Tal parece que la superioridad moral de algunos de los directivos del Gobierno actual llegó acompañada de acoso laboral hacia aquellos funcionarios, en su mayoría técnicos, que llevan trabajando con el Estado desde hace muchos años pero que ahora están que “tiran la toalla”. Aunque al principio se pensó que se trataba de casos aislados, la situación ha venido creciendo y se ha vuelto una conducta casi sistemática en varias entidades en las cuales, casualmente, hoy hay todo un despelote administrativo y bajísima ejecución presupuestal.
Esta columna recibió denuncias por varios casos que se han registrado en cinco entidades gubernamentales en las que se está viviendo un infierno, según los testimonios recogidos, por cuenta de las malas decisiones administrativas, la falta de conocimiento en los procesos, pero sobre todo por la presión y el maltrato al que se han visto sometidos los trabajadores a quienes, además, los estarían responsabilizando de la mala gestión y las pobres cifras.
Aunque este Gobierno enarboló las banderas de la justicia social y el bienestar para todos los empleados públicos a los que les prometió también mejorarles las condiciones laborales, lo que está sucediendo en algunos ministerios y otras oficinas estatales, ha evidenciado un fenómeno totalmente contrario en el que el acoso y el rechazo han sido protagonistas, al punto de provocar renuncias, enfermedades y hasta quejas de orden disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación.
La primera y más reciente situación de la que les quiero hablar está ocurriendo en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mejor conocida como la Unidad de Víctimas. En esta entidad, creada en enero de 2012 para dar cumplimento y aplicación a la Ley 1448 sobre víctimas y restitución de tierras, se ha denunciado falta de liderazgo por parte de su directora, Patricia Tobón, quien desde que llegó al cargo ha tenido una actitud de soberbia y desconfianza con todos los funcionarios que estaban ocupando cargos de forma provisional.
Como es lógico, Tobón llevó a gente de su plena confianza a ocupar los puestos más cercanos a la dirección y solo a ellos escucha y solo con ellos trabaja. Los demás funcionarios se han sentido estigmatizados y hasta crearon una nueva categoría de discriminación laboral que consiste en decirles a quienes trabajan desde hace mucho tiempo allí: “yo te rechazo por ser funcionario o contratista histórico en esta Unidad”.
Desde el sindicato se le advirtió a la directora Patricia Tobón que la situación se estaba volviendo muy compleja por el sentimiento de invisibilización de la mayoría de sus colaboradores y por los señalamientos hacia ellos, por los casos de corrupción en las anteriores administraciones que fueron incluso denunciados por el propio presidente Gustavo Petro. Aunque Tobón aceptó una reunión para escucharlos y plantear soluciones, días después, dentro de la entidad, circuló un video en donde ella misma aparece alegando un sabotaje, generado supuestamente por aquellos que se resisten al cambio.
Sin embargo, el tal cambio no se ha visto por lo menos en lo que tiene que ver con la repartición de puestos en la unidad que ha sido, como en otros gobiernos, a cuotas políticas y a amigos de la directora. Aunque esa es otra historia, que después les contaré con detalles, quiero seguir insistiendo en la gravedad de coartar a los técnicos para que hagan lo que la directora y sus asesores quieren, o podrían incluso quedarse sin trabajo. El acoso se ha materializado también en las presiones que sufren hoy los colaboradores que ya tienen sobrecarga laboral, jornadas largas y demasiado estrés al estar corriendo con la ejecución de este año, ya que a la fecha no llega ni al 40 por ciento.
La excusa de la directora de la Unidad para las Víctimas no puede seguir siendo el hecho de que los funcionarios antiguos se opongan al cambio porque, al contrario, muchos estaban ilusionados con esa gran promesa. Tampoco puede argumentar que todo se trata de una conspiración para sacarla, porque fue ella la que sacó al 90 por ciento de los contratistas y a la fecha más de 30 funcionarios provisionales han renunciado porque no aguantaron la falta de directrices en esta entidad, el que los vieran todo el tiempo como enemigos y que los culparan de la mala gestión que, como siempre, terminará afectando a las víctimas del país.
Como les mencioné anteriormente, esa no es la única entidad pública en donde se estarían dando casos de acoso laboral. Si por la Unidad de Víctimas llueve, en el Ministerio de Ciencias no escampa y allí también se han presentado más de diez renuncias, incluyendo las de los dos viceministros de esa cartera. Desde agosto de este año se empezó a advertir, por parte de los trabajadores, sobre los malos tratos y las presiones que estaban sufriendo y que venían directamente desde la ministra Yesenia Olaya.
Incluso la emisora W Radio denunció que por la carga laboral y el estrés que estaba sufriendo la directora de Gestión de Recursos de la entidad, ella presentó su dimisión pero esta no fue aceptada por Olaya. A los pocos días, esa funcionaria sufrió un infarto y lamentablemente falleció. Desde entonces, empezó la desbandada y todos los que se iban alegaban el mismo motivo: acoso laboral.
Como la ministra no ha dicho nada sobre esas denuncias que incluyen hasta incapacidades que los funcionarios han presentado, en las que los médicos certifican grave condición de estrés, ya desde la Asociación de Trabajadores de Minciencias (Asominciencias) se le hizo saber al presidente Petro lo que está pasando a través de una nueva carta conocida por esta columna en la que le piden recuperar la capacidad técnica, pero también que haya un liderazgo que los motive y les dé bienestar.
Nuevamente, el acoso laboral está directamente relacionado con el mal desempeño del ministerio que justamente por su mala gestión institucional volvió a quedarse con el presupuesto más bajo para el próximo año, con apenas 400.000 millones de pesos para inversión, y la ministra no hizo nada para evitarlo.
Estos escenarios de abuso, acoso, maltrato, presiones y pésima administración se están repitiendo en otras entidades como Colpensiones, el Ministerio de Ambiente y la Superintendencia de Industria y Comercio desde donde también hemos recibido testimonios que prenden las alarmas. En una segunda entrega de esta historia les estaré contando los detalles de lo que está pasando en esas oficinas, en donde se estaría confirmando que los que más abusan del poder, son justamente quienes lo ostentan.
