Escuchar al director de Planeación Nacional da gusto. Gusto y ganas de trabajar para sacar este asunto adelante. En medio del proceso de diálogo con el ELN, es un gusto escuchar la estructura conceptual que guía el nuevo plan de desarrollo, así como ver el capital técnico y humano que reposa en esta entidad, que durante décadas ha logrado generar un acumulado de información, experticias, conocimiento y modelos prospectivos al servicio del país, así como ser el más claro articulador de Estado, en tanto su visión no sectorizada de la inversión pública.
De los diferentes temas escuchados esta semana, destaco estos: 1)la necesidad de fijar al ordenamiento territorial y al agua como eje articulador de la inversión pública, 2) Desarrollo Rural en convergencia con Infraestructura. 3) Política para ecosistemas en paz.
El análisis del ordenamiento nos lleva nuevamente a plantear la necesidad de reorganizar el modelo de distribución presupuestal, basado en el aseguramiento de bienes básicos estratégicos como el agua, en un contexto de cambio climático. La población colombiana, en general, tiene restricciones en el acceso a agua potable y riego; las aguas subterráneas están bajando su nivel. Los humedales, lagos y ciénagas siguen siendo colmatados por sedimentación y secados para apropiarlos y volverlos sitios de ganadería o agrícolas, como el caso de las temibles arroceras.
Los ríos, cada vez más contaminados, reciben la carga de aguas negras y servidas de las ciudades, cuyos mandatarios no han sido capaces aún de ponerse de acuerdo para priorizar la construcción y puesta en marcha de las PTAR (plantas de tratamiento de aguas residuales) como proyecto nacional. Lo que no contaminan las ciudades y pueblos, lo hacen los plaguicidas de la agricultura, el mercurio y los sedimentos de la extracción de oro en dragas y dragones, entre otros “aportantes”.
Es decir, el agua, en un país donde abunda, no ha sido un bien público de acceso general y prioridad de inversión en su protección. La recuperación ecosistémica de la Mojana, la descontaminación del rio Bogotá/Magdalena y Bajo Cauca, o la recuperación del Atrato, son apenas ejemplos de priorización nacional, que se deberán abordar rápidamente, así la rapiña local lo desconozca. La obligatoriedad en la recolección de aguas lluvias para proyectos de vivienda urbana y rural está en mora hasta que la politiquería la ponga a sonar de eslogan en la próxima temporada seca...Estamos en camino a perder una red fluvial y transitar a un red cloacal, y con ello la vida, y el desarrollo económico que se nutre del agua y debe asegurar nuestro futuro como nación.
La gran masa boscosa de la Amazonia sigue evapotranspirando y garantizando el flujo de ríos voladores hacía el resto del país. A pesar de ello, una pertinaz deforestación sigue amenazando esta gran bomba de agua. Paradójicamente, el Plan Nacional de Restauración no prioriza los núcleos de deforestación amazónica, que si bien están nominados para ser de “desarrollo forestal”, no tienen la abundancia necesaria para un rápido tránsito, por lo que es indispensable restaurar. Concentrar o distribuir en medio de la urgencia, esa es la pregunta. Carlos Nobre, el científico que alerta sobre el “punto de no retorno” señala que es la hora del gran corredor de restauración amazónico; estoy de acuerdo, hagámoslo también en Colombia.
Bosques biodiversos, culturas indígenas con enorme conocimiento, parques nacionales y grupos de investigadores de talla mundial son un patrimonio activo que aún no logra ser visibilizado en las cuentas del sistema nacional de ciencia y tecnología, como un todo, que permita hacer la apuesta de usos de la biodiversidad, y hacer honor al eslogan “Colombia potencia mundial de vida”. O en el caso del turismo sostenible, ¿dónde está la apuesta nacional de gran escala para dotar los Parques Nacionales de un sistema de senderos y de educación ambiental con poblaciones locales -incluyendo excombatientes, y grupos en tránsito a la paz-, que permita encauzar la demanda internacional por destinos de naturaleza, donde el senderismo, la observación de aves y el relacionamiento con comunidades, está sobrepasando la exigua capacidad instalada que hoy existe?
Y mientras las apuestas de investigación en las cuentas nacionales no pasan de ser microproyectos aislados y los diálogos de paz aún no aterrizan en las áreas ambientalmente sensibles, a pesar de la narrativa de la agenda propuesta entre ELN y Gobierno, y la expectativa de lo señalado con el EMC, de otra parte, el sistema de participación sigue midiendo la inversión por población. Parafraseando al director del DNP, ¿cuándo podremos cerrar la brecha entre los departamentos amazónicos y los del interior del país, si la inversión depende del número de habitantes? Nunca. Es hora de que se establezcan mecanismos de inversión desde el centro de consumo nacional de agua hacía la región amazónica, y provocar un círculo virtuoso entre la oferta hídrica y el consumo a escala nacional.
Señalaba de manera acertada el director cómo había que acompañar la inversión de desarrollo rural, más allá de los grandes esfuerzos en titulación, catastro, compra de tierras, en lo que se enmarca dentro de la dotación de infraestructura de servicios, especialmente vias terciarias, capacidad de almacenamiento y transformación para generación de valor agregado. La convergencia regional depende de esa conectividad, que reconoce la multimodalidad como el camino correcto a las condiciones ambientales del país. Recuerdo que en los levantamientos de información que suelo hacer en regiones de conflictividad, la densidad vial es alta, pero es inversamente proporcional a su calidad constructiva de diseños, trazados y falta de adaptación al cambio climático.
Cómo hacer en un país lleno de “puentes festivos” para que los malos puentes no se caigan o se los lleve el río por errores crasos de ingeniería o corrupción? ¿Cómo hacer para que las trochas puedan pasar a modelos de vías adaptadas, tipo placa-huella, con participación comunitaria en su construcción? No hay allí una oportunidad gigante de incentivar económicamente las regiones, de generar beneficios sociales, y garantizar conexión de mercados? ¿Es posible pensar en modelos de planeación vial que integren necesidades locales con visión nacional de integración sin que los gobernadores se quejen por que se afecta su “autonomía”? ¿Cuántas vías se están solicitando hoy sobre zonas de ampliación de la frontera agropecuaria, que incentivan la deforestación sobre la selva amazónica? ¿Cuántos ríos no tienen hoy apoyo de la Agencia Naviera del Estado para resolver las necesidades de transporte intermodal?
Todo lo anterior, no son más que algunos ejemplos de cómo un país no puede seguir planificándose e invirtiendo exclusivamente desde las pequeñas autonomías locales sin visión de Estado, y viceversa, planificando desde el piso 30 de una subdirección. El doctor Jorge Iván está rompiendo con esa tradición, y eso es digno de destacar en un país tan marcado por la ausencia de visión de Estado integral.
