La actuación más relevante de Carlos Ernesto Camargo Assis, defensor del Pueblo, ha sido la defensa de una persona, no la del pueblo. Y una defensa que ahora los hechos demuestran fue particularmente amañada.
Vamos por partes. Camargo fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático. Su actuación más significativa en ese cargo fue, y ha sido incluso en su actual posición, la de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. Ahora sabemos de boca y confesión del propio Zuluaga, que esos hechos nunca fueron presuntos, sino que, fuera de ser probados, lograron ser embolatados.
No fue gratis, claro. Los artífices del archivo de la investigación salieron favorecidos en el gobierno del expresidente Iván Duque con grandes puestos. Al exmagistrado Felipe García Echeverry lo nombraron embajador en Bruselas y Camargo Assis salió para la Federación Nacional de Departamentos y después para la Defensoría del Pueblo, donde ha repartido contratos y nombramientos que da gusto.
Claramente el presidente Duque ternó a Camargo sin preocuparse si sabía del tema de derechos humanos, y dejó llegar al puesto, por medio de favores políticos, a alguien que no tenía el conocimiento de lo que iba a hacer, violentando la autonomía que merecía ese cargo. Lo mismo está sucediendo en este gobierno con otros importantes nombramientos, pero esa es otra columna.
El resultado ha sido visible y no hay que profundizar mucho en eso. La falta de rigor en las cifras de la Defensoría, el papel desdibujado y la alta carga de contratos que ofrecen y reparten en la entidad, como lo hizo cuando estaba en la Federación de Departamentos, privilegian a exmagistrados del Consejo de Estado, a familiares de personas cercanas y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses.
Por eso devolvámonos a la investigación engavetada de Óscar Iván Zuluaga en la CNE, que es como llegamos aquí. En especial porque los videos publicados por la revista Semana, del excandidato presidencial Zuluaga admitiendo conocer del ingreso de dineros de la multinacional brasileña a su campaña, y no reportarlos, dejan en evidencia el hecho de que, en 2017, Camargo Assis desconoció las pruebas y optó por archivar el caso a cambio de favores políticos.
Esta columna obtuvo un documento que era suficiente para cambiar el curso de la historia frente al caso de Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga y Odebrecht. Vamos a eso.
El 18 de octubre de 2017 un agente especial del Ministerio Público presentó un concepto ante el CNE, en el cual aconsejaba sancionar al excandidato a la presidencia. También a su hijo, por ser representante legal y gerente de esa campaña; al auditor interno, Víctor Manuel Poveda Poveda y a la tesorera Norma Maya Hoyos. Los delitos: violación a la prohibición de contribución de persona jurídica extranjera en las campañas electorales y presentación parcial de informes de ingresos y gastos.
El documento le fue enviado directamente a Camargo Assis, como magistrado investigador del CNE. Le aconsejaba sancionar a los anteriores mencionados por la recepción de recursos de Odebrecht a su campaña electoral, todo sustentando en clara evidencia.
Fuera de la publicación de la Revista Veja de São Paulo, relacionada con lo dicho por el propio publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça, existían declaraciones trasladadas por la Fiscalía, rendidas por los señores Eleuberto Antonio Martorelli, y Luiz Antonio Mameri. En esas, Martorelli señaló que obtuvo la autorización de Mameri para proceder al pago por un valor de 1,5 millones de dólares directamente al publicista, ya que tenía contratos con la Compañía en el Brasil. Aseguró que fueron transferidos a una empresa offshore denominada Topsail Holding.
Existían tres transferencias bancarias que comprobaban el pago del dinero en el Meinl Bank en la cuenta número 244001 a nombre de Klienfeld Services Ltda, a la sociedad Topsail Holding. Una del 17 de junio de 2014 por 500.000 dólares, otra el 15 de julio de 2014 por 635.740 dólares y otra del 3 de junio de 2014 por 475.000 dólares. Estas tres transferencias sumaron 1,610.740 dólares.
Por eso el concepto de la Procuraduría señaló: “del acervo probatorio obrante en el expediente se considera que habría elementos probatorios que permitirían establecer que el grupo empresarial de Odebrecht, a través de una de sus empresas, realizó pagos a favor de Duda Mendonça como retribución o pago de una parte de la asesoría en temas publicitarios y de marketing político publicitario a favor de la campaña a la presidente del doctor Oscar Iván Zuluaga para el periodo 2014-2018”. En cristiano: no cabe la más mínima duda, valga el uso de la palabra.
Pero para hacerlo más contundente, el agente especial de procedimiento sancionatorio de la Procuraduría, terminó el concepto con una frase final que parecía una sentencia: “Por las anteriores consideraciones y reflexiones consideramos que, con las pruebas allegadas y practicadas, se encontrarían acreditados los supuestos para el ejercicio de la potestad sancionatoria. En los anteriores términos dejo rendido mi concepto”. De nuevo en cristiano: son culpables y toca hacer justicia.
Y con esos términos, a los magistrados Camargo Assis y García Echeverry, tuvieron que hacer piruetas para no acoger el concepto. Y las hicieron.
El Consejo Nacional Electoral, con ponencia del hoy rozagante defensor del Pueblo, dijo que no compartía esa afirmación porque no gozaba de respaldo en el material probatorio y no había prueba suficiente recopilada para demostrar los pagos. Triple salto mortal tinterillesco. Camargo Assis decidió darle crédito a un “experto” que mencionaba la existencia de un título de compra de Newcastle Associates INC a Topsail Holding del 2 de diciembre de 2015 que, dijo la entidad, es posterior a los pagos que Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht. Assis como se oye. Ahora sabemos que todo eso es falso. Expertillo de bolsillo.
Y para desestimar el testimonio de Martorelli, pues según fallo del CNE no se podía tener en cuenta, estableció que ese era casi un chisme. “En relación a las manifestaciones de oídas del señor Martorelli y el material probatorio integrante del plenario a la fecha, en especial al experticio, no satisfacen a cabalidad las anteriores reglas jurisprudenciales pues lo que narra Martorelli no fue escuchado directamente por la persona de primer grado (…) lo cual conlleva a que mencionado relato se basa en conjeturas y conclusiones sin fundamento fáctico legal”. Vaya pirueta la de Camargo Assis.
El abogado Armando Novoa, entonces magistrado del CNE, no apoyó la decisión de la mayoría de la sala plena del Consejo Nacional Electoral. En octubre de 2017 manifestó sus reparos, indicando en una carta que, entre otros, no se fijó una metodología de investigación que atendiera la complejidad de la corrupción de Odebrecht, por lo que, en su criterio, se debió usar el concepto del derecho penal de los aparatos organizados de poder.
Según Novoa, las pruebas enviadas por la Fiscalía demostraban que Odebrecht sí destinó la cifra de 1,6 millones de dólares y que esta fue girada a favor de la compañía Topsail con domicilio en Panamá, como lo demostraban las tres transferencias a una cuenta bancaria en Suiza. Por esa misma razón la Procuraduría cuestionó la decisión del CNE repitiendo que sí existían pruebas y argumentos jurídicos suficientes “para declarar que los investigados son responsables de las faltas consistentes en recibir contribuciones monetarias de personas jurídicas extranjeras y presentación parcial de informes de ingresos y gastos de campaña”.
El Consejo Nacional Electoral negó ese recurso por medio de la resolución 1985 del 2 de agosto de 2018 con la cual mantuvo su decisión inicial sustentada por Camargo Assis.
Ahora los hechos se encargaron de demostrar que todo era cierto y que Zuluaga ha mentido todos estos años, se ha vestido con ropaje falso de víctima y de perseguido político, para lo cual ha contado con la complicidad de varios funcionarios, entre los cuales se destaca, por supuesto, Carlos Camargo Assis. Una jugada que, como su gestión en la Defensoría del Pueblo: salió mal. Muy mal.
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