El presidente Petro durante la campaña se comprometió bajo juramento que se abstendría de aplicar la expropiación en cualquiera de sus formas o modalidades. Ese compromiso, sin duda, tuvo el efecto de que muchos ciudadanos que sentían la necesidad del cambio, pero que temían que el entonces candidato, al llegar a la Casa de Nariño afectara el derecho a la propiedad privada y a la actividad empresarial, decidieran finalmente depositar su voto por el Pacto Histórico. En la Notaría 17 del Círculo de Bogotá reposa un documento juramentado que entre otras cosas dice:
“Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. NO expropiaré. NO voy a expropiar nada ni a nadie. Invito al resto de los candidatos presidenciales que juren que NO expropiarán. Y que no expropiarán con acciones ni con omisiones”.
Ese compromiso empieza a resquebrajarse en muchos frentes de la actividad privada, sin duda por acción -como es el caso de la ministra de Agricultura que acudirá a ese instrumento- pero ante todo por omisión. El Gobierno se ha dedicado a una estrategia de no cumplir con sus obligaciones financieras y contractuales con muchas empresas, llevándolas al borde de la quiebra. De seguir así, caerán en manos del Gobierno por colapso de sus ingresos y su imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Se trata de una ingeniosa modalidad, expropiación por inanición.
El Gobierno no hace ningún esfuerzo para esconder la innata desconfianza, incluso se podría llamar desprecio, hacia la economía de mercado. Petro considera una herejía que existan proveedores privados responsables de suministrar bienes y servicios a la ciudadanía. Así lo demostró en la alcaldía cuando intentó reemplazar servicio privado de recolección de basuras por una entidad pública que resultó siendo un disparate.
En la mira tiene al sector de la salud, al de las pensiones, la generación y distribución de energía eléctrica, los servicios públicos, la construcción de infraestructura, el mercadeo agropecuario, el acceso a la tierra, la vivienda popular… Los intentos por llevar a la esfera estatal a estos sectores han sido evidentes.
Al congelar los peajes en las vías concesionadas se está asfixiando a las operadoras. No nos extrañe que muchas de las concesionarias devuelvan las vías, demanden al Estado y se olviden de considerar cualquier futura inversión en infraestructura. No nos olvidemos que Petro cree que con esa política “se tiran un poco de plata en unas 4G de autopistas que solo sirven para importar productos para matar la producción nacional”, y que al final solo benefician al gran capital en Colombia. Según un estudio de Fedesarrollo, el monto adeudado en 2023 serán 800.000 millones de pesos y en 2024 acumularía 1,8 billones de pesos. Esos recursos no se ven por ninguna parte ni en el presupuesto ni en la reciente adición.
El Gobierno buscó asumir las funciones de control de precios de la energía, afortunadamente su intento de dominar la CREG ha sido truncado por el Consejo de Estado, por ahora. Si se mira el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra que está salpicado de intenciones para marchitar la presencia del sector privado en la generación y distribución de energía. También a Ecopetrol se le asigna un nuevo rol de gran actor de la transición energética y se prevé que sea un poderoso actor integrado verticalmente del sector eléctrico.
El gremio de los distribuidores de energía, Asocodis, manifiesta su preocupación por que a pesar de que en la adición presupuestal se incluyeron algunos recursos para pagar los subsidios a los estratos vulnerables, estiman que quedarían con un déficit de 1.4 billones de pesos para el resto del año.
Al suspender la exploración de petróleo y al incrementar los impuestos sobre la actividad de producción de hidrocarburos también está dejando sin oxígeno a quienes tienen contratos vigentes. Ya van más de seis compañías que han devuelto sus bloques a Ecopetrol y han abandonado el país. Aun cuando se argumenta que esa política se inspira en promover la transición energética, el resultado final va a ser una mayor estatización de la actividad petrolera.
El presidente Petro concentra en el sector salud su mayor animadversión, un sector privado suministrando bienes y servicios públicos. Ya se conoce bien el fallido (hasta ahora) esfuerzo por desmantelar las EPS a cargo de la exministra Corcho. Ante la imposibilidad de lograr su objetivo, el Gobierno ha optado por matar de hambre no solo a las EPS sino también a hospitales, laboratorios, proveedores… La presidente de Acemi, Paula Acosta, dice que “tenemos una gran preocupación. Estimamos que son cerca de 10,45 billones de pesos los que se requieren en la adición para hacer el cierre financiero de este año”. Y el Gobierno no mostró ninguna voluntad para que esos recursos aparecieran. Germán Vargas Lleras dice en una columna reciente: “Me gustaría creer que la situación actual no obedece a una decisión deliberada del Gobierno para imponer un sistema totalmente estatista, pero cuesta creer que tanta incompetencia e irresponsabilidad puedan darse sin el propósito de destruir el actual”.
A muchos analistas les cuesta trabajo creer que esta ofensiva para derrumbar el sistema mixto de provisión de bienes y servicios públicos, asfixiando a las empresas privadas, sea gratuito. Parecería más bien que estamos ante una política de expropiación disfrazada de omisión.
Twitter: @gabrielsilvaluj
