La entidad encargada de fiscalizar el ingreso e inversión de los fondos del Estado, está aumentando desmesuradamente sus ingresos, fondos e inversiones sin que nadie la fiscalice. Así es la vuelta.
El presupuesto de la Contraloría se ha incrementado en cerca de 250.000 millones de pesos por año, gracias al acto legislativo 04 de 2019, pasando en ese momento de un presupuesto de 586.000 millones de pesos a uno de 1,4 billones de pesos para este 2024.
Así como se oye, los recursos de esta entidad se han casi triplicado. Y esos dineros se han estado usando para una contratación sin precedentes, especialmente en las vigencias 2022 y 2023, tanto en prestación de servicios profesionales, como en nombramientos de personal provisional que viene por recomendación política. Un ejercicio de mermelada sin asco, que evidentemente afecta su deber misional de la eficiencia en la función pública de control fiscal.
En la actualidad existen más de 3.000 puestos en provisionalidad de personas que trabajan bajo la batuta del contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, sin haber pasado un concurso para saber si saben lo que dicen saber. A dedo.
Todo porque no convocan al concurso de méritos. Frente a esto, el pasado 11 de octubre, el contralor encargado solicitó al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal de 40.000 millones de pesos en las vigencias 2024 y 2025 para adelantar ese concurso de méritos.
Es decir, para contratación a dedo la Contraloría tiene un presupuesto triplicado, pero para cumplir con la ley y hacer el proceso de contratación por méritos, no hay la plata suficiente. Un argumento perfectamente circular, como el logo de la entidad.
La respuesta del ministerio fue clara y contundente. El 3 de noviembre del año pasado envió comunicación estableciendo que la entidad disponía de los recursos para llevarlo a cabo, dejando en evidencia que es más un tema de conveniencia política, contractual y de mermelada, y no de falta de recursos. Entonces vamos a mirar qué es ese concurso de méritos que no han hecho por ausencia de los supuestos dineros, que se están gastando en nombramientos a dedo.
Al responder un derecho de petición de esta columna, la entidad estableció que no existe convocatoria. Que, “a la fecha, no hay proceso de concurso de méritos abierto para suplir vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa especial”. En su página de internet tienen el mismo mensaje desde agosto del año pasado.
Por eso vamos a la historia. El 14 de septiembre de 2018, la entonces gerente del talento humano de la entidad, Luisa Fernanda Morales Noriega, formuló una consulta en la que preguntaba sobre la viabilidad de proveer mediante encargo o nombramiento provisional una vacante definitiva de un empleo de carrera administrativa cuando no se ha convocado el concurso.
Contaba en ese momento con 318 vacantes definitivas distribuidas en las áreas misionales de la entidad.
Pocos días después, el 17 de septiembre de 2018, el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, dio respuesta con radicado 20186000232791. Sustentó su respuesta en un análisis normativo, entre los que se observó el decreto ley 268 que gobierna el régimen especial de carrera administrativa en la entidad para la selección, promoción y retiro de los servidores.
El DAFP concluyó viable el asunto bajo la premisa: “De acuerdo con las normas especiales de carrera en la Contraloría General de la República, en caso de vacancia definitiva del empleo de carrera, si existiere lista de elegibles vigente, se procederá al nombramiento en período de prueba. Si no existiere, el empleo podrá proveerse mediante encargo o nombramiento provisional, previa convocatoria a concurso”. Repitamos una parte importante: si no existiere, el empleo podrá proveerse mediante encargo.
Como consecuencia de esto, fueron creados la bicoca de 2.280 nuevos cargos, solo en un año y medio, donde los más beneficiados fueron las nueve organizaciones sindicales de la misma Contraloría, con los empleos de mayor nivel.
Es por esto que los sindicatos, junto a las directivas, se han opuesto a la apertura del concurso abierto de méritos y que al año 2023 ya superan las 3000 vacantes. Es decir, dejan la vacante de 3000 puestos para no hacerlo por mérito ni respetar la figura de la escalera laboral, pero lo llenan del mismo número de nuevos cargos, para poder hacerlo a dedo. Un verdadero Sintracarrusel.
Con el exponencial aumento del presupuesto que se aprobó para la entidad que, repitamos, pasó en 2019 de 586.000 millones de pesos a 1,4 billones de pesos este año, la contratación se disparó como se puede comprobar en las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop.
Según la información pública, el número de contratos se divide en dos: los que se promocionan en la página web de la Contraloría, y los de la contratación por sistema de Secop. En 2019 pasó de 1.927 contratos, por un valor de 250.000 millones de pesos, a 2.961, por un valor de casi 600.000 millones de pesos en 2023.
Pero no solo cambió el número de los contratos, sino también su monto. Como se denunció en este espacio en mayo de 2023 en una columna titulada “Tres por uno”, una de las contrataciones más grandes que ha entregado a dedo el contralor encargado Zuluaga Pardo, es a su antigua jefe, la doctora Sandra Morelli Rico. Solo en el año 2023 se llevó la bicoca de 199.500.000 pesos. (Ver Anexo 3)
Los nuevos recursos se han usado con el propósito de equipar algunos de los salarios de los dirigentes de la entidad con los de la Procuraduría, frente a lo cual ciertos servidores de la Contraloría se han visto beneficiados. Llamémoslo un benchmarking de corbatas. Con eso han comprado el silencio de lo que está pasando, afectando únicamente los cargos de menores rango.
Toda una estrategia donde acallaron a los líderes de los sindicatos metiendo a la entidad a sus amigotes a dedo, y a los cargos superiores de la entidad les llenaron la boca con mejores salarios, para que no pudieran quejarse de lo que está pasando. Situación que deja perdiendo únicamente a los empleados que vienen haciendo carreras laborales serias y juiciosas hace años y que son el alma de la Contraloría. Y claro, pierde el país. Pierde el país cuando sus entidades de control están dedicadas a la burocracia, la mermelada y la corrupción.
Por eso se dan situaciones tan aberrantes como que el contralor encargado haya hecho una solicitud de adición presupuestal por 40.000 millones pesos para el proceso de mérito, mientras los sindicatos y líderes de la entidad conocían de la existencia de un sobrante del presupuesto calculado entre los 250.000 millones y los 300.000 millones de pesos. Todo para bloquear ese proceso y seguir haciendo nombramientos a dedo.
Con una cereza en ese pastel. Un gran pastel de cumpleaños y la madre de las cerezas. Con ocasión de los 100 años de la Contraloría, los sindicatos y dirigentes de la entidad solicitaron una bonificación adicional utilizando los 250.000 o 300.000 millones de pesos que existen de excedente presupuestal. Como cuando uno dice que la plata que sobró repartámosla entre todos. Con lo cual se demuestra que sí hay mal que dure 100 años y también hay cuerpo que lo resista: el bolsillo de los colombianos.
Frente a esto, el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, en vez de devolver los recursos como medida de eficiencia y de austeridad, vio con buenos ojos la maniobra, e hizo la respectiva solicitud al DAFP el pasado 15 de noviembre de 2023, para que el ponqué sea distribuido entre los que tienen vinculación en carrera administrativa y provisionalidad. La consabida estrategia miti-miti o todo para mí y nada para el país.
De pronto por este motivo es que se vienen dando reuniones secretas entre actores importantes de la Contraloría y congresistas conservadores, para alargar el periodo del contralor encargado Zuluaga Pardo y con eso esperar que regrese el señor Carlos Hernán Rodríguez, a quien le anularon su elección.
El 25 de septiembre de 2023, la W Radio reveló una de estas reuniones se dio entre el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, con el senador conservador Efraín Cepeda y el presidente del Senado, Iván Name. Según se conoció, esto tenía como finalidad dar tiempo a que se avance en un diálogo con los magistrados de la Corte Constitucional que tendrían la misión de aceptar o no la revisión de una acción de tutela en contra de Carlos Rodríguez y con la cual busca regresar al cargo.
Por eso, devolvámonos y pongamos este escándalo en plata blanca. La entidad manejada transitoriamente por Zuluaga Pardo, pidió en octubre de 2023, recursos para hacer un programa de méritos y cumplir la ley, ya que supuestamente dice que no tenían el presupuesto para esto.
Mientras tanto, la entidad viene elevando la contratación irregular, con mayor número de contratos y más alto valor de ellos, a dedo y con mermelada. Para hacer esto ha comprado silencios de los líderes sindicales y las directivas de la entidad a punta de contratar a sus amigos, y con mayores salarios. Y gracias a que tienen el triple del presupuesto tienen un sobrante de multimillonarios recursos, casi 300.000 millones de pesos, que se autoaprobaron para repartirse como adicional bonificación con ocasión de los 100 años de la entidad.
No hay nada más permanente que lo provisional, y recursos más propios que los que no nos cuestan. Pero que la entidad encargada de cuidar la platica de los colombianos, se autodistribuya 300.000 millones de pesos para premiar que cumplen 100 años, solo demuestra que, pese al centenario, no han aprendido a cumplir con su labor. De pronto en los próximos 100 años tratarán mejor de cuidar y fiscalizar los recursos del Estado, es decir de los contribuyentes. Pero la verdad es que no se les ven muchas ganas.
@yohirakerman; [email protected]
