Durante los primeros meses de este gobierno, alentados por las palabras del presidente Petro, se dispararon las tomas de tierras no solo de “latifundistas” sino también de campesinos y afros. Muchos de esos intentos de usurpación estuvieron liderados por despojadores profesionales. No fueron pocos los muertos que puso esa oleada de invasiones. La ofensiva violenta no cedió hasta que la ministra Cecilia López dejó en claro que no se iba a tolerar y que esa no era la vía para la reforma agraria.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, contribuyó al apaciguamiento de esa ofensiva invasora al poner a disposición de la reforma agraria tres millones de hectáreas de los ganaderos. A este compromiso se le sumaron otros sectores agropecuarios. Esas ofertas hicieron evidente que buena parte de los“latifundistas”no tienen ninguna intención de enfrentar, resistir o boicotear la reforma agraria. Obvio, en la medida en que ese proceso se haga consensuadamente y de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Aquello que nadie esperaba es que el área ofertada supera con creces la capacidad presupuestal y de ejecución del Ministerio de Agricultura como lo reconoció el propio gobierno.
Esto es clave para comprender las verdaderas intenciones del giro que se le dio a la política agrícola con la llegada de Jhenifer Mojica al Ministerio de Agricultura. En el curso de pocas semanas el gobierno ha anunciado tres propuestas que evidentemente rompen radicalmente con el modelo de construir la reforma agraria desde la concertación y el respeto a la propiedad privada.
La primera propuesta, amparada en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que fue incluido mediante extrañas maniobras procedimentales, permite la expropiación “exprés”. En esencia, lo que hace este proyecto de decreto es generarle nuevas causales a la figura de extinción de dominio que en la práctica la vuelve una herramienta de expropiación sin indemnización. La exministra Cecilia López, que nadie puede acusar de reaccionaria o conservadora, afirmó que ese es“un procedimiento riesgoso”, uniéndose a muchas voces que señalan que no solo es inconstitucional sino que además deja sin garantías jurídicas a los propietarios.
El artículo cuarto de la norma crea una nueva causal de extinción de dominio que le permite a la Agencia Nacional de Tierras tomarse el predio por no cumplir con una difusa categoría de áreas o zonas de protección para la producción de alimentos (APPA o ZPPA). Es decir, el Ministerio de Agricultura mediante una resolución -a discreción de la Señora ministra- puede definir cuáles son esas áreas que a su vez se vuelven sujeto potencial de la aplicación de la extinción de dominio. Es decir, la señora ministra podrá definir a dedo qué es lo que quiere expropiar si no cumple, según su criterio, con el objetivo de contribuir al etéreo concepto de la“seguridad alimentaria”.
La arbitrariedad y el propósito ideológico y punitivo con que la señora ministra piensa manejar la creación de las ZPPA queda en evidencia con el más reciente proyecto de resolución que puso a circular su despacho. En esa resolución se establece que:
Artículo 1. Declaración. Declarar Zona de Protección para la Producción de Alimentos, la provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca, conformada por los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
Es decir, la ministra escoge como primer objetivo de su herramienta de expropiación exprés la zona de expansión urbana del norte de Bogotá donde, se imagina uno, presume están las propiedades de los más pudientes de la capital. En el área escogida por ella no hay ninguna evidencia de conflictos de tierras y tampoco existe una presencia campesina socialmente relevante. Es en esta zona en la que está asentada la agroindustria de exportación (flores, follajes, vegetales, bayas) y en la que se han consolidado los nuevos polos de reindustrialización. A lo que hay que adicionarle que la resolución, además, es una flagrante usurpación del poder de los municipios y la CAR para ordenar el territorio.
¿Qué pudo llevar a que la ministra Mojica escogiera a la sabana de Bogotá como primer objetivo para desplegar sus nuevas herramientas de reforma agraria? Sorprende aún más cuando al mismo tiempo pasó por alto los miles de puntos del territorio nacional en los que sí existe una urgencia evidente de intervenir la distribución de la tierra para resolver situaciones de conflicto, injusticia y apremio social. Es tan irracional la decisión que no queda otra opción que concluir que su intención es la de alimentar la lucha de clases y crear conflictos de tierras donde no existen.
Finalmente, la otra pieza de este rompecabezas es el proyecto de decreto“por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”. Allí se establece que todas las entidades administrativas deberán apoyar la creación de “asambleas campesinas por la tierra” y comités municipales para la reforma agraria, en defensa de la política de tierras y para vigilar la implementación de las herramientas arriba descritas.
El gobierno justifica este proyecto de decreto diciendo que lo único que está haciendo es garantizar el derecho constitucional a la movilización social y a la protesta. La lectura alternativa es que no está garantizando los derechos sino promoviendo la agitación social y alimentando el conflicto en el campo. Además de crear oportunidades para que la guerrilla penetre el movimiento social.
Cuando se suman las medidas anunciadas por la ministra Mojica es difícil evitar concluir que el propósito del gobierno va mucho más allá que el apoyo a la reforma agraria. Todas las medidas descritas apuntan a que el gobierno propiciará y permitirá una oleada de conflicto de tierras en todo el país. Si a eso se le suma que el presidente Petro ha hablado reiteradamente de gobernar desde asambleas populares, sin reparar en la separación de poderes no puede uno menos que preguntarse si lo que está ocurriendo no es más bien la promoción de la insurrección por decreto.
