La deforestación reciente en Colombia ha estado marcada por una serie de alianzas de distintos sectores, políticos, económicos, armados y sociales, que ven en los bosques un enorme pastel, barato y disponible para el más fuerte. Las tierras públicas, tan débilmente protegidas o “manejadas” por el Estado, son una oportunidad enorme para el acaparamiento, el lavado de activos, la ampliación de la frontera agropecuaria, las economías ilícitas, la movilización de población vulnerable, la politiquería, la instalación de ejércitos irregulares, entre otros fenómenos. Es decir, deforestar, colonizar e invertir allí, es un enorme negocio.
Cuando pienso en la Amazonia y me pregunto cuál fue el preludio de este gran teatro, me acuerdo lo que sucedió años atrás, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Por arte de magia, los técnicos del DNP nos enseñaban que ahora la Orinoquia llegaba hasta el Vaupés, y misteriosamente la Amazonia se reducía a los tres departamentos del suroeste. Las expectativas de las llamadas “locomotoras del desarrollo”, como la minería e hidrocarburos, así como la ampliación de la frontera agropecuaria, y con ella la infraestructura vial, habían llegado a su clímax. En un complejo rompecabezas, desde las Sabanas de la Fuga, hasta el occidente de La Macarena, y de allí bajando al Yari, todo ese complejo de sabanas y terrazas del río Guayabero estaban siendo evaluadas para la constitución de las llamadas Zidres (Zonas). La carreta Marginal de la Selva, planteada bajo el paraguas de “Vías para la Paz”, le daba trazos claros al proyecto de integración a la frontera agropecuaria de todo este gran territorio.
La expectativa por estas tierras, luego del Acuerdo de Paz con las Farc, no se ha disminuido. Centenares de kilómetros de trochas han avanzado, en las zonas de mayor deforestación, dando paso a la entrada de más de 1,2 millones de vacunos, distribuidos en lotes que en su mayoría se ubican en la Reserva Forestal de la Amazonia, así como en algunos resguardos indígenas y parques nacionales. Medio millón de hectáreas alrededor de Chiribiquete se han deforestado en los últimos cinco años, y allí, se han ubicado estos vacunos, permitiendo la consolidación en la ocupación de estas tierras. No es tan simple señalar un solo actor detrás de esta monumental muestra de colonización y control territorial. ¿Dónde empieza la influencia de los grupos armados (sí, digo grupos, en plural, porque a pesar de la presencia visible del EMC, hay otros grupos presentes, y jugando en la escena) y dónde la de grupos de inversionistas, lavadores, políticos, funcionarios, o de miembros de la fuerza pública?
Un cambio de esta tendencia no es fácil, pero es absolutamente necesario. Gran parte de la población, especialmente campesina, se ha alojado en las periferias, buscando las oportunidades de acceder a las tierras que son esquivas en el interior del país. Pero también, grandes grupos de nuevas familias han migrado recientemente, como producto de las decisiones de los nuevos grupos armados, para tomar control sobre nuevos y antiguos enclaves de colonización. Lo han hecho, rápida y eficientemente. Con carreteras, creación de veredas, entrada de ganado, coca, puentes, y distribuyendo tierras. Al lado de ellos, también hay grandes lotes, con enormes casas y corrales, cientos de vacas y trabajadores que no conocen al dueño.
La visibilidad política de temas como las tierras públicas, la deforestación, el acaparamiento, la inversión pública en contravía del ordenamiento, la trazabilidad, entre otros temas, han permitido hacer un gran debate nacional que ha logrado poner la lupa en el territorio. Por ello, claramente, desde “el nivel nacional” hay una narrativa diferente frente a la aproximación en la proyección ambiental de los bosques y las tierras públicas, que han dado un respiro y una nueva posibilidad de establecer políticas de largo plazo para su protección y desarrollo sostenible. Pero esto no sucede aún en el reino de las regiones, empezando por sus señores feudales.
En estos días, cuando las elecciones de alcaldes y gobernadores empiezan a entrar en su recta final, me encontraba con sorpresas de candidatos que parecen eternos, consolidando su poder regional, sus alianzas, su visión de desarrollo y su apuesta con el ambiente. Llama la atención su desdén por estas preocupaciones ambientales; su risa socarrona cuando se les increpa por sus políticas de desarrollo convencional; su aire de sobradez y confianza cuando reciben a los entes de control y más aún, la frescura con que se mueven en territorios donde la gente del común está empadronada.
Algunos de ellos, compradores de tierras y ganado; defensores de la “civilización” de las selvas; de las “oportunidades” del extractivismo; ambivalentes con las comunidades cocaleras, y, ante todo, con una amplitud enorme a la hora de hacer inversiones con capital público en zonas donde generalmente el acaparamiento es la constante territorial.
Para completar el cuadro, se viene la intervención del Estado, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, de la Política de paz, de la política contra la deforestación, de la política de Reforma Agraria. ¿Cómo conciliar las intervenciones, de manera que se privilegia la atención de los más vulnerables? ¿Cómo evitar que, a través de la instrumentalización de los vulnerables, se termine consolidando el gran negocio de los acaparadores, lavadores, grupos armados, funcionarios y demás fauna interesada?
Claramente, en un escenario de futuro, en donde las economías ilegales no podrán seguir siendo la fuente de permanencia de comunidades en áreas inaccesibles y sin servicios, al igual que bajo la premisa de que los grupos armados no continuarán manteniendo la presión sobre áreas de su control territorial que no tienen viabilidad económica o ambiental, habrá de tenerse la capacidad de planeación y ejecución para orientar procesos de colonización en zonas con seguridad jurídica sobre la tierra, la inversión pública en servicios, y la viabilidad económica en cadenas de valor sostenibles y articulación a mercados.
Este es un enorme reto que plantea cambiar el sentido de la colonización histórica, y, en vez de alejarse de las ciudades, los mercados y los servicios, habrá que acercarlos. Es decir, no serán las economías ilegales y la violencia armada los que deberán seguir liderando la colonización, sino el Estado, en función de dotar de derechos de tierra, servicios y acompañamiento comercial a estas comunidades históricamente vulneradas. Esto requiere diferenciar claramente cuáles y cómo han sido los procesos derivados de estas dinámicas de ilegalidad y violencia, y cómo revertirlos, así como consolidar aquellos que de manera legítima y autónoma han desarrollado sus formas de vida en los territorios. Los movimientos agraristas podrían revisar sus conceptos de ordenamiento, zonificación y planeación del uso del suelo, a la par que se reivindican los derechos del campesinado.
No todo lo que está en el campo es sujeto especial de derechos ni todos los gatos son pardos.
