Después de un fin de semana lamentable con conflictos crecientes en el mundo, quiero llamar su atención sobre tres temas. Lo primero es la naturaleza del conflicto armado en Colombia y su repercusión ambiental; lo segundo, la oportunidad de una política de paz que incluye lo ambiental en el centro y por último, la reciprocidad internacional necesaria para evitar su expansión.
Como este Consejo sabe, la falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y, en particular, la falta de llegada del Estado a los territorios antes controlados por las FARC-EP, ha tenido como consecuencia la ocupación reciente de los territorios por parte de diferentes grupos armados. Esta proliferación de grupos está relacionada también con la existencia de fuentes de recursos que generalmente se encuentran en áreas de comunidades locales o zonas de conservación que nutren sus ejércitos.
En este contexto, desde la firma del Acuerdo de Paz, casi un millón de hectáreas han sido deforestadas en una de las zonas mas biodiversas del planeta (aproximadamente la cuarta parte del tamaño de Holanda).
La degradación ambiental también está asociada a las actividades llamadas legales, que en algunas zonas hacen sinergia con estas formas de cooptación territorial que evidencian nuevas alianzas de grupos armados, políticos regionales, inversionistas privados y mercados internacionales. La sobreposición de actividades agropecuarias, de infraestructura, petróleo, o minería de gran escala, con las áreas de economías ilegales, no es casual, y nos permite ver la complejidad del conflicto.
La deforestación se concentró en tierras públicas, territorios indígenas y las áreas protegidas. 1,2 millones de vacas fueron ubicadas en tierras apropiadas y deforestadas de la Amazonia, impactando los derechos de comunidades campesinas sin tierra, así como los bosques y la biodiversidad. Lo documentado en Brasil y Bolivia por el Panel Científico de la Amazonia muestra tendencias regionales. Creemos que no es suficiente con la reglamentación de la Unión Europea, Estados Unidos o Reino Unido. Otros grandes mercados internacionales aun no ayudan en esta tarea.
La amenaza y desplazamiento de funcionarios de Parques Nacionales en 10 millones de hectáreas desde hace varios años, así como la concentración de minas antipersonales generando confinamientos inhumanos y territorios inhabitables para el futuro, son ejemplos concretos de los grandes intereses que amenazan los territorios.
Lo anterior deja un escenario muy difícil para los defensores ambientales civiles y públicos, así como de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Colombia presenta una de las tasas más altas del mundo en muertes y amenazas de defensores ambientales y de territorios, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para avanzar en la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú.
Aquí vale la pena resaltar la oportunidad que presenta la política de paz del gobierno colombiano, de proponer el tema ambiental en el centro de la agenda de los diálogos de paz. Por primera vez, en la historia de los diálogos de paz en el país, se ha definido el eje ambiental como un elemento estructural para lograr una paz que incluya el ambiente como víctima, pero también como elemento de transformación para un futuro sostenible del país.
En la Agenda de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha acordado propiciar la participación de la sociedad en la discusión sobre la problemática ambiental, así como en plantear las transformaciones que se requieren para llegar a su recuperación y bienestar para toda la población.
La inclusión en la agenda de un capítulo dedicado al ambiente como víctima, resalta que Colombia ha reconocido la importancia del ambiente como derecho colectivo y por tanto a ser reparado, restaurado y privilegiado en la acción gubernamental y civil. Reconoce, además, que tanto Estado como sector privado y grupos armados, han generado impactos ambientales que deben ser reconocidos y reparados. Algo inédito en el mundo, lo cual da fiel testimonio del reto de avanzar en este proceso de diálogo.
Una noticia que es importante de resaltar, es la oportunidad y reto que se abre con otros grupos ilegales, como el Estado Mayor Central (EMC), directamente asociados a la deforestación en la Amazonia, y que han mostrado una intención de discutir este aspecto, así como la frontera agropecuaria, los territorios indígenas, y las áreas protegidas. El tránsito hacia una presencia del Estado en su conjunto, con apoyo a las poblaciones locales, y ojalá el acompañamiento de la Misión de Verificación de ONU, serán un punto esencial en ese diálogo político con el EMC, que puede ser el camino más fuerte a su transición política.
El precio del oro ha aumentado en un 118 por ciento desde 2008, y sus consecuencias se ven en estas tierras olvidadas por la humanidad. Las rentas de estos negocios pasan por sistemas de lavado de activos, que podrían ser rastreables entre países compradores y productores. El papel de las empresas privadas debe ser revisado, pues podrían estar jugando un papel clave en esta operación.
Otro caso que alimenta la guerra y destruye el ambiente y las comunidades locales es el de minerales como el coltán. Los usos en tecnologías de comunicaciones, entre otros temas, auguran una demanda de largo plazo; varios países con economías poderosas están interesados. ¿Cómo lograr un acuerdo que no perjudique esas zonas aún intocadas de nuestro planeta? Igual con el carbón y otros minerales de la transición energética.
Los diálogos de paz han incluido sectores de comunidades que se sienten afectadas por la industria de hidrocarburos, así como las asociaciones de empresas petroleras y mineras, en la búsqueda de acuerdos y consensos que nos permitan llegar a un futuro posible.
En el contexto fronterizo hay señales de alarma. Hoy, lastimosamente vemos cómo en la frontera con Ecuador, el narcotráfico se asienta con violencia inusitada; en la frontera con Perú, la minería ilegal avanza, junto con el reclutamiento de jóvenes indígenas, y la instalación de cultivos industriales de coca, buscando rutas hacia Europa. En la frontera con Brasil, enjambres de dragas pagan tributos a grupos armados ilegales. En la frontera con Venezuela, diversos grupos ilegales impactan territorios indígenas y protegidos del Orinoco en busca del oro y las rutas de la coca en Catatumbo y Golfo de Maracaibo. Se cierra el circuito, en la frontera con Panamá, donde se da la mayor migración de América, que es controlada por grupos armados.
Es decir, la paz en Colombia afecta el continente y el mundo, y la reciprocidad es más urgente que nunca. Los presidentes de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), llamaron la atención a ese respecto en Belem do Pará, Brasil, este año. Las democracias y el ambiente están en riesgo cada vez mayor.
*Presentación, como parte de sociedad civil , en el Consejo de seguridad (9434) de la ONU a propósito del informe de monitoreo y Verificación en Colombia . 11 de Oct 2011.
