Omisión o descuido: un gráfico faltante expone falacias argumentativas de la reforma laboral del gobierno Petro.
La segunda propuesta de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro entra nuevamente en escena. Será una prueba de agudeza mental para los congresistas. Tendrán que discernir entre las falacias, las medias verdades y las inexactitudes de la exposición de motivos que acompaña esta nueva iniciativa gubernamental.
Una reforma laboral seria exige una exposición de motivos de iguales características, una condición que, desafortunadamente, no se cumple en el proyecto actual. Aunque la propuesta incluye elementos innovadores y positivos, no todos están exentos de una carga ideológica. Algunos aspectos parecen reflejar más un compromiso con sectores sindicales enfocados en la defensa de sus propios intereses que en el fomento y la protección del empleo en general.
En marzo de 2023, el Gobierno introdujo una versión inicial de la reforma laboral que, debido a la ausencia de apoyo político, fue posteriormente retirada. Al examinar la exposición de motivos de su sucesora, presentada al Congreso el pasado 7 de julio, la ausencia de ajustes significativos en su fondo es patente. Persisten argumentos incompletos, falacias y verdades a medias.
Tomemos como ejemplo la narrativa oficial presente en la exposición de motivos: se afirma que la Ley 789 de 2002, promulgada durante el primer mandato de Álvaro Uribe, no logró su objetivo declarado de aumentar el empleo, argumentando una regresión en materia de derechos laborales. Sin embargo, esta afirmación no se acompaña con pruebas concluyentes.
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“Esta debería abarcar 22 años de datos; sin embargo, sorpresivamente, presenta una con un lapso de tan solo 8 años…”
Como sustento, la exposición de motivos dirige la atención hacia un gráfico rotulado 'Tasa global de participación, ocupación y desempleo (2001-2023)'. Esta debería abarcar 22 años de datos; sin embargo, sorpresivamente, presenta una con un lapso de tan solo 8 años, de junio de 2015 a junio de 2023. El análisis de este gráfico no sustenta las afirmaciones hechas contra la Ley 789: revela un desempleo del 8,5 por ciento en julio de 2015, un pico del 20,4 por ciento durante los años pandémicos, seguido de una reducción al 9,3 por ciento en junio de 2023, sin establecer una correlación directa con la mencionada reforma laboral.
La presentación correcta debería haber incluido un gráfico que ilustre la completa evolución del desempleo, iniciando con una tasa del 16,62 por ciento en enero de 2001 y cerrando con un 9,3 por ciento en junio de 2023. Tal gráfico muestra una tendencia general de descenso a lo largo de los años, a excepción del alza experimentada durante la pandemia de covid-19, con un punto crítico del 21,97 por ciento en mayo de 2020.
La verdad emerge en los datos completos, no en extractos selectivos. El gráfico de 2001 a 2023 del desempleo en Colombia, uno que el Ministerio del Trabajo omitió, revela hitos significativos: el desempleo se redujo a un solo dígito por primera vez en octubre de 2005, con un 9,9 por ciento. En noviembre de 2015, se registró la tasa más baja, un 7,56 por ciento. Estos números, más allá de las variaciones mes a mes inherentes a cualquier economía, subrayan una trayectoria de 22 años marcada por altibajos, refutando cualquier intento simplista de correlacionar un único conjunto de políticas con el panorama completo del empleo en el país. El gráfico completo revela una clara disminución del desempleo post-reforma laboral de 2002, contradiciendo las críticas actuales. (Ver gráfico de los 22 años de trayectoria de la tasa de desempleo en Colombia).
No es necesario ser un experto en economía para comprender que las leyes laborales no son las únicas responsables de la creación de empleo en un país. Aunque la normativa laboral establece un marco crítico que puede incentivar o desalentar la generación de empleos, existen otras políticas públicas que desempeñan un papel significativo. Factores como la seguridad nacional, la normatividad tributaria, la macroeconomía, la tasa de cambio y la confianza en el gobierno, entre otros, también inciden en el empleo. Por tanto, la efectividad en la creación de empleo depende, de manera significativa, de cómo la normativa laboral interactúa y se alinea con otras políticas y programas gubernamentales.
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“La exposición de motivos de la reforma laboral a menudo se lee más como un discurso político de plaza pública, plagado de frases llamativas sin una base empírica sólida.”
La exposición de motivos de la reforma laboral a menudo se lee más como un discurso político de plaza pública, plagado de frases llamativas sin una base empírica sólida. Se percibe una tendencia a favorecer una agenda ideológica centrada en el fortalecimiento de un sindicalismo que algunos consideran abusivo, atornilla a los empleados en sus cargos actuales y genera tensión en las dinámicas laborales, en detrimento de la flexibilidad y movilidad del mercado laboral. A pesar de esto, es justo reconocer que dentro de la propuesta hay elementos constructivos que, con la debida revisión y ajuste, podrían contribuir significativamente al desarrollo del mercado laboral.
Hace unos días el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la emisora Blu Radio dijo “..deberíamos tener un desempleo más bajo y por eso presentamos la reforma laboral”. Paradójicamente en meses anteriores, con la primera reforma laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez dijo que la reforma no buscaba crear empleos sino restablecer derechos de los trabajadores.
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“De manera reveladora, la exposición de motivos falla en detallar cómo la reforma generará nuevos empleos o reducirá la tasa de desempleo.”
No es necesario un consenso ministerial para discernir los verdaderos objetivos de la reforma laboral. La lectura del texto permite a cualquier analista determinar si concuerda con las metas propuestas por el ministro Bonilla. De manera reveladora, la exposición de motivos falla en detallar cómo la reforma generará nuevos empleos o reducirá la tasa de desempleo. A falta de esta explicación por parte del gobierno, estudios independientes del Banco de la República y de la Andi pronostican resultados opuestos a lo que sostiene el ministro de Hacienda.
Queda en manos del Congreso, hacer un escrutinio objetivo para no dejarse influenciar por las falacias y argumentos sin sustento de la exposición de motivos de la reforma laboral. Aunque lo mejor sería que la archivaran y le pidieran al Gobierno que la vuelva a presentar, esta vez libre de ideología, con sustento técnico serio y que aporte al desarrollo del país.
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