La audiencia de la JEP en el Casanare y la terquedad de los negacionistas

Las reacciones de algunos personajes a la audiencia de la JEP en Casanare, en la que una veintena de exintegrantes del Ejército confesaron su participación en los asesinatos de civiles que luego presentaron como muertos en combate, dejaron ver que Colombia sigue atrapada en el debate político-ideológico del plebiscito por la paz. 

Y mostraron que, siete años después, el país está dilapidando la oportunidad para dejar atrás el conflicto armado e ideológico, mirar hacia el futuro y comenzar a transitar el camino de la reconciliación, justamente a través de la verdad y la justicia que está procurando el Tribunal para la Paz surgido de los acuerdos con las Farc. 

La audiencia en el Casanare llevó al más notorio de los negacionistas, el expresidente Álvaro Uribe, a sostener que “el diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos”. 

Pero más allá de lo manifestado por el exmandatario, que no hizo más que volver a lavarse las manos ante la evidencia de que fuerzas del Estado mataron inocentes, el reconocimiento de responsabilidad sobre esos hechos de los militares retirados -entre ellos el general Henry Torres Escalante- inspiró a otros para renovar sus ataques a la JEP.

Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) aprovechó la coyuntura para publicar en su cuenta de X una foto del general retirado en las playas de Santa Marta en diciembre pasado, y para señalar a la Justicia para la Paz como un “lavadero de crímenes”.

Por prejuicio ideológico o por desconocimiento, algunos se niegan a ver que lo que hizo la JEP precisamente fue propiciar confesiones sobre las cerca de 300 ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por fuerzas estatales en Casanare, ya documentadas por ese tribunal.

Quienes se resisten a reconocer la importancia de la Justicia para la Paz no piensan que el beneficio de libertad, que hoy tiene Torres Escalante, es el incentivo para conseguir la verdad que de otra manera no se obtendría.

Omiten, por ejemplo, que el propio principio de oportunidad de la Justicia ordinaria también busca conseguir verdad sobre un delito, a partir de las confesiones del acusado y  a cambio de cesarle la acción penal. 
La JEP está haciendo lo que le indicaron los acuerdos de paz con la exguerrilla de las Farc.  Y nadie debería olvidar que el centro de ese esfuerzo son las víctimas.

Por eso mismo, es una ofensa mayor a las víctimas desconocer el Tribunal para la Paz y taparnos los ojos ante las atrocidades cometidas por todos los grupos armados durante el conflicto, incluidos los guerrilleros y los paramilitares.

En lo que se refiere a los crímenes de las Fuerzas Armadas del Estado, la JEP ha documentado 6.402 de los llamados falsos positivos. Esto es más del doble de los muertos atribuidos a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que según las comisiones investigadoras Valech y Retting fueron 3.065.

Pero, de hecho, la magnitud de la violencia por el conflicto armado en Colombia va más allá de los asesinatos de civiles presentados como muertos en combate. Según la Comisión de la Verdad, hubo al menos 450.664 homicidios en 33 años (entre 1985 y  2018) y 121.768 desapariciones forzadas, en 31 años (entre 1985 y el 2016). 

La tragedia que para las víctimas ha implicado esa crueldad, atribuible a todos los grupos armados legales e ilegales en distinta proporción, debería obligarnos a darle la cara a nuestra violencia y a entender el trabajo de la JEP. 

Y la tarea de este tribunal no es propiamente darles gusto a los actores políticos de hoy, sino producir verdad y justicia sobre un conflicto armado interno que desató hechos de violencia sin parangón en América Latina. 
Aunque algunos se obstinen en negarla, la misión de la JEP es fundamental para que Colombia le dé la vuelta a un período negro de su historia reciente.