Un nuevo escándalo de compras favorables de inmuebles, contratos oscuros que parecen en contraprestación, y ventas benditas, vincula al copresidente del Partido Verde y candidato a la Gobernación de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y a su suegro, el ganadero de Cereté, Antonio Miguel Assis Burgos. Esta vez por una casa en Tunja.
Vamos en orden como dijo el cordobés repasando sus dominios en Boyacá.
Empecemos por la primera propiedad que conocimos. En mayo de este año la revista CAMBIO publicó que el suegro del exgobernador Amaya, quien le aportó 40 millones de pesos a la campaña presidencial en 2022 a su yerno, hizo una compra el 28 noviembre de 2019. Fue un negocio muy favorable, nada más que dos predios que eran de preservación ambiental en la parte alta de la colina que bordea el lago de Sochagota, en Paipa, Boyacá.
El señor Assis pagó 50 millones por los dos lotes que juntó y en los que empezó a construir inmediatamente una lujosa casa de 700 metros cuadrados con una vista privilegiada, pero sin la debida licencia de construcción. (Ver Anexo A)
Cuando el escándalo estalló, Amaya explicó que solo en julio de 2021 el señor Assis, su suegro, se enteró de que no había licencia porque contrató a un tercero para la construcción y este no tramitó este requisito fundamental. Posteriormente, Corpoboyacá cambió la norma, legalizando lo que ya había iniciado a las malas el señor Assis, demostrando que las leyes medioambientales no necesariamente son para los de ruana, sumercé.
No es la única compra polémica de la familia política del exgobernador. Vamos al segundo escándalo. Hace unas semanas el periodista Daniel Coronell, publicó en El Reporte Coronell de la W Radio, una investigación que establece que el 28 de noviembre de 2017, el señor Assis compró otro predio de más de cinco hectáreas, en Sutamarchán, Boyacá.
Según esa investigación, el probablemente futuro primer suegro de Boyacá logró comprar la propiedad de 53.000 metros cuadrados a la Sociedad Aposentos SAS, a un precio irrisorio de 53 millones de pesos, es decir a 1.000 pesos el metro cuadrado. Lo extraño no es solo eso, ya que tan solo cinco años antes ese mismo terreno había sido comprado por la Sociedad Aposentos por 95 millones de pesos, es decir a casi el doble del valor de lo que estaba siendo vendido al suegro del gobernador años después. (Ver Anexo B)
Fuentes de la región y conocedores del mercado inmobiliario de la zona, establecen que el terreno puede alcanzar un valor comercial de más de 1.000 millones de pesos, dependiendo de su destinación o uso, y no se explican cómo el ganadero de Cereté logró cipote gangazo.
Pero lo mejor vino después. La investigación pudo establecer que el 9 de noviembre de 2017, es decir, 19 días antes de la supercompra del señor Assis, el alcalde de Sutamarchán, Wilmer Castellanos, suscribió el convenio 1236 de 2017 con el entonces gobernador Amaya, para la entrega de 12.000 millones de pesos, con el fin de realizar la pavimentación de la carretera que pasa por Sutamarchán, Villa de Leyva, y Santa Sofía.
El proceso licitatorio tuvo varios elementos que llaman la atención, investigación de la que nos ocuparemos en otra columna, profundizando en temas como los términos de la puja, el ganador de la obra y los resultados del contrato de infraestructura. Pero por ahora solo hay que establecer que la vía pavimentada efectivamente terminó pasando por el frente de la propiedad del señor Assis en la vereda Pedregal.
Aunque Amaya asegura que pavimentar esa vía fue un compromiso ratificado desde el año 2015, cuando todavía no conocía a su pareja, la verdad es que el convenio suscrito entre el hoy representante a la Cámara por el Partido Verde, Wilmer Castellanos, y el ahora candidato a la gobernación por el mismo movimiento, Carlos Amaya, sí se firmó 19 días antes de la compra del señor Assis del bien. Dejando con esto mucho que desear en la coincidencia de las fechas, si es que se puede llamar de esa manera, que el suegro de un gobernador compre una tierra por donde la gobernación sabía que se iba a hacer una construcción para pavimentar una vía valorizando los predios aledaños. (Ver Anexo C)
Y en esto recordemos que el señor Assis es nacido y residente de Córdoba, y no había tenido ningún vínculo, inversión o propiedad en Boyacá hasta que su hija, Daniela Assis Fierro, estableció una relación con el, en ese momento, gobernador de ese departamento.
Daniela Assis también es oriunda de Cereté y estudió su carrera de medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. La pareja se conoció en 2016 cuando Daniela hacía su año rural en Tunja y el entonces gobernador tuvo un accidente y debió ser llevado al hospital. Después de dos años de noviazgo, el 7 de abril de 2018, Daniela y Carlos se casaron en una megaboda, con más de 3.000 invitados en la plaza de Villa de Leyva, para celebrar la eterna unión de esta pareja. Y por qué no, los posibles buenos negocios que vendrían para el padre la novia.
La ceremonia estuvo oficiada por el pastor Germán Javier Ramírez, del Centro Cristiano Pan Mosto y Aceite, del cual Amaya es devoto, y aunque el dato parece irrelevante en este momento, es importante que guarden el nombre del pastor, porque se hace crucial en la siguiente inversión del padre de la novia.
Por eso vamos a la tercera propiedad y este nuevo escándalo.
Mediante escritura pública No. 1246 del 27 de julio de 2018 de la notaría tercera de Tunja, el señor Assis adquirió un bien inmueble por un valor de 82 millones de pesos al señor Arledy Ramírez Pardo. Repitamos, eso fue el 27 de julio, es decir, tan solo tres meses después del matrimonio de su hija con el que manejaba la contratación del departamento.
Esa casa está ubicada en el barrio Terrazas de Santa Inés, una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Tunja. Otra gran compra, ya que actualmente ese bien inmueble de tres pisos está avaluado comercialmente en cerca de 1.000 millones de pesos. (Ver Anexo D)
Pero antes de enfocarnos en eso, vamos al vendedor. El señor Ramírez Pardo es socio de un empresario llamado Jorge Alberto Villamil Mora. Pues bien, tan sólo 20 días antes de que el señor Assis suscribiera la escritura del inmueble de Tunja a manos del señor Arledy Ramírez Pardo, su socio, Villamil Mora, suscribió un contrato por más de 3.000 millones de pesos, 3.097.894.041 para ser puntuales, con la Gobernación de Boyacá, mediante el acuerdo 1668 de 2018. El objeto de este dinero era la adecuación del entorno paisajístico y de espacio público del eje vial Paseo de la Gobernación en Tunja. Una platica importante para únicamente el paisaje.
Pero los contratos que enredan esa compra del suegro de Amaya, no solo son en tercera persona. Por el contrario, el señor Arledy Ramírez Pardo fue beneficiario, cada vez de forma más directa, de otros lucrativos acuerdos durante la gobernación de Amaya, después de la económica venta de la casa a su suegro. Vamos a eso.
El 22 de abril de 2019, la Gobernación de Boyacá asignó la obra pública número 2102, con el objeto de la terminación, mejoramiento y construcción de polideportivos de varios municipios en el departamento. El acuerdo tuvo un valor de 4.462.063.701 pesos, en una licitación con un único oferente, adjudicado a un grupo llamado Consorcio Polideportivos 2019.
¿Y a que no adivinan quién es el representante legal de ese grupo? Por supuesto, el señor Arledy Ramírez Pardo, que casi nueve meses después de la venta de su casa al suegro del gobernador, se ganó este contrato con el departamento, en donde también figura en sociedad con el señor Jorge Alberto Villamil Mora, ganador del primer contrato.
Pero ahí no termina la cosa. El 9 de diciembre de 2019 llegó otro contratico de obras públicas, número 3719 de 2019 de la Gobernación de Boyacá, que asignó otro presupuesto de 4.000 millones de pesos, 4.344.584.149 pesos para ser exactos. (Ver Anexo E)
Este acuerdo tiene la particularidad de que luego de una licitación con único proponente, fue asignado directamente al señor Arledy Ramírez Pardo, como persona natural, con el objetivo del mejoramiento del espacio público urbano en los municipios de Busbanzá, Firavitoba y Paya, en el departamento de Boyacá. Un suertudo el vendedor de la casa, que le pudo vender muy barata esa propiedad al suegro de Amaya, pero después balancear sus finanzas al ganarse más de 10.000 millones de pesos en contratos.
Pero acá la historia se pone más enredada ya que el 28 de noviembre de 2019, según la escritura 1957 de la notaría tercera de Tunja, el señor Assis Burgos, el suegro de Amaya, vendió esa casa que había adquirido hacía un poco más de un año por 82 millones de pesos, por la bicoca de 450 millones de pesos, aunque el bien podría costar el doble. El comprador fue el señor Germán Javier Ramírez.
¿Se acuerdan del pastor cristiano que casó al gobernador Amaya con la señora Daniela Assis? Es correcto. El pastor, que en paz descanse, fue el comprador de esa propiedad, cuando era pareja de la hoy viuda Nancy Dulcey Mora.
Tan sólo 8 días antes de la compraventa de esa casa, el 20 de noviembre de 2019, el entonces gobernador Carlos Amaya posesionó a la señora Nancy Dulcey Mora, esposa del pastor que lo casó con Daniela, como asesora del departamento para la primera infancia. (Anexo F)
Antes de eso, Dulcey Mora se venía desempeñando como gerente departamental de primera infancia, coordinando con el despacho de la entonces gestora social, Daniela Assis, proyectos relacionados con la construcción, terminación y dotación de parques, polideportivos, ludotecas y centros de desarrollo infantil, como los del contratista Arledy Ramírez Pardo.
Todo un círculo de contratos, favorecimientos, compraventas de bienes en condiciones envidiables en Boyacá, que han enriquecido al empresario ganadero de Córdoba, ya que después de una inversión de 185 milloncitos de pesos por estos tres bienes, ha construido un patrimonio de varios miles de millones de pesos. Todos en operaciones de las que su yerno, el exgobernador de Boyacá y ahora candidato para ese mismo puesto, asegura no haber tenido conocimiento.
Puede que eso sea cierto, de lo que no quedan dudas es que, si Carlos Amaya gana las elecciones del domingo y obtiene el control nuevamente para manejar los recursos, presupuestos y contrataciones del departamento, van a existir muchas intersecciones de esos temas que pueden seguir favoreciendo el negocio, las inversiones y el patrimonio familiar de su esposa. Por eso los votantes tienen la palabra y las autoridades la capacidad para investigar estas acusaciones y presuntos actos de favorecimiento.
