Los narcotraficantes de las disidencias de las Farc, y su negocio criminal, han sido los grandes beneficiados con la operación de encubrimiento de la Fiscalía en la investigación en contra de Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo. Martínez es el antiguo director del CTI de Buenaventura y quien fue capturado esta semana, señalado de integrar una banda de contrabando y narcotráfico.
Así lo deja concluir un informe de inteligencia militar, rotulado “secreto”, y elaborado el 10 de mayo de 2022 por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No.4 en Puerto Tejada, Cauca. El documento está firmando por el teniente coronel Oscar Fernando Reyes y dirigido al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI. Una entidad que tenía a Pacho Malo como importante funcionario, de día, y como líder de banda de contrabando y narcotráfico con operaciones en el puerto de Buenaventura, Medellín y Bogotá, de noche.
Lo más preocupante de este escándalo es que, pese a que existen pruebas, testimonios, grabaciones y documentos que demuestran la presunta culpabilidad de Pacho Malo desde el año 2021, también existen pruebas, testimonios, grabaciones y documentos que demuestran que la Fiscalía, como institución, y la entonces vicefiscal y hoy fiscal encargada Martha Mancera, como funcionaria, protegieron a Pacho Malo por acción y omisión. El escándalo es circular.
Vamos por partes, como la fiscal encargada Martha Mancera, diciendo mentiras y cerrando investigaciones que la involucran a ella o a sus amigos cercanos.
Pacho Malo coordinaba y lideraba un equipo de Policía Judicial del CTI, lo que le daba acceso a información privilegiada sobre las investigaciones en el Litoral Pacífico y las operaciones en el puerto de Buenaventura. Con esa posición, era un contacto clave en operaciones de tráfico de armas y narcotráfico que pasaban por la zona.
Recordemos que el 25 de marzo de 2021, repitamos esa fecha: el 25 de marzo de 2021, el investigador del CTI Mario Fernando Herrera presentó un informe al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Jaime Hernán Ocampo, en el que detalló las actividades criminales de narcotráfico de alias Pacho Malo en Buenaventura. Eso fue hace casi tres años.
El documento que publicó la revista Raya establece que el entonces director del CTI en el puerto cobraba “entre 8 y 9 millones de pesos por un kilo de cocaína montado en un container”. Ocho a nueve millones de pesos por kilo.
También hay dos informantes cuya identidad está protegida por ley, pero es conocida por la Fiscalía, cuyas revelaciones establecen que Pacho Malo coordinaba el servicio de contaminación de los contenedores para exportar cocaína a Guatemala, México, España y Francia y que cada cargamento era de 40 a 300 kilos. Hagan las matemáticas. Rico McPacho.
El resultado del informe de Mario Fernando Herrera: su muerte. El técnico investigador de la Seccional de Fiscalías de Caldas, que realizó el documento, fue asesinado a manos de las disidencias de las Farc como consecuencia de su denuncia. El segundo resultado, es que la entonces vicefiscal general, Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, ignoró el reporte y ha mentido durante dos años en cuanto a que no conocía ese documento. Por lo cual, debe ser investigada por el delito de omisión de denuncia, agravado por tratarse de narcotráfico.
Pero sigamos porque no para ahí la operación de encubrimiento. Como lo reveló el periodista Daniel Coronell el 19 de noviembre de 2023, dos agentes del CTI, los señores Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León, que tenían la misión de infiltrar organizaciones criminales para desarticularlas, descubrieron las presuntas actividades delictivas de Pacho Malo y las pusieron en conocimiento de la entonces vicefiscal general, Martha Mancera.
La respuesta no se hizo esperar. A Pacho Malo no le pasó nada, mientras que la hoy fiscal encargada Mancera arrancó una persecución laboral y judicial en contra de los funcionaros que hicieron la denuncia. Por eso fueron trasladados hacia regiones lejanas y les abrieron un proceso como presuntos autores de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, falsedad en documento público y fraude procesal.
Fuera de eso, un agente del CTI de la Fiscalía, Víctor Alfonso Forero Cortés, muy cercano a la en ese momento vicefiscal Mancera, presionó a sus compañeros Bolaños Salas y González León para que cambiaran la declaración que implicaba en las actividades de narcotráfico con organizaciones criminales a Pacho Malo y borraran su nombre del reporte. Como dice el refrán español: “Más Malos que carne de pescuezo”.
El agente Forero, además de tener un cargo destacado dentro del CTI, ha sido compañero sentimental de Luisa Obando, fiscal delegada para la seguridad territorial, mano derecha de Martha Mancera y quien estuvo presente en la primera reunión de los agentes Pablo Bolaños y Fabio González con la entonces vicefiscal y hoy fiscal general encargada. Muy grave.
Por eso volvamos al reporte de inteligencia militar desconocido hasta ahora. Bueno, de pronto conocido y engavetado por la fiscal encargada Martha Mancera, junto a la otra evidencia. El informe establece que son, nada más ni nada menos, las disidencias de las Farc las que hacen negocios y controlan el comercio ilegal del puerto de Buenaventura. El escándalo no para ahí, son tan descarados que lo hacen vistiendo camuflado, portando fusiles y coordinando con agentes y operadores del Estado, como Pacho Malo.
“Se tiene conocimiento de la presencia constante que han venido realizando sujetos sin establecer mando e identificación, vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, portando armas largas tipo fusil, quienes al parecer serian integrantes del GAOr estructura Adán Izquierdo y estarían vinculados a la Comisión de alias Giovanni o el Indio”.
Según la investigación, se trata de una estructura compuesta por personal exintegrante de los Bloques Occidental y Comando Conjunto Central de las antiguas Farc, con amplio conocimiento del terreno y del entorno operacional en la zona. Según la fuente militar en la que se basa el documento, “estos sujetos, además, realizan el cobro de extorsiones a finqueros y comerciantes, y ejercen control sobre el corredor de movilidad empleado para desplazar estupefacientes desde el departamento del Tolima hacia el Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura”.
El comandante del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No.4 que firma el informe, concluye que estos grupos tienen depósitos ilegales de armas y de narcóticos en el Valle del Cauca y que manejan el tráfico, producción y comercialización de drogas ilícitas gracias al apoyo de autoridades locales.
Pues bien, recordemos el reporte del 25 de marzo de 2021, mencionado al inicio de esta columna, que fue elaborado por el investigador del CTI Mario Fernando Herrera y que le costó su vida. Como se dijo, fue este componente armado de las disidencias de las Farc conocido como GAOr estructura Adán Izquierdo, el que asesinó al investigador Herrera por detallar las actividades criminales de narcotráfico que involucraban a alias Pacho Malo con esta organización criminal.
La evidencia actual y los reportes periodísticos han demostrado que la actual fiscal general encargada, y funcionarios allegados a ella, como Víctor Alfonso Forero, hicieron todo lo posible para que no se judicializara a Pacho Malo. Lo cual, únicamente, favoreció a las estructuras criminales como las disidencias de las Farc, para que fortalecieran su negocio de narcotráfico por medio del uso del puerto de Buenaventura.
Ahora que Pacho Malo está preso y la Fiscalía se dispone a procesarlo, quizás sea conveniente preguntarse si, aprovechando la interinidad, la fiscal general encargada intenta seguir controlando el proceso de la misma persona que por años encubrió. Esto con el propósito de no dejar el caso en manos de la próxima cabeza de la Fiscalía General de la Nación, sea cual sea la elegida por la Corte Suprema.
Por ahora, resulta difícil creer que, después de esta secuencia de hechos y evidencias, el ente acusador actuará imparcialmente en este caso, cuando Pacho Malo es señalado de haber sido favorecido y protegido por años por cuenta de la inacción de la actual fiscal general encargada, Martha Janeth Mancera. Y más difícil pensar que la Fiscalía de Mancera le ofrecerá un principio de oportunidad serio a quien potencialmente podría brindar información contra ella misma.
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