Facciones del petrismo y del uribismo se han encontrado en un lugar inesperado: el deseo incontrolable de hacer trizas la JEP, el mecanismo de justicia transicional que surgió de los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y las FARC. El domingo 10 de marzo de 2019, el presidente Iván Duque objetó, cumpliendo una promesa de campaña, seis artículos (de 159) de la Ley Estatutaria de la JEP. Luego, la discusión se trasladó al Congreso para debatir y determinar si había razón, o no, para aceptar las objeciones. En Cámara, 110 parlamentarios se opusieron a los argumentos de Duque, que se resumían en dos puntos: excluir los delitos sexuales contra menores de esa justicia especial, y establecer que la reincidencia en actividades criminales implicaría perder todos los beneficios entregados por la JEP. En el fondo, sin embargo, existía la idea de que la JEP había sido planeada para satisfacer los impulsos de impunidad de las FARC; que era un tribunal confeccionado para lavarles los crímenes.
El 30 de abril de ese mismo año, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, tomó la palabra como vocero de la oposición y con el ardor discursivo que lo caracteriza le soltó esta frase al presidente Duque: “objetar la JEP ha sido una de sus mayores torpezas, cambiar el acuerdo ya pactado en la Habana por unas objeciones que son risibles” https://www.youtube.com/watch?v=asF5A9lc-wc. 5 años después, quién lo hubiera podido predecir, es el gobierno de Gustavo Petro el que propone discutir la idea de un tribunal de cierre que, como lo quieren algunos de los ex integrantes de las FARC, sustituya a la JEP. La primera puntada la dio el 12 de octubre del año pasado, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el suspendido canciller Álvaro Leyva Durán, cuando dijo que esa justicia se estaba “descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”. No sería el último ataque a la JEP, ni es ésta la verdadera intención de Leyva. No nos adelantemos.
Meses después fueron los máximos dirigentes del partido Comunes, que agrupó en el ejercicio político a muchos ex combatientes, quienes escribieron dos cartas diciendo, como Leyva, que la JEP estaba incumpliendo lo pactado entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano en el acuerdo de 2016. Al final, mencionaban una supuesta inseguridad jurídica de los firmantes de paz, y dejaban un tufillo de amenaza al sugerir que podrían, incluso, desconocer a la JEP. La verdad, sin embargo, puede estar en otra parte.
En la primera crítica de Leyva a ese tribunal, se preguntó por qué esa jurisdicción no quería aceptar, rápido y sin trabas, a paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Debió mencionar, tal vez porque lo sabe bien y de primera mano, a Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo y a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. ¿Qué interés tendrá Leyva en que la JEP, de manera expedita, acepte a estos ex paramilitares y les otorgue beneficios como la libertas condicional?
En el caso de los ex FARC, que coinciden con Leyva por mera conveniencia en su deseo de objetar la JEP, la verdad se sabrá pronto. Prepara el tribunal una imputación a la cúpula, pero también a mandos medios, por los delitos de reclutamiento forzado de menores y violencia sexual asociada. Ya tuvimos un amargo abrebocas el 14 de julio de 2023, cuando la JEP imputó a 15 exguerrilleros por varios crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Estableció la JEP que entre 1990 y 2016 se documentaron 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas. Este caso solo estudió 3 zonas: Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño. Lo que viene será nacional, y se mencionará la responsabilidad de algunos comandantes en delitos sexuales como violaciones a menores de edad y abortos forzados.
Saben los estudiosos de los conflictos armados que los delitos de violencia sexual suelen seguir un patrón definido: los actores de la guerra están dispuestos a reconocerlo todo, incluso las atrocidades más grandes, las masacres, los desplazamientos, la desaparición forzada, los homicidios, pero retroceden cuando se trata de reconocer la violencia sexual en el conflicto. A ese dilema tendrán que enfrentarse pronto los ex comandantes de las FARC.
Esto, claro, siempre que el gobierno de Gustavo Petro deje de impulsar, “torpemente”, el mencionado desmantelamiento de la JEP para sustituirlo por otro tribunal. Uno que, esta vez, sí se acomode a los deseos de impunidad de la antigua guerrilla. Y por qué no, a las promesas de Álvaro Leyva Durán.
