En Colombia, pero seguramente con coincidencias con otros países del continente, la degradación de los bosques, en particular los de la Amazonia y el Pacífico, asi como las grandes sabanas, se viene acentuando. Una deforestación nunca antes vista en su intensidad, está afectando áreas sensibles, siendo reemplazadas por ganadería, cultivos de coca, asi como proyecciones de minerales para la transición energética y agricultura industrial, pero principalmente, por un mercado especulativo de tierras públicas de gran magnitud.
Enormes flujos de capital, nacional e internacional, legales e ilegales, llegan a este territorio, como en una nueva época de conquistas territoriales, emulando lo vivido en el siglo XV donde las economías de la ilegalidad y legalidad, se funden como motores de transformación de territorios, donde la debilidad institucional, la falta de gobernabilidad, y la demanda del mercado mundial, para todo tipo de productos, son imparables en el paisaje local.
Necesitamos trabajar mancomunadamente, con responsabilidades compartidas, respetando las autonomías nacionales, y enfoque integral, dejando de lado la tentación facilista de la aplicación de la ley o políticas de seguridad aisladas. Los presidentes de los países miembros de la OTCA han dejado una constancia histórica, llamando la atención a ese respecto, en el encuentro de Belem, este año.
La ocupación de los territorios por parte de diferentes grupos armados está relacionada también con fuentes de recursos económicos que nutren sus ejércitos, además de consolidar su relación con las poblaciones locales. Enormes áreas están siendo degradadas en el avance de los grupos armados sobre recursos estratégicos, sean estos, los bosques, la tierra, el oro, la coca o las zonas de rutas de economías ilegales como los Parques Nacionales, los Resguardos Indígenas y Territorios de Comunidades Negras, las fronteras, ríos, y zonas marítimas periféricas.
Un ejemplo concreto es la amenaza y desplazamiento de funcionarios de Parques Nacionales en más de 10 millones de hectáreas en la región amazónica desde hace varios años. Otro ejemplo es la concentración de minas antipersonales en territorios indígenas, de negritudes y de conservación generando confinamientos inhumanos.
También está asociada a las actividades llamadas legales, que en algunos casos, hacen sinergia con estas formas de cooptación territorial subnacional, que evidencia nuevos paradigmas en las alianzas de grupos armados, políticos regionales, inversionistas privados y mercados internacionales. La sobreposición de actividades como la agroindustria, la ganadería, infraestructura vial, el petróleo, la minería de gran escala, con las áreas de acaparamiento de tierras, deforestación, cultivos de coca, minería ilegal, no es casual, y nos permite ver la complejidad del conflicto. La cooptación de Estado a nivel subregional, aparece con fuerza, y es señal de alarma.
Todo lo anterior configura un escenario muy difícil para los defensores ambientales civiles, funcionarios públicos ambientales y ONG, reclamantes de tierras y comunidades desplazadas. Colombia presenta una de las tasas mas altas del mundo en muertes y amenazas de defensores ambientales y de territorios, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para avanzar en la ratificación e implementación del acuerdo de Escazú. Con especial preocupación, vemos cómo los líderes indígenas, campesinos y ambientales están en permanente riesgo, lo cual hace aún más necesario avanzar en los procesos de cese al fuego y hostilidades, incluyendo las ambientales, con los diferentes grupos armados, en el marco de la política de paz.
Después del acuerdo con las Farc, un inusitado proceso de deforestación se ensañó en las tierras y bosques públicos, los territorios indígenas, y las áreas protegidas. Más de 6 millones de vacas entraron al país, de las cuales 1,2 millones fueron ubicadas en las tierras apropiadas y deforestadas de la Amazonia. Más de 3.000 kilómetros de carreteras rurales nuevas coinciden hoy con esas tierras apropiadas donde pasta el ganado. La velocidad de la implementación del Acuerdo de Paz no alcanza a ser suficiente para otorgar tierras a poblaciones vulnerables, las cuales quedan inmersas en este gran mercado, ni para recuperar las zonas invadidas por grandes inversionistas. Casos similares se han documentado en Brasil y Bolivia por el Panel Científico de la Amazonia.
Creemos que no será suficiente con la reglamentación de Debida Diligencia de la Unión Europea, o el Forest Act de USA o Environment Act de Reino Unido, pues aún hay enormes mercados de otros países sin reglamentación al respecto, como el caso de los del bloque árabe, o el reciente acuerdo con China, de lejos el de mayor incertidumbre. Dejar el trabajo sucio a los países de origen, “es el negocio, socio”, dejando la responsabilidad a la legislación de cada país productor. Numerosos países están demandando carne de bovinos para su consumo y lastimosamente la reglamentación para evitar que provengan de zonas deforestadas no es suficiente, ni en los países de origen ni en los compradores. Aquí viene la necesidad de concentrar los esfuerzos económicos, legales, técnicos y políticos en lograr una transición productiva hacia un manejo sostenible de los bosques, incluyendo la zonificación de la ganadería en áreas aptas y su reconversión hacia sistemas sostenibles ambientalmente.
Sin embargo, el tema de fondo está en las tierras, que invariablemente, nos ubican en el contexto de la negociación política con los grupos armados y la población, asi como la aplicación de la ley con los grandes inversionistas que han promovido el acaparamiento de tierras. Esto incluye los capitales internacionales que han animado en algunos casos esta situación, con un peso relativo importante en el contexto nacional.
Una noticia que es importante resaltar, es la oportunidad y reto que se abre con otros grupos, como el Estado Mayor Central (EMC) directamente asociados a la deforestación en la Amazonia, y que han mostrado una intención de discutir este aspecto, así como la frontera agropecuaria, los territorios indígenas y las áreas protegidas. A pesar de un increíble descenso en la tasa de deforestación en los últimos meses, esto se ha visto acompañado por un constreñimiento a la población local, asi como hostilidad con las instituciones gubernamentales y civiles, además de violaciones a los derechos de las poblaciones locales. El tránsito hacia una presencia del Estado en su conjunto, con apoyo a las poblaciones locales, y el reconocimiento de los derechos de la tierra y de uso del bosque serán un punto esencial en ese diálogo político con el EMC, que puede ser el camino más fuerte a su transición política.
Es muy deseable que en el caso de darse un acompañamiento y apoyo, por parte de la Misión de ONU, al proceso de monitoreo y verificación del cese al fuego, se incluyan las hostilidades ambientales, así como con la población, los excombatientes de Farc y las instituciones, que den un marco de transición en el proceso de diálogo que está por abrirse. En especial, se requiere, un fortalecimiento del mecanismo, cuando los procesos con los diferentes grupos deban tener una necesaria articulación, pues será necesario no solo evitar las confrontaciones con el Ejercito, sino con los demás grupos armados que están en territorios compartidos, y especialmente con la población civil e instituciones que deben ser respetadas en sus derechos. Hoy es una de las mayores amenazas al sostenimiento del cese al fuego, por lo que debe ser priorizado en la agenda nacional y de acompañamiento.
