Más allá de si hay o no evidencias para llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se le sigue por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal, no cabe duda de que lo ocurrido en este caso dejó en entredicho la credibilidad de la Fiscalía dirigida por Francisco Barbosa.
Como todo el país conoce, el ente acusador ha insistido ante la justicia ordinaria -a donde llegó el proceso cuando Uribe renunció a su cargo de senador- en que se cierre la investigación contra el exmandatario por supuestos sobornos a paramilitares presos -a través del abogado Diego Cadena-, a cambio de que se retractaran de acusaciones en su contra.
Lo cierto es que dos jueces coincidieron en que la solicitud de la Fiscalía ha carecido de fundamentos.
¿Le falta rigor investigativo a la Fiscalía, como lo sugieren los fallos que pidieron no cerrar el proceso, o el organismo actúa en este caso con sesgo político, como sugieren otros?
En cualquiera de las dos situaciones, la confianza en la Fiscalía queda fracturada.
Frente a una institución cuya principal tarea es investigar para determinar la responsabilidad penal del supuesto implicado en un delito -sea quien sea-, no es un detalle menor que dos jueces –la juez 41 de Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá- encuentren infundada la solicitud del organismo a cargo de Barbosa.
En mayo pasado, cuando negó el cierre del proceso contra Uribe, la juez 41, Laura Barrera, indicó que había elementos “con probabilidad de verdad” sobre la presunta responsabilidad del expresidente en los sobornos.
Y la semana anterior, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Andrés Guzmán, señaló, al rechazar la segunda solicitud de preclusión, que la Fiscalía no ha logrado desvirtuar las pruebas centrales contra el exmandatario. Es decir, para los jueces la Fiscalía no ha hecho bien su tarea.
Para otros, lo que ha hecho el organismo acusador es dilatar el proceso para que prescriba una eventual acción penal contra Uribe.
Y si la falta de fundamentación de la Fiscalía en el caso y su aparente estrategia dilatoria obedecen a un sesgo político, triste legado el que está dejando Francisco Barbosa como fiscal general de la nación.
Es imposible pasar por alto la amistad de Barbosa con el expresidente Iván Duque, quien lo ternó a la Fiscalía y le allanó el camino para que fuera elegido por la Corte Suprema de Justicia. También es inevitable recordar que Duque se convirtió en presidente por el impulso que le dio Uribe.
Hace rato que los colombianos perciben que algo no anda bien en la Fiscalía de Barbosa. Bajo su gestión como fiscal general, el organismo investigador alcanzó el punto más alto de opinión desfavorable, como lo mostró la encuesta Invamer de agosto de 2021, cuando la institución alcanzó una desfavorabilidad del 72 por ciento, algo nunca visto.
Si bien la credibilidad de la Fiscalía viene en descenso desde 2016, cuando la dirigía Néstor Humberto Martínez, la encuesta Invamer sigue mostrando que Barbosa no solo no pudo recuperar la confianza en la institución, sino que ha terminado por darles la razón a quienes desconfían hoy de la imparcialidad del organismo de investigación.
En el último año, la desfavorabilidad de la Fiscalía a cargo de Barbosa se ha mantenido por encima del 50 por ciento y ha llegado hasta a un 63 por ciento, de acuerdo con la encuesta de Invamer.
Está claro que recuperar la confianza del país en esa institución será una de las principales tareas de la próxima fiscal general de Colombia.
