Nuevos “buenos muchachos”, como diría el expresidente Álvaro Uribe Vélez, terminaron sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. La administración de ese país cerró sus puertas a tres antiguos mandos militares colombianos por su participación en “graves violaciones de derechos humanos” en el contexto de los falsos positivos.
Los tres exfuncionarios del Ejército en mención son: los coroneles en retiro Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, exmiembros del Batallón La Popa, y el general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, de la XIII Brigada del Ejército. Todos buenos muchachos que solo estaban recogiendo café.
El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que estas medidas tienen como finalidad que se brinde un conducto de rendición de cuentas. Por eso ninguno de los tres estará habilitado para ingresar a territorio estadounidense, así como cinco de sus familiares, y sus bienes en Estados Unidos podrían ser congelados. Un claro refuerzo del apoyo de ese país al acuerdo de paz que se firmó en 2016 y en especial a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Pues concentrémonos en uno de esos buenos muchachos. El coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez es muy cercano a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Además de eso, fue precandidato en las más recientes elecciones presidenciales por la derecha política.
El coronel en retiro es el fundador del movimiento Primero Patria, que se autocalificó como “un grupo de ciudadanos patriotas que trabajan por salvar a Colombia de la politiquería”. El 25 de junio del 2021, Mejía anunció: “Luego de largas cavilaciones y hablar con mi conciencia, he tomado la decisión de lanzarme como precandidato a la Presidencia de la República”.
Todo demuestra que ha tenido que seguir hurgando en su conciencia, pero sobre el prontuario que tiene como delincuente, de los muertos que tiene encima, sobre los cuales ya existen sentencias judiciales en firme y, como dijo el secretario Blinken, de las violaciones a los derechos humanos y de ser precursor de los falsos positivos.
Vamos a eso. Mejía fue comandante del Batallón de Artillería del Ejército Número 2 La Popa, de 2002 a 2003. Fue encontrado culpable de haber actuado de manera conjunta con los paramilitares del frente Mártires del Cacique Upar. Para eso hacían patrullajes de manera conjunta, coordinación de operaciones y presentación de falsos positivos operacionales. Como si eso no fuera suficiente, el coronel Publio Hernán Mejía entregó armas y material de intendencia al bloque liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Esos hechos han sido evidenciados con pruebas en esta columna en el pasado.
Existen dos declaraciones cruciales en diligencia judicial de versión voluntaria. Ambas son de exmilitares compareciendo ante la JEP, en el mes de noviembre de 2018, que corroboran la alianza de Mejía con paramilitares para matar indígenas y campesinos inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.
Uno de estos testigos relata cómo el coronel Mejía incluso mató a otro militar por orden de los paramilitares. “Un domingo temprano, cuando apenas mi coronel Mejía llevaba diez días de haber llegado, me llamó al comando y me dijo que consiguiera un arma y me fuera con él en el carro del batallón. Los dos íbamos de civil (…) Llegamos a una finca en donde había unos 200 paramilitares. En la casa principal, sentados en una mesa, estaba toda la cúpula del Bloque Norte: el señor Jorge 40, el señor Hernán Giraldo, Tolemaida, Omega y 39, que era David Hernández, un militar retirado que había sido amigo de mi coronel. Se saludaron con mucha alegría porque ellos eran amigos de escuela y los vi recochar mucho cuando se vieron”.
Según el testigo, que es mejor mantener anónimo para proteger su vida ya que los colaboradores han sido víctimas de amenazas de muerte o intentos de asesinato, ese día se pactó que Jorge 40 le pagaría al coronel Mejía un sueldo mensual de 30 millones de pesos, para que los militares colaboraran con sus hombres. Pero algo más. Pese a que fue la amistad con David Hernández, alias 39, lo que generó la relación de Mejía con los paramilitares, Mejía decidió quedarse con la relación y deshacerse de 39. El coronel recibió la orden de Jorge 40 de matar a 39, puesto que ya había perdido la confianza en él. Y así se dio. Este le puso una cita y lo que hizo fue tenderle una emboscada, para así cumplir con su misión.
Existe otro relato crucial para entender la máquina de muerte que montó Mejía en Valledupar en alianza con los paramilitares. Es el del también militar y teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo, quien, el 30 de noviembre de 2018, rindió una versión libre y reservada ante la JEP en la que, durante casi seis horas, relató las barbaridades sanguinarias que se cometieron en el batallón del Ejército La Popa, bajo la comandancia del coronel Mejía Gutiérrez.
Según el relato, “el batallón era una máquina de guerra y como tal tenían que verse los resultados operacionales. El Batallón La Popa venía siendo muy cuestionado, cuestionado a nivel, al interior del Ejército, por su falta de resultados operacionales. Porque es que enemigo había, había enemigo (…) y pues las instrucciones fueron claras, el batallón La Popa es una máquina de guerra y en el departamento del Cesar hay que ganar la guerra. La guerra se gana con resultados operacionales”.
Es por eso que al poco tiempo de estar al mando del batallón La Popa, tal y como lo plantea el Informe No. 5 de la Fiscalía ante la JEP, el coronel Mejía conformó un grupo especial con 14 militares de esa dependencia, con el argumento de tener una unidad de reacción rápida.
El grupo era conocido dentro de las instalaciones con el nombre de Zarpazo. Según relatan los testigos, a las cuatro o cinco horas de que ese grupo salía, volvía con la novedad de haber dado dos o tres guerrilleros de baja. Pasaba con frecuencia. A todo el mundo le parecía raro que mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y estaban cerca de la guerrilla, no daban bajas, los del grupo Zarpazo siempre que salían, regresaban con resultados exitosos.
Existen varios reportes que demuestran que las víctimas de ese grupo Zarpazo no eran guerrilleros, sino que eran cuidadosamente escogidas y seleccionadas gracias a rasgos como ser indígena, o señalado desmovilizado, o cosas tan simples como estar indocumentado, tener antecedentes, ser menor de edad o de bajos recursos como recicladores y habitante de la calle.
El criterio de selección para las muertes también incluía personas en situación de discapacidad o pertenecer a la comunidad LGTB, como lo dijo un militar el 7 de diciembre de 2007 en Valledupar cuando confesó que ejecutaron a un joven que se les acercó a hablar simplemente porque se veía “como gay”. El objetivo era presentarlo después como un guerrillero muerto en combate.
Todo esto ocurrió bajo la comandancia del coronel Mejía Gutiérrez. Por eso es importante recordar las múltiples declaraciones del coronel Mejía frente a los indígenas. El alto oficial constantemente estigmatizaba a esas poblaciones de ser “terroristas o amigos de los terroristas”. Y lo sigue haciendo.
Según las versiones de los mismos militares que hacían parte de ese batallón, indígenas habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron recurrentes víctimas de los falsos positivos, ya que “eran personas que eran retenidas en retenes y no tenían papeles”.
Por eso cuando el coronel Mejía, desde su condena en una instalación militar en Bogotá, publicó un libro titulado Me niego a arrodillarme, no sorprendió que fuera acogido por un sector de la política colombiana como un texto del honor del Ejército y no de un militar que abusó de su poder y terminó realizando asesinatos extrajudiciales.
El libro, que tiene prólogo de Plinio Apuleyo Mendoza, fue presentado en la Feria Internacional del Libro de 2016, en un evento en el que estuvieron, obviamente Cabal y Lafaurie, pero también figuras como el excomandante de las Fuerzas Militares, general Camilo Zúñiga, y la entonces senadora del Centro Democrático, Paola Holguín.
En ese evento la congresista Cabal confesó que “desde hacía nueve años visitaba al coronel Hernán Mejía y a muchos otros soldados injustamente encadenados por haber enfrentado el terror”. ¿Injustamente encadenados?
Por su parte la senadora Holguín sostuvo que el coronel Mejía era un héroe y que “en su libro rendía un homenaje a los soldados en batalla”. Pero no para ahí.
El propio expresidente Álvaro Uribe Vélez le envió un mensaje al oficial en el que decía: “Estimado coronel Mejía, lo felicito por su entereza. Solamente alguien de su fortaleza moral y en medio de tanta persecución presenta este libro. Hemos sufrido una larga noche de injusticias que tendremos que superar”.
Mientras los líderes de la derecha colombiana sigan viendo el capítulo de los falsos positivos como injusticias o hechos menores del ejercicio de la batalla, persecución o, peor aún, tratando como héroes a militares investigados o condenados por asesinatos extrajudiciales por el honor militar, no se podrá cambiar la visión política que constantemente lleva a esas deformaciones en las directrices militares. Un crimen es un crimen y no hay honor militar que lo limpie.
Por eso, aunque el coronel Mejía se niega a arrodillarse, el gobierno de Estados Unidos, y la JEP, se niegan a ignorar la evidencia y las pruebas en su contra y, más importante aún, a ver esos hechos como actos de guerra o ataques al honor militar, sino como lo que exactamente son: preocupantes delitos, atroces crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.
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