La peor y más peligrosa administración de la Procuraduría General de la Nación en la historia de Colombia, la de Alejandro Ordóñez, vuelve a la entidad en tercera persona. Esta vez en manos de su hija, que acaba de ser nombrada, sin ninguna experiencia, como procuradora judicial segunda en Asuntos Penales.
Vamos por partes, como la procuradora Margarita Cabello repartiendo puestos burocráticos a toda prisa y nombrando corbatas políticas sin parar.
María Alejandra Ordóñez Hernández es abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda. Eso y su especialización parecen ser los únicos requisitos que tiene para ocupar el cargo. Fuera de ser la hija mayor del destituido exprocurador general Alejandro Ordóñez Maldonado, y estar casada con Jorge Arturo Moncada Rojas, un exfuncionario de la entidad y sobrino del exgobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe. Mermelada por lado y lado de la tostada.
No olvidemos que la Sala Plena del Consejo de Estado aprobó el 7 de septiembre de 2016 la destitución del cargo del entonces procurador Ordóñez, luego de encontrar que su reelección se hizo de forma irregular. Esto por cuenta de que algunos magistrados de la Corte Suprema tenían impedimentos para elegirlo por tener familiares trabajando directamente con el Ministerio Público.
También recordemos, porque recordar es vivir, que recién posesionado, Ordóñez empezó a pagar con la nómina los favores de su elección. Eso no solo tenía sabor a nepotismo, sino también a corrupción. Varios allegados a congresistas y magistrados que fueron fundamentales para que llegara a su puesto fueron nombrados en importantes cargos de la Procuraduría. Tal vez el caso más emblemático fue el del procurador delegado para la Moralidad Pública, Fabio Yezid Castellanos Herrera, un hombre del exsenador Javier Cáceres, condenado por el delito de concierto para delinquir, por aliarse con paramilitares para favorecerse electoralmente. Vaya qué moralidad pública.
La administración de Ordóñez también está grabada en nuestras memorias, por convertir la Procuraduría en arma de persecución judicial de sus contradictores políticos y volcarla a la defensa de sus posiciones radicales y extremas a nivel religioso, mezcladas con sus posturas de ultraderecha política atacando derechos de la mujer y la comunidad LGBTI. Eso sin hablar de la quema de libros que lideró de obras de Gabriel García Márquez, Karl Marx y Jean-Jacques Rousseau, entre otros, por considerarlos pecaminosos y corruptores de la sociedad.
Pero volvamos a su hija, que es como regresa ese apellido y lo que representa, a la Procuraduría. La resolución número 0038, del 5 de febrero de 2024, oficializó su nombramiento como procuradora judicial II en la Procuraduría 40 Judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales. El documento está firmado por María Eugenia Cárdenas Giraldo, procuradora delegada con funciones mixtas 5 para el Ministerio Público.
Según la hoja de vida, María Alejandra Ordóñez ha sido: “asesora jurídica del nivel gerencial y directivo en el sector privado por más de cinco años, enfocados en el tema pensional y de seguridad social, manejando casos puntuales y resolución de problemas jurídicos. Asesora de organismos de control del Estado en temas disciplinarios y sancionatorios, laborales y administrativos, elaborando investigación en temas jurídicos, decisiones en derecho, proyección de fallos, sentencias, resolución de recursos y toma acertada de decisiones en derecho”. Una maravilla.
Pero una revisión metódica de eso demuestra que su real experiencia ha sido únicamente como corbata en diferentes entidades y vivir de la teta del Estado. La hija del exprocurador ha firmado la bicoca de 13 contratos entre 2017 y 2023 por cerca de 880.000.000 de pesos con entidades públicas como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y la Personería de Bogotá, entre otros. Ordóñese y cúmplase.
Estos datos se basan en los contratos registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, que demuestran que, antes de obtener el jugosito contrato en la Procuraduría, venía de ser contratista de la Registraduría, que le concedió un acuerdo el 3 de febrero de 2023, por un valor de 105.000.000 pesos.
El objeto de esta contratación directa fue “prestar servicios profesionales de asesoría y apoyo jurídico en materia laboral a la Gerencia del Talento Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con el estudio previo y la propuesta presentada por la contratista, los cuales forman parte integral del contrato electrónico”.
Ambiguo. Pero no paran ahí sus contrataciones confusas. Es más, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en 2019 que menciona a María Alejandra Ordóñez en el carrusel de contratos de la Federación Nacional de Departamentos, FND, bajo la dirección de Carlos Camargo Asís, hoy defensor del Pueblo.
El contrato de prestación de servicios número 364 del 20 de septiembre de 2018 ejecutado por la firma Ordóñez Hernández Abogados SAS, de María Alejandra Ordóñez, tuvo como objeto “prestar sus servicios de asesoría a la subdirección de gobierno y regiones, para brindar acompañamiento jurídico a los departamentos frente a la normativa administrativa y disciplinaria, así como en la adopción de mecanismos efectivos y verificables en cuanto a la prevención del daño antijurídico”. Todo eso por la módica suma de 36 millones por mes. Un gangazo.
Y así sigue la cosa cuando vemos que la empresa Ordóñez Hernández Abogados SAS celebró otros tres contratos en 2019 con las gobernaciones de Bolívar y Santander y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, por 70 milloncitos, 65 palos y 36 melones, respectivamente. ¿Los objetos? Cada uno más ambiguo y confuso que el otro, siendo el primero para el apoyo a la gestión y los otros dos para capacitación a los funcionarios. Los cursos seguro empezaban en su primer módulo con el seminario: cómo vivir exitosamente de los presupuestos del Estado sin tener la experiencia para hacerlo.
Por eso vamos a la platica que le va a pagar la Procuraduría ahora a su nueva funcionaria. Según la escala salarial de la división de Gestión Humana de la entidad, un procurador judicial II grado 3PJ-EC, el cargo de María Alejandra Ordóñez, tiene una asignación básica mensual de 13.192.245 pesos, una prima especial de servicios de 3.957.874 pesos y una bonificación de 15.628.003 pesos para un salario total de $32.777.923 pesos al mes. Nada mal. Nada mal resulta ser la delfina de Ordóñez.
El problema es que el nombramiento ha generado resquemores en la institución ya que, según una alta fuente que pidió guardar su identidad para no ser víctima de retaliaciones, “María Alejandra no tiene nada de experiencia necesaria para ese cargo y mientras tanto hay personas mucho más preparadas de carrera meritoria en la entidad que se están ganando mucho menos y no se les da la oportunidad. Fuera de eso no tenemos cómo imprimir, ya que en la Procuraduría en este momento no hay contrato de impresoras por una mala gestión, pero la plata se gasta en las amigas contratistas y no en lo que necesitamos para llevar a cabo nuestras funciones”.
Esto deja claro que en el tiempo que lleva Margarita Cabello como cabeza de la Procuraduría, ha parecido seguir el mismo patrón clientelista de su antecesor y exjefe, Alejandro Ordóñez. Siguiendo el modelo de contratar familiares y fichas de políticos, clanes, antiguos magistrados y funcionarios del gobierno, como la doctora María Alejandra.
Eso no sería más que una anécdota dentro de una tragicomedia, sino es porque la misión de la Procuraduría es ser la entidad guardiana del cumplimiento de los fines del Estado. Entre ellos, vigilar a sus funcionarios y reclamar de ellos un comportamiento ético, de altos valores y principios. De pronto deberían empezar por una autoevaluación y todo parece indicar que, al menos en el papel, la hija de Ordóñez les puede dar la capacitación para eso. En la práctica es obvio que no tanto. En especial, si no hay manera ni siquiera de imprimirlo.
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