El presidente Gustavo Petro se ha reunido en cinco ocasiones con el dictador de Venezuela Nicolás Maduro. El último caluroso encuentro fue el pasado martes 9 de abril en Caracas. Hora antes, en una exótica rueda de prensa, el canciller venezolano, Yván Gil, afirmaba que el Tren de Aragua, la banda criminal y mafiosa, era apenas “una ficción creada por la mediática internacional”. Mientras tanto, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, en silencio, sonreía mirando al piso. Luego, en su viaje a Nueva York, aclaró que en Colombia sí se combate a esa estructura criminal y que “cada gobierno tiene sus interpretaciones”. La verdad es menos edulcorada. La banda delincuencial que dirige Nicolás Maduro ha utilizado al Tren de Aragua para cometer crímenes dentro y fuera de Venezuela.
Sobre ello hay evidencia contundente. Esta semana que pasó, el fiscal de Chile, Héctor Barros, señalaba que el homicidio en Santiago de un exteniente opositor al madurismo, Ronald Ojeda, fue ordenado y planeado desde Caracas y con la participación de sicarios del Tren de Aragua. Su cuerpo lo hallaron el 2 de marzo enterrado bajo cemento dentro de una maleta. El presidente Gabriel Boric, que como rara avis entre la izquierda latinoamericana ha condenado contundentemente las dictaduras venezolanas, nicaragüenses y cubanas, llamó a consultas a su embajador en Caracas después de la cínica declaración de Gil sobre la “ficción” del Tren de Aragua. Dijo: esa declaración es “un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización”.
El presidente Petro ha sido, en Colombia, uno de los críticos más valientes y persistentes de los miles de falsos positivos cometidos por miembros de la fuerza pública. En campaña repetía una pregunta pertinente: 6402, ¿quién dio la orden? El 27 de enero pasado, en un discurso, dijo también: “Nosotros no somos de los falsos positivos. Aquí ningún arma pública debe disparar contra un joven, como lo hicieron por miles en los gobiernos pasados”.
Mucho más que la inhabilitación de María Corina Machado y Corina Yoris para participar en la pantomima electoral del 28 de julio, las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela deberían ser el principal motivo para que el presidente Petro y su gobierno condenen al régimen de Maduro.
En lugar de ello, Petro ha terminado legitimando a la dictadura venezolana reuniéndose con Nicolás Maduro mucho más que con cualquier otro gobernante. Ha dicho, insistentemente, que se buscarán maneras de comprarle gas a Venezuela, que es una forma maquillada de financiar a un gobierno asesino, violento y criminal. Los datos son aterradores: investigadores de Human Rights Watch, además de informes de Amnistía Internacional y el Observatorio Venezolano de Violencia, reportan que entre 2016 y 2019 las fuerzas de seguridad, bajo órdenes de Nicolás Maduro, han participado en más de 19.000 asesinatos. Sí. 19.000 (por cierto, ¿cuántos de ellos tendrán ciudadanía colombiana?) Lo que suele alegarse como justificación es una “resistencia a la autoridad”. “Las pruebas demostraron que muchas fueron ejecuciones extrajudiciales”, dicen los reportes. La situación es tan evidente que el propio ministro del Interior, Néstor Reverol, reconoció en diciembre de 2017 que hubo 5.995 asesinatos por presunta “resistencia a la autoridad” en 2016 y 4.998 en 2017. Luego, en 2018 y primeros meses de 2019, “las fuerzas de seguridad venezolanas mataron a casi 7.000 personas en incidentes que, según afirmaron, eran otros casos de “resistencia a la autoridad”. En 2019, la relatora especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, decía que el problema en Venezuela era igual o peor que en la Filipinas de Duterte.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reporta que del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, “un total de 1.324 personas, entre ellas 9 mujeres, habrían sido asesinadas en el contexto de operaciones de seguridad”. En enero de este año, según un reportaje de la brillante periodista e investigadora Ronna Rísquez, la Policía mató a 65 personas en todo el país. Dice: “La mayoría de casos similares a falsos positivos (ejecuciones en las que simulan que las víctimas se enfrentan)”.
No se trata de seguir -podríamos- enumerando los casos de ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad venezolanas controladas por Nicolás Maduro. Se trata de señalar la contradicción entre el Gustavo Petro implacable con la violencia contra civiles desarmados en Colombia (y Palestina), y el Gustavo Petro que le sonríe el tirano que ejecuta, con su máquina de guerra, a casi 20.000 venezolanos en un lapso no mayor a los cinco años. En días recientes decía el presidente Petro refiriéndose a los falsos positivos que “el que oculta es tan cómplice como el que dispara”. De acuerdo.
Le complemento, presidente: comprarle gas a ese régimen y servir como observador de esa farsa electoral, es también una forma descarada de complicidad.
