El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a defender, con mentiras, su inocencia frente a las acusaciones que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso hizo en su contra, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Acá desmontaremos esas falacias.
Mancuso vinculó a Uribe a la masacre de El Aro y al asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Por esa razón, a través de un video publicado el pasado 1 de diciembre en su cuenta de X, antes Twitter, el líder del Centro Democrático respondió con falsedades tratando de deslindarse de esos crímenes de lesa humanidad.
Vamos por partes, como el expresidente Uribe contando sus líos jurídicos.
El expresidente en su defensa revictimizó al abogado Jesús María Valle y dijo que fue “muy agresivo” en contra del general Ospina, mientras que él defendía su trabajo en los medios, como si por eso mereciera su muerte o justificara el crimen.
Echemos para atrás la máquina del tiempo a enero de 1996, en Antioquia, para tener el contexto. En especial porque el defensor de derechos humanos, venía denunciando desde entonces los vínculos entre autodefensas y los militares en la región. Específicamente la complicidad del Ejército en las masacres perpetuadas por los paramilitares en La Granja y en la mencionada de El Aro, en los corregimientos de Ituango.
“En los primeros meses del año 1996 distintos sectores de la sociedad encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades del departamento su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión paramilitar en la zona de Ituango (…) El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el gobernador de Antioquia y con el defensor del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de esa región”.
Sus esfuerzos no se detuvieron ahí. Y para seguir es clave tener presente el libro de la investigadora María McFarland, titulado Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia. El texto contiene detalles muy importantes en la secuencia de hechos relacionadas con el crimen del abogado Jesús María Valle.
De acuerdo con un testigo citado en el libro, el lunes 9 de diciembre de 1996, Valle se reunió con el entonces gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, para ponerlo al tanto de la asociación entre los paramilitares y miembros del Ejército en la zona.
“En la reunión Uribe parecía intranquilo y se levantó de la mesa de reuniones y se dirigió a la oficina del lado donde cogió el teléfono. Acertaron a escucharle decir que Valle estaba haciendo falsas imputaciones cuando decía que había una convivencia entre el Estado y los paramilitares y que él consideraba que ameritaba una demanda por calumnia”.
Como se ha documentado, el abogado Valle le pidió en varias ocasiones a las autoridades protección urgente para su seguridad y, de acuerdo con la evidencia disponible, Uribe lo que hizo fue aparentar pedir un esquema para él que nunca llegó.
Y ahí siguen los hechos. A finales de octubre de 1997 en el departamento coincidieron dos lamentables acciones criminales: la incursión paramilitar en el corregimiento El Aro, del municipio de Ituango, como Valle lo había advertido, y el asesinato del sacerdote Antonio Bedoya, párroco del municipio de San Francisco.
El primero, un acto de barbarie, una masacre cometida por los paramilitares en coordinación con el Ejército, y el segundo, un acto de salvajismo realizado por la guerrilla del ELN.
Todas las pruebas hasta ahora indican que, para el gobernador Uribe, la preocupación y prioridad era combatir a la guerrilla, pero no a los paramilitares. Según el testimonio de un exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, que obtuvo la Corporación Jurídica Libertad, en la administración departamental de Uribe Vélez “se hablaba de pelear con la guerrilla, pero nunca contra el paramilitarismo”.
La fuente aseguró además que, en uno de los Consejos de Seguridad de esa administración, en el que se trataron ambas incursiones criminales, el gobernador Uribe Vélez le preguntó al general Carlos Alberto Ospina, comandante de la IV Brigada, por lo que había pasado en ambos casos y qué respuesta habían dado las tropas bajo su mando.
La respuesta de Ospina fue para enmarcar: “En lo de El Aro, nosotros (el Ejército) sí quisimos prestar la colaboración, desplazamos helicópteros, pero no pudieron aterrizar; en lo del sacerdote de San Francisco eso fueron los facinerosos del ELN y ya hay dos batallones detrás de ellos”. En otras palabras, en uno no hicimos nada y en el otro mandamos dos batallones. ¿Será que por esa respuesta Uribe dice que el abogado Jesús María Valle era muy agresivo con Ospina?
Pues no solo era con el general. El 13 de junio de 1997, Valle denunció a la secretaria de Gobierno de Antioquia por negligencia ante los crímenes en Ituango. “Yo considero que el gobernador ha incurrido en un comportamiento omisivo y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”.
Pedro Juan Moreno Villa, al momento de los hechos, se desempeñaba como secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia. Fuera de eso era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador Uribe Vélez.
La respuesta de la Gobernación de Antioquia no se hizo esperar y Uribe hizo lo que mejor sabe hacer y fue señalar al abogado Valle como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y aliado de la guerrilla. Es decir, ponerle una lápida en la cabeza.
Eso no detuvo al abogado Valle. El 6 de febrero de 1998, el defensor de derechos humanos rindió una declaración ante un fiscal regional, en la que quedó registrado lo siguiente: “Había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada (general Ospina), el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno”.
Esa fue su sentencia de muerte. Veintiún días después, el 27 de febrero de 1998, para ser exactos, dos hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón en la calle Ayacucho con carrera Bolívar en el centro de Medellín. Subieron al cuarto piso, entraron a la oficina del abogado Valle Jaramillo y con una pistola con silenciador, lo mataron de dos tiros en la cabeza.
Acá la línea de tiempo se complica, pero para tapar los hechos que acabamos de narrar.
El 8 de mayo de 1998, el agente del CTI que estaba avanzando en la investigación del asesinato de Valle ocurrido en febrero de ese año, fue dado de baja. El señor Augusto Botero Restrepo fue liquidado en el centro de Medellín, en el barrio Boston, cuando dos hombres en una moto se le acercaron y le dispararon. Botero se fue contra un árbol y cayó herido al suelo, donde fue rematado con seis tiros. más Tenía 29 años de edad.
El segundo caso fue otro investigador del CTI, Luis Fernando Giraldo Giraldo, quien trabajaba en la Sala de Apoyo Técnico y heredó el caso del homicidio de Valle. Según la información suministrada por funcionarios de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Giraldo Giraldo comenzó a recibir amenazas, que lo intimidaban a suicidarse o de lo contrario acabarían con toda su familia. La presión fue tanta que acabó quitándose la vida con su arma de dotación el 7 de febrero de 1999.
Un año y nueve meses después de eso, el 29 de noviembre de 2000, varios integrantes de la banda de sicarios La Terraza se responsabilizaron por el asesinato de Valle Jaramillo en un video añadiendo que Carlos Castaño les pagó por este y otros crímenes contra defensores de derechos humanos e investigadores de esos hechos. Todo para encubrir el delito.
¿Estaba Castaño solo en la organización de esos crímenes? Acá se pone más compleja la historia.
El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que Pedro Juan Moreno, no solo tenía conocimiento de la masacre de El Aro, sino que fue determinador en el posterior asesinato de Valle.
Por su parte, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, rindió una versión libre en la que habló sobre esos hechos y dijo que: “esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él (Jesús María Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro”.
Sigamos con la línea de tiempo pero ahora con Uribe terminando su primer mandato presidencial, con mucho más poder pero con un problema y es que se distanció y se peleó públicamente con el señor Pedro Juan Moreno.
Moreno se había convertido en un mordaz crítico de Uribe desde la revista La Otra Verdad, que fundó en 2003. El exaliado de Uribe, se convirtió en una piedra en el zapato del expresidente debido a las denuncias de corrupción que en varias oportunidades tuvieron como protagonistas a allegados a Uribe y miembros de su gobierno. También por las amenazas de contar lo que sabía.
Pues bien, el 24 de febrero de 2006, a las 6:32 de la mañana el helicóptero Bell 206B de la empresa Helicargo S.A, de matrícula HK2496, partió del aeropuerto Olaya Herrera con destino al municipio de Apartadó. Cuarenta minutos después la aeronave perdió contacto con la torre de control y tras varias horas de búsqueda, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa reportaron que ninguno de los cuatro tripulantes había sobrevivido. Uno de esos era el señor Pedro Juan Moreno.
El 21 de diciembre del mismo año, después de una rápida investigación gubernamental de la Aeronáutica Civil, controlada por presidencia, se determinó que todo había sido un accidente y responsabilidad del capitán Jaime Taborda Botero, quien tenía más de 1.600 horas de vuelo y era un piloto con demasiada experiencia.
El reporte lo firmó el señor Fernando Sanclemente, director de la Aerocivil de la época, y muy cercano de Uribe, quien posteriormente tuvo que renunciar a la Embajada de Colombia en Uruguay por el hallazgo de un laboratorio para procesamiento de cocaína en su finca en Cundinamarca. Según la investigación de la Fiscalía en ese caso, el ahora exdiplomático fue acusado por presunta destrucción de material probatorio ya que “ordenó destruir objetos y pertenencias del mayordomo de su hacienda ubicada en Guasca”, para obstruir la investigación.
Pero volvamos a la otra elaboración de pruebas presuntamente falsas del mismo señor. El informe de diciembre de 2006 de la Aerocivil firmado por Sanclemente, descartó el sabotaje del helicóptero donde murió Moreno, diciendo que la misma empresa Helicargo efectuó pruebas para que no hubiera agua en el tanque de gasolina. Como diría mi profesor de derecho penal, Excusatio non petita, accusatio manifesta, o explicación no pedida, acusación manifiesta.
Posterior a eso, según lo documentó el periodista Daniel Coronell, en una columna titulada “Aquí no hay muertos”, la señora Nancy Esther Zapata Orozco, trabajadora de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, de donde partió el vuelo de Helicargo con el señor Pedro Juan Moreno, mencionó en un correo electrónico la posibilidad de que el helicóptero sí hubiera sido saboteado.
Después de esa comunicación, encontraron el cuerpo de la señora Nancy Esther Zapata Orozco tirado en un hangar del Olaya Herrera en noviembre de 2007. La mujer tenía un disparo en su nunca y una nota en un cartón que decía: “Aquí no se aceptan sapos”.
Años después, el 27 de agosto de 2014, el CTI de la Fiscalía emitió un reporte de Policía Judicial reafirmando la teoría de Zapata Orozco y estableciendo: “hasta la fecha se ha avanzado en aspectos que eran desconocidos para la presente investigación y se avizora que es factible que la causa de la caída del helicóptero marca Bell, modelo 206B, de la empresa Helicargo S.A. piloteado por el capitán Jaime Taborda Botero, obedezca a acciones criminales que se hayan producido dentro del Aeropuerto Olaya Herrera, con anterioridad al despegue de la aeronave en mención”.
Aunque ese helicóptero se llevó consigo grandes secretos del, en ese momento presidente Uribe Vélez, y su pasado como gobernador de Antioquia, son esos mismos secretos los que ahora exjefes paramilitares le están sacando a relucir incómodamente al exmandatario y exgobernador.
Ahora bien, una investigación de la Fiscalía, del 16 de junio de 2014, en cambio, demostró todo lo contrario en cuanto al papel de la Gobernación de Antioquia en esas masacres ayudando la posición falsa de Uribe.
El reporte que obtuvo en exclusiva esta columna tiene 151 páginas, en las que se examinan de manera creíble las operaciones con organigramas, mapas, tablas y número de hombres por bloque. Fuera de eso realiza una identificación sobre la violencia en los municipios de Ituango azotados por los paramilitares del 96 al 98. Pero, paradójicamente, la fiscal que lideró la investigación y era la receptora del documento no dejó mencionar una palabra de la alianza con las fuerzas militares y el papel de la gobernación en esa situación. Pues, oh sorpresa, la cabeza investigativa y destinataria del informe era la entonces fiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán.
Vamos a ella. Recordemos que, en agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exfiscal Niño Farfán a una pena de 64 meses de prisión, o unos cinco años de cárcel, por ser aliada de los narcoparamilitares y recibir sobornos de mafiosos para enterrar investigaciones en su contra.
La señora Niño Farfán, además, es la misma que ha sido testigo, con declaraciones amañadas y mentiras, a favor del expresidente Uribe en su caso por presunta manipulación de testigos. En ese proceso los magistrados encontraron que el abogado Diego Cadena, se comunicaba directamente con la exfiscal testigo, recluida entonces en la cárcel El Buen Pastor, para indicarle qué decir en el proceso a favor de Uribe Vélez.
Pues esa corrupta exfiscal, aliada de narcos, falso testigo, es la misma que intentó enterrar el vínculo de los paramilitares con la Gobernación de Antioquia y el Ejército, en las masacres de La Granja, El Aro y los subsiguientes crímenes.
Por eso volvamos a lo que dicen los paramilitares para terminar esta línea de tiempo. El 22 de diciembre de 2022, el propio Don Berna le escribió a la periodista McFarland en un correo electrónico, diciendo que la muerte de Pedro Juan Moreno no ocurrió por accidente. “La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba. Acción llevada a cabo por órdenes de Uribe”.
Cierto o no, esta cronología contiene una oscura cadena de crímenes para tapar esos asesinatos, que empieza en la masacre de La Granja en 1996, siguen a la masacre de El Aro en 1997, pasando por el asesinato Jesús María Valle, el abogado que relacionó esos delitos con la Gobernación de Antioquia. Consecutivamente la muerte de los investigadores del CTI que investigaron el asesinato del defensor de derechos humanos, pasando por la persona de confianza de Uribe, Pedro Juan Moreno, que supuestamente era el vínculo de la gobernación con las Autodefensas.
Y finalmente la mujer que dijo que el supuesto accidente del helicóptero no fue un accidente y apareció muerta con un aviso diciendo que no se permitían sapos. Crímenes en donde todos los involucrados ya no están con nosotros, excepto los paramilitares que vinculan con esos lamentables hechos a Álvaro Uribe Vélez. Para reconocer eso y poner fin a la negación en ese período oscuro de la historia de Colombia, lo que necesitamos ahora es un letrero bien grande en la JEP que diga: bienvenidos sean los informantes de toda la verdad. Únicamente la verdad. Así los quieran tildar de sapos.
@yohirakerman; [email protected]
