La Fiscalía General de la Nación, no solo tiene información y evidencia por los delitos de secuestro y homicidio en contra de la ex primera dama del Cesar y la matrona de ese departamento, Cielo María Gnecco. También cuenta con un detallado expediente que confirma que los miembros de ese clan hacen parte una red de corrupción electoral que benefició a un congresista actual.
Vamos por partes, como dijo el jurado electoral contando los votos comprados con ron y tamal.
El clan Gnecco lleva dominando la Gobernación del Cesar, sus presupuestos y contratación, desde hace más de 12 años. El 30 de octubre de 2011, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, fue elegido por el Partido de la U como gobernador del Cesar. En esas elecciones regionales fue apoyado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y por el expresidente eterno imputado Álvaro Uribe Vélez. Toda una hazaña de flexibilidad política.
Una vez Monsalvo Gnecco terminó su periodo, fue sucedido por un pupilo del clan, llamado Franco Ovalle Angarita. Posteriormente, en 2020, Monsalvo Gnecco regresó a la Gobernación, seguramente a terminar cositas pendientes. Desde entonces Cielo Gnecco ha fungido como primera dama o gestora social de todas las gobernaciones del clan, la última vez siendo la de su hijo, quien está suspendido de su cargo e imputado por corrupción.
De acuerdo con el ente acusador, Monsalvo Gnecco es responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, hechos que ocurrieron mientras estaba al mando del departamento del Cesar. Pese a esto, hasta hace muy poco la matrona seguía cumpliendo la función de gestora social de la Gobernación, incluso con el que fue gobernador encargado Andrés Meza.
Doña Cielo cumplía su rol de gestora social, en la mañana, y de proselitismo con Elvia Sanjuan, la flamante candidata actual de ese clan, para continuar con el poder y la corrupción, en la tarde. Pero con los nuevos sucesos, le ha tocado dedicarse a ser fugitiva de tiempo completo.
Vamos a los enredos. El hermano de Cielo Gnecco y excabeza del grupo, Jorge Gnecco Cerchar, fue señalado por el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso, de impulsar la llegada del paramilitarismo al Cesar y fue asesinado por el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Pese a eso, Cielo logró lo que sus hermanos, Jorge y Lucas, no pudieron: arrodillar a todos los estamentos de control locales y controlar todas las alcaldías y presupuestos gubernamentales.
Pero ahora le llegó el turno a ella, y acá se complica la cosa. El pasado 6 de octubre, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, Alberto Ramírez Parra, emitió una orden de captura a la ex primera dama del departamento por su vinculación en el secuestro agravado y homicidio de los señores Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Mendoza Guerra, en hechos registrados el 10 y 12 de abril de 2002, respectivamente.
Esto con base en una declaración de Juan Manuel Argumedo García, alias Gabino, quien hizo parte del frente Mártires del Cesar de las AUC. Gabino señaló en un documento redactado de su puño y letra que Hernández Hinojosa y Mendoza Guerra, “habrían estado vinculados contractualmente con la Gobernación del Cesar, y fueron retenidos por paramilitares por petición de Cielo Gnecco”.
Según narró alias Gabino, esto se hizo con el fin de obligar a los secuestrados a retribuirle a Cielo Gnecco una suma cercana a los 2.500 millones de pesos “que habrían obtenido, al parecer, de su actividad con el ente departamental y de la cual debían entregar una parte”. Debido a que los dos secuestrados no aceptaron las presiones para pagar el dinero de doña Cielo, fueron asesinados por los paramilitares. A Pablo Escobar le hubieran dado celos, mi Cielito. (Ver Anexo A)
Por estos hechos, personas cercanas a la familia han asegurado que la cacica política del departamento salió del país fugándose de la justicia, con el argumento falaz de que reaparecerá en público cuando compruebe su inocencia. Pues mientras logra hacer eso, expongámosle otro escándalo, con documentos y evidencia hasta ahora desconocidos, por el cual también tendrá que rendir cuentas ante las autoridades.
El 25 de abril de 2022, la Fiscalía 12 unidad seccional Valledupar, recibió el informe No. PJ0007222727 con el fin de verificar y analizar irregularidades, haciendo referencia a presuntos fraudes y actos de corrupción en las pasadas elecciones de la circunscripción Especial de Paz No. 12.
La investigación de los hechos abarca poco más de 120 veredas y corregimientos, zonas históricas y actualmente golpeadas por la violencia y el control paramilitar, en 13 municipios de tres departamentos: Cesar, Magdalena y La Guajira, durante los primeros meses de 2022.
En el informe se menciona a Cielo Gnecco como corresponsable de una operación de compra de votos con, nada más ni nada menos, el hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, alias Yoyo. Así como se oye, mientras Jorge 40, padre de Yoyo, mató a Jorge Gnecco, hermano de Cielo, por un ajuste de cuentas interno, el hijo y la matrona estaban alineados para obligar a la gente a ir las urnas a punta de fusiles y comprar los votos para quedarse con las curules de paz. La ironía se cuenta sola.
Citemos lo que dice textualmente el informe para no cometer imprecisiones. “(…) Candidatos con un músculo financiero detrás o apoyados por estructuras políticas sí pudieron adelantar sus campañas, implicando un riesgo de cooptación de la circunscripción 12”. (Ver Anexo B)
En otras palabras y para decirlo de forma clara, el informe de la Fiscalía develó que los señores William Alfonso Romero, mano derecha de Cielo, y Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Jorge 40, eran los candidatos apoyados por las presiones paramilitares y del Clan Gnecco para quedarse con las curules del proceso de paz. Este último fue el que ganó y se hizo a su curul, gracias a la presión electoral por medio de armas y a la compra directa de votos gestionada por el clan.
Y no solo de las armas, sino también del gobierno de ese momento. Me explico. Algunos candidatos a las 16 curules de paz en esas regiones se quedaron sin hacer campaña, ya que el dinero que el gobierno de Iván Duque debía desembolsar a las víctimas del conflicto armado para financiar su carrera electoral a la Cámara de Representantes, nunca les llegó.
Este fue uno de los puntos consignados en el acuerdo de paz de La Habana, por lo cual el Ministerio de Hacienda asignó 7.000 millones de pesos, de los cuales 12.500.000 pesos serían destinados a cada uno de los 399 aspirantes a las curules de paz, pues en su calidad de víctimas no tendrían los recursos para hacer una campaña como las del Congreso.
Se encuentra ampliamente documentado que el Consejo Nacional Electoral puso múltiples trabas a la hora de desembolsar el dinero a las víctimas, como lo vivió Luis Fernando Lara, campesino y líder social, que fue desplazado de su tierra en los Montes de María hace 30 años y se inscribió por la curul de paz de la circunscripción 12 compitiendo con el hijo de Jorge 40. Luis Fernando esperaba este dinero para empezar su campaña, pero le pidieron todo tipo de documentación y procesos, como abrir una cuenta corporativa, para después decirle que no cumplía con los requisitos.
Por su parte, Yoyo Tovar, tuvo la posibilidad de recorrer la región, contando con un esquema de seguridad puesto por el Gobierno, además de tener acceso a la base de datos del Ministerio del Interior, y contar con el apoyo de la Unidad de Víctimas Territorial del Cesar y La Guajira. Todo esto ya que Tovar es íntimo amigo del exministro del Interior, Daniel Palacios y del entonces director de la Unidad de Víctimas, Víctor Hugo Mosquera, quien fue crucial en la campaña.
Múltiples denuncias de personas locales establecen que Mosquera sostenía constantemente que los guerrilleros no podían apropiarse de esas curules de paz, y “les sugirió fuertemente a varias personas apoyar la candidatura de Yoyo Tovar a esa circunscripción especial”.
Los testimonios y denuncias locales establecen que las entregas de las indemnizaciones a las víctimas por parte del director Víctor Hugo Mosquera fueron siempre agresivas y estresantes. El director asistía personalmente a esas jornadas y las utilizaba para generar lealtades personales y crear presiones políticas encaminadas a votar por Yoyo Tovar.
Y acá suma un datico interesante que demuestra que el apoyo no fue solo institucional, de armas paramilitares con el apoyo del clan Gnecco, sino también con corruptos contratos.
Una de las primeras acciones de Mosquera al frente de la entidad fue trasladar las oficinas a una sede en Valledupar. Como se ha denunciado en esta columna, la Unidad de Víctimas en Cesar y La Guajira firmó entonces un contrato de arrendamiento a finales de 2019 para unas oficinas en la calle 16B #12-96 de Valledupar.
Ahí viene lo interesante. El arrendatario del bien fue el Grupo Majusa SAS, administrador de varias propiedades, entre ellas el edificio de la sociedad San Martín Ltda., cuyos accionistas eran Ana Carolina Vélez Salgado, madre de Yoyo Tovar y esposa de Jorge 40, y su abuela Rosario Salgado de Vélez. (Ver Anexo C)
Y aunque el actual representante de la paz, Yoyo Tovar, no aparecía como accionista de la afortunada sociedad arrendataria en su momento, sí apareció en una de las actas de juntas de la sociedad celebrada en 2017, firmando como secretario. (Ver Anexo D)
Pagando la bicoca de arrendamiento de 236 millones de pesos, el director territorial Mosquera puso a funcionar la Unidad de Víctimas, en una propiedad que históricamente ha sido de la familia de uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de las AUC. Volvemos a que la ironía se cuenta sola.
Todos estos hechos demuestran que este no es un representante de las víctimas, sino de los victimarios. No solo por ser hijo de uno de los mayores asesinos de la historia del país, sino por los contratos oscuros del gobierno pasado que ayudaron a su familia, el apoyo institucional recibido del mal llamado director de la Unidad de Víctimas, y el escándalo con el documento de la Fiscalía que publicamos en esta columna. Ese que demuestra que Yoyo Tovar fue apoyado por la maquinaria de compra de votos del clan Gnecco y la presión paramilitar.
Ahora que se inicia el derrumbe del clan Gnecco, también debería, por fin, empezar el fin de la influencia paramilitar en la política de la costa Caribe. Situación por la que Cielo Gnecco y Yoyo Tovar deberían responder. Lo único que nos queda es rezarle al altísimo, para que desde el Cielo nos mande la justicia divina, cual Yoyo celestial. En sus manos encomendamos la oscura noche que ya pasó, y el resarcimiento que no llega. Amén.
