El Gobierno nacional tiene una agenda reformista y de “paz total” a la que le apostó todo su capital político y a la cual le ha dedicado todas sus energías. Se podría decir sin exageraciones que el presidente Petro ha abdicado sus demás responsabilidades administrativas y ejecutivas para dedicarse obstinadamente a lograr la aprobación -o imposición- de los proyectos de ley bandera de su gobierno.
Los proyectos de ley presentados han despertado inmensos cuestionamientos por parte de la opinión pública. Igualmente, muchos expertos han demostrado -con sesudos análisis técnicos y fiscales- la inconveniencia de esas iniciativas. La creciente impopularidad que sufren el presidente y su administración tiene mucho que ver precisamente con las inquietudes y angustias que han despertado sus proyectos de ley.
La “paz total” también ingresa a la agenda legislativa. El gobierno se verá obligado a intentar aprobar una ley de sometimiento a la justicia si desea avanzar en la negociación con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Y posiblemente también tendrá que buscar aprobación del Congreso para su idea de entregar dineros y responsabilidades de contratación y administración de recursos públicos al ELN. Así las cosas, al Poder Legislativo le correspondería, por definición, la misión histórica de examinar con lupa los proyectos y trancar sin terquedad todos aquellos cambios que a criterio de la opinión y los expertos van a generar colapso y caos.
En dos semanas, cuando se reabra el Congreso, reinicien los debates y comiencen las sesiones volverá la arremetida por parte del Ejecutivo. Ya se ve cómo se alistan la artillería pesada para avasallar la libre deliberación del legislativo. Bajo el comando táctico del ministro del interior, Luis Fernando Velasco, se están acumulando puestos, partidas, departamentos administrativos e instituciones como fichas en el tablero de la negociación con los partidos y parlamentarios. Incluso se está barajando la posibilidad de un cambio de gabinete, si llegase a ser necesario, para lograr el objetivo de pasar la reforma a la salud, la pensional, la laboral, la educativa -además de la de sometimiento- que parecen ser las prioritarias.
¿Será el Congreso de la República capaz de estar a la altura de semejante desafío? Todo parecería indicar que no va a ser así. Aunque el país aplaudió la capacidad del Congreso para hacerle contrapeso a las pretensiones del Ejecutivo, en la legislatura del 2022-2023, eso cambió radicalmente en el primer semestre del periodo en curso.
Son muchas las razones que incidieron en el cambio de actitud. Unas son tácticas. Por ejemplo, abandonar el recinto en el momento de la votación. Así, los legisladores se lavan las manos como Pilatos: mantienen la fachada de que se oponen, pero al mismo tiempo con su ausencia son instrumentales para su aprobación. Otras son pura y física mermelada. Sin embargo, existe una poderosa motivación que es la que más invocan in-pectore los legisladores para justificar el abandono de sus responsabilidades parlamentarias.
Muchos congresistas han renunciado a ejercer una actitud crítica y severa en la revisión de los proyectos del gobierno, incluso en contra de sus convicciones y de la posición de su propio partido. Y lo hacen sin reato de conciencia escudados en la peligrosísima tesis de que no importa qué es lo que votan porque “las cortes” o “la justicia” se encargarán de enmendar los yerros. Es decir, los parlamentarios están abandonando las responsabilidades que les asigna la Constitución para poder cobrar la mermelada, impunemente. El poder legislativo se está escondiendo bajo las faldas de la justicia para evitar asumir sus obligaciones.
Pero no solo es el legislativo el que ha tomado este camino. El gobierno también está apelando al mismo juego. Ante las dificultades que ha experimentado para pasar iniciativas en el Congreso, el gobierno ha optado por otro camino que también termina obligando a la justicia a cuasi-legislar. Apalancado en el concepto de que el Plan de Desarrollo permite desarrollar todas las iniciativas allí mencionadas, se están ahorrando el paso de desarrollos legales indispensables. Naturalmente, tarde o temprano esas extralimitaciones caerán en manos de la justicia, forzando a las cortes, otra vez, a actuar para enderezar los entuertos. Esto ocurre por falta de control político del parlamento que no tiene interés alguno en complicarse la vida y perder mermelada confrontando la amplia discrecionalidad legislativa de la que se ha apropiado el Gobierno nacional.
El Congreso desertó de sus obligaciones para pasarle la pelota a la justicia y así quedarse con el pan y con el queso. Pero no solo son los parlamentarios. En las juntas directivas de los gremios y en los salones se dice con resignación “estamos en manos de las cortes”. De esa manera se exime a los líderes sociales, dirigentes gremiales, y a los ciudadanos preocupados, de ejercer el valor civil que les corresponde en momentos críticos de la Nación. Y al poder judicial le caen todas las culpas de lo que pase o no pase con el devenir del país.
Twitter: @gabrielsilvaluj
