Uno de los megaproyectos de infraestructura vial más esperados en el área metropolitana de Bucaramanga tiene detrás los tentáculos de personas involucradas en el famoso carrusel de la contratación en Bogotá. Y cómo no, el que nunca puede faltar en todo buen escándalo de corrupción estatal, el señor Emilio Tapia, la persona detrás del desfalco de los 70.000 millones de pesos de Centros Poblados.
Vamos por partes.
El pasado 8 de mayo fue un día de celebración para el polémico gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y el Consorcio Progreso Metropolitano. El 29 de mayo, el diario Vanguardia de Bucaramanga anunció, con entusiasmo, lo que pasó ese día entre esas dos partes con la firma de un contrato por la astronómica suma de 334.833 millones de pesos.
Esto con el objetivo de empezar la construcción del Anillo Vial Externo Metropolitano, una importante conexión entre Girón y Piedecuesta, que promete impulsar el progreso y la movilidad en la región y dar una alternativa para descongestionar la autopista. Si es que se construye, porque detrás de esta aparente buena noticia, se ocultan sombras oscuras y nombres que producen mucha sospecha.
Recordemos que el gobernador de ese departamento hace parte del oscuro clan Aguilar. Una familia famosa por robarse a Santander, evadir la justicia y por sus suntuosos diseños de sonrisa. Los Aguilar han tenido una hegemonía política que ha durado más de 20 años, fruto de unas fuertes alianzas con manzanillos y empresarios de la zona, lo que les ha permitido, electoralmente, mantenerse pese a sus profundos escándalos.
Los expedientes de esa familia empiezan por el padre y jefe del clan, el excoronel Hugo Aguilar Naranjo, quien a finales de 2019 fue recapturado por segunda vez gracias a la Corte Suprema de Justicia, por cuenta de sus alianzas con paramilitares y probados hechos de corrupción. El problema es que la batalla entre la justicia y el clan Aguilar es, a la usanza santandereana, como pelea de toche con guayaba madura.
De ahí vamos al caso de uno de los retoños de Hugo, el exsenador Richard Aguilar Villa. El hijo pródigo fue capturado en julio de 2021 por agentes del CTI, ya que funcionarios que trabajaron en su administración se transformaron en los principales testigos de las autoridades en su contra y lo señalaron de recibir millonarias coimas de contratos de infraestructura y obras públicas, entre ellas la remodelación del estadio Alfonso López, la casa del Atlético Bucaramanga, cuya mascota es un leopardo. Hijo de leopardo sale indiciado.
Según la investigación de la Fiscalía, Aguilar Villa y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos también en la rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, otro sobre las obras en el corredor vial entre San Gil y Charalá, y uno más, de ñapa, para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga a Floridablanca. Richard recientemente recuperó la libertad a causa de la especialidad más exitosa en el derecho penal colombiano, el vencimiento de términos.
Y ahora es la oportunidad de su hermano mayor, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, con un proyecto similar, pero más grande. Un proceso de contratación que había comenzado con la participación de cinco consorcios, pero como si se tratara de una selección natural, solo dos lograron avanzar hacia la etapa final.
El 29 de diciembre de 2022, dos días antes de finalizar el año y mientras todos estábamos comiendo tamal, buñuelos y cortando natilla para celebrar con nuestras familias, se emitió el acta de adjudicación que entregaba el codiciado contrato al Consorcio Progreso Metropolitano.
Como pudo determinar el equipo investigativo de esta columna, este consorcio, curiosamente, fue el único que cumplió meticulosamente con los requisitos de experiencia general y experiencia específica secundaria, establecidos en las bases de la licitación.
Una revisión de esos documentos por parte de colaboradores y corresponsales en la región muestra que esa experiencia, en relación con los pliegos de licitación, parecía casi sobrenatural. Demasiado específica para ser una simple coincidencia.
Sin embargo, la intriga no termina ahí. El 85 por ciento de participación en esta unión recae en una misteriosa empresa llamada Global Designs and Buildings SAS Zomac. Esta sociedad, con más nombre que experiencia, fue creada el 3 de agosto de 2021 en Morra, Sucre, apenas unos meses antes de que se iniciara el proceso de contratación. Pero lo que más sorprende no es eso, sino el historial que la empresa acreditó, ya que su única actuación reportada fue la pavimentación de modestos 43 kilómetros de vía. Nada.
¿Cómo una compañía recién creada y con un historial tan limitado podía estar al frente de un multimillonario contrato de tal magnitud? ¿Hay algo más detrás de esta empresa aparentemente inexperta? Veamos la historia o como se diría en santandereano, lárgueme esa joda.
Todo empieza con un nombre: Anthony Wong Lorduy, quien, al contrario de la sociedad, tiene tanto nombre como experiencia. Wong Lorduy es el representante legal y dueño del 98 por ciento de Global Designs and Buildings, y según consta en su perfil de LinkedIn, desde hace 14 años también ocupa el cargo de jefe de mantenimiento de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A, Sacsa, la concesionaria del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias. Es decir, sí tiene experiencia, pero no la que se necesita.
Pero aún hay algo que genera más sospechas. Si es inquietante que el jefe de mantenimiento de un aeropuerto sea el dueño del 98 por ciento de una empresa que factura cientos de miles de millones, resulta aún más inquietante quién es el dueño del restante 2 por ciento de Global Designs and Buildings, que pertenece a una empresa llamada Odeka S.A.S.
Aquí se pone mejor la historia. O peor. Odeka, conocida anteriormente como Suárez y Silva Ltda, ya que tienen el mismo NIT, fue representada por su real dueño, el señor Juan Carlos Aldana, nombre que nos lleva a uno de los mayores escándalos de corrupción en el país durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, el llamado carrusel de la contratación.
Aldana fue investigado y condenado por irregularidades en la contratación de más de 67.000 millones de pesos. Aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y peculado en el contrato de adjudicación de unas ambulancias. Por esto un juez lo condenó a 6 años y 8 meses de prisión en un centro carcelario y una multa de más de 350 salarios mínimos.
Este hallazgo pone en relieve la conexión directa entre Global Designs and Buildings y un pasado turbio de irregularidades en diferentes procesos de contratación ya que, fuera de eso, Juan Carlos Aldana, es primo de Emilio Tapia, figura central en el escandaloso caso de los Centros Poblados. Pero no para ahí.
Aldana también fue mencionado con nombre y apellido por un testigo en el proceso de adjudicación del millonario contrato del MinTIC. Una de las declaraciones en poder de la Fiscalía, rendida por el ingeniero Alfredo Jesús Amín, explica de qué forma llegó a la licitación, cómo fue contactado, cuál fue su papel en este proceso y quién fue el responsable de recomendarlo con Centros Poblados.
El testigo dijo en la diligencia de interrogatorio que lo buscaron por la experiencia que tenía en la revisión de documentos y en “presentar propuestas” para procesos de licitación con el Estado. Aseguró que en Centros Poblados tuvo contacto directo con Juan Carlos Cáceres, luego con Robert Gómez, pero quien lo recomendó fue, nada más ni nada menos que Juan Carlos Aldana.
Amín les dijo a los fiscales anticorrupción que Aldana es un contratista con el que ha participado de varios proyectos y licitaciones, con empresas que están a nombre de este contratista, o de uno de sus testaferros, pero quien realmente se encuentra detrás de esa estructura es el señor Emilio Tapia.
Todo esto da una descripción de un modus operandi que ahora parece se va a aplicar en esta millonaria contratación del Anillo Vial Externo Metropolitano.
Por un lado, un gobernador de Santander parte de una familia donde existen condenas e investigaciones por pactar porcentajes para la adjudicación de diferentes contratos de infraestructura.
Por el otro, una licitación hecha a la medida del consorcio ganador, de la cual hace parte una sociedad recién creada que tiene como representante legal a un jefe de mantenimiento de un aeropuerto. Y una acreditación de experiencia de haber pavimentando la distancia de una maratón.
Finalmente, la misma compañía de la que es socio por tercera persona un personaje condenado por el carrusel de la contratación, que es familiar y carga maletas nada menos que del señor Emilio Tapia. Esto por un contrato que puede ser un desfalco cinco veces más grande que el monto ocurrido en Centro Poblados, donde quedan muchas dudas sobre la integridad del proceso de selección y en cambio muchas certezas sobre los tentáculos de Emilio Tapia en Santander y sus vínculos con la Gobernación. Si había platica en los Centros Poblados, espere y verá lo que hay en los Anillos Viales que los conectan.
@yohirakerman; [email protected]
