo, por ejemplo, acaba con las posibilidades de desarrollo armónico nacional. Necesitamos avanzar hacia un nuevo modelo territorial, un estado autonómico o federal, en el que se fortalezcan las regiones que son el espacio en el que los ciudadanos viven y esperan resolver sus problemas básicos. Que recuperen recursos, competencias, y facultades hoy concentradas en un estado central gigante, burocratizado e ineficaz que no resuelve los problemas de la gente. En el caso del sistema político hay consenso de su crisis desde hace años y fracasan todos los intentos por reformarlo. Incluso sería importante debatir de nuevo la conveniencia de implementar un régimen parlamentario o semi parlamentario como lo presentamos con la orientación del expresidente López en el 2006 en la bancada liberal de Senado y planteamos al gobierno de entonces un acuerdo político con ese propósito.
En fin, la constituyente no es buena o mala per-sé. Depende de cómo se llegue a ella y lo que se quiera hacer. Muchos de los temas mencionados en la entrevista del presidente Petro a El Tiempo no requieren reforma constitucional, con excepción del ordenamiento territorial. La constituyente puede ser una buena idea si se convoca como resultado de un gran acuerdo nacional, en el que participen todos los sectores sociales, como hace 33 años. Pero si se plantea como un medio para dirimir pleitos políticos menores, del que salgan vencedores y vencidos, como sucedió en Chile recientemente, el proceso resultará inconveniente. Primero intentemos un gran acuerdo nacional, que posteriormente pueda ser refrendado por una constituyente que una a los colombianos alrededor de las reformas que se necesitan. La otra opción es una pelea de egos, de “machitos”, para medir quién es más fuerte e impone sus puntos de vista. Un camino que no interesa a los ciudadanos y no conviene al país.
