La estanflación es una situación económica en la que coinciden tres problemas: inflación alta, crecimiento bajo y desempleo elevado. Lamentablemente este nocivo fenómeno sucederá (y ya se está comenzando a ver) en Colombia en los próximos meses.
La inflación ha cedido un poco en los pasados cinco meses pero aún supera el 11 por ciento y para fines de año se estima que estará alrededor del 9 por ciento (el triple del nivel aceptable). El desempleo se ha reducido a un dígito pero lo más probable es que por la desaceleración económica suba de nuevo por encima del 10 por ciento. Y el crecimiento anualizado del PIB este trimestre será cercano al 0 por ciento, con proyección de apenas 1.0-1.5 por ciento en 2024.
Son múltiples las causas que nos conducen a la estanflación. En materia del costo de vida bien es sabido que los principales culpables son la guerra en Ucrania –que ha producido alzas en la energía y algunos alimentos, las dificultades climáticas- que han perjudicado la producción en los campos, y los graves daños en infraestructura clave -que han encarecido el transporte. En cuanto al desempleo, Colombia no está generando suficientes puestos de trabajo, especialmente en el sector privado (la mayoría de los nuevos son en el sector público y en autoempleo). Esta grave falla en el mundo laboral obedece a que no hay inversión cuantiosa (pública y privada, nacional y extranjera) que sea la fuente de los empleos que necesitan más de 2,4 millones de ciudadanos. El actual bajo nivel de la inversión (la pública está al 60 por ciento de la registrada antes de la pandemia, y la privada está semiparalizada por la incertidumbre originada en las reformas) explica parte de la desaceleración actual pero sobre todo tendrá sus peores consecuencias en los años venideros.
¿Qué se puede hacer para que la estanflación sea leve y se supere lo antes posible? El Gobierno tiene que acelerar el ritmo de inversión, los datos de ejecución del presupuesto son mediocres (lo más lamentable es que no es por falta de plata – hay más de 60 billones de pesos disponibles en las arcas estatales). Y el presidente Petro debe concertar las reformas de la salud, pensional y laboral, con las diversas fuerzas políticas y el empresariado, para que su versión final tranquilice a los inversionistas nacionales y foráneos, hoy con razón muy preocupados por varios errores serios en el diseño de esas iniciativas. Sin que se despejen esos densos nubarrones de desconfianza, la inversión privada -que es el motor del progreso económico y social–, la economía no despegará.
Por otra parte, el Banco de la República debe –lo antes posible– comenzar a reducir el costo del dinero. Su tasa de interés pasó del 2 por ciento en octubre de 2021 al 13,25 por ciento actual. Un incremento enorme en un lapso de tiempo breve. Tuvo que hacerlo para enfrentar la elevada inflación que se desató por las razones ya descritas y para frenar el excesivo ritmo de consumo de los colombianos en pospandemia. Pero el Emisor tiene que tener muy en cuenta en sus análisis técnicos que dicho encarecimiento del dinero está haciendo mucho daño a las finanzas de las empresas (en especial de las medianas, pequeñas y micro, que son el 99,5 por ciento de los negocios del país). Decir esto (como bien lo hicieron el ministro de Hacienda, la Andi y Asobancaria) no es atentar contra la (conveniente) independencia del banco central sino alertar sobre las probables consecuencias nefastas en la solvencia de empresas y bancos por una eventual demora excesiva en el descenso de la tasa de intervención.
