Una carta manuscrita y, presuntamente, firmada por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca, podría enviarlo a prisión, a partir de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra.
Vamos por partes, como el perito grafólogo examinando los trazos de una rúbrica.
El pasado 3 de agosto, la Sala Especial de Instrucción de la Corte abrió una investigación formal, basada en una denuncia, contra el congresista de Boyacá, por los delitos de prevaricato y concierto para delinquir. Según la denuncia que existe en el alto tribunal, el político habría incurrido en estas conductas de presunta corrupción cuando fue juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en Tunja.
Los hechos específicos datan del 23 de enero de 2008, cuando le correspondió al juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja controlar la ejecución de la pena impuesta en contra del señor Lelio Nevardo Ávila Santana, condenado por los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro, por parte del juzgado séptimo penal del circuito de Bogotá.
En ese momento, el entonces juez Suárez Vacca le dio al condenado la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, lo que sustentó en su condición de padre cabeza de familia. Es importante aclarar que ese tipo de delitos no son tenidos en cuenta para el beneficio de casa por cárcel, a excepción de que exista prueba de una enfermedad grave del condenado.
Pero no. El hecho fue acreditado por el togado Suárez Vacca en una supuesta inspección que practicó el funcionario judicial en la residencia de los padres del narco y secuestrador. Es decir que, aunque el delincuente vivía con sus padres, le dieron un beneficio por ser cabeza de familia, lo que quiere decir que sus niños hubieran podido quedarse con sus abuelos. Para colmo de males, el acta respectiva fue elaborada en el despacho del juzgado, es decir que nunca hubo tal visita por parte de los funcionarios judiciales.
Pero acá se pone peor. Esta columna tiene en su poder el original de una carta que establecería, de comprobarse su validez, que el entonces juez y el condenado narco eran amigos y se cruzaron comunicaciones en las cuales, se da cuenta de la voluntad del funcionario judicial de favorecer con su determinación ilegalmente al delincuente.
Hagamos un paréntesis de contexto y vayamos más atrás, pero ahora volvemos a este punto. El señor Suárez Vacca saltó a la fama nacional, de manera inusual y arrolladora, en noviembre de 2002, cuando, sin haber cumplido los 30 años y como juez segundo de ejecución de penas y medidas de Tunja, otorgó la libertad condicional a los condenados capos del narcotráfico, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Según el criterio del, en ese momento, magistrado auxiliar Suárez Vacca, los exlíderes del Cartel de Cali, presos para ese momento hacía siete años, ya habían cumplido con las tres quintas partes de su pena y, por lo tanto, tenían derecho a la libertad condicional. Además, el juez argumentó en su decisión, que los Rodríguez Orejuela habían cumplido su sentencia con comportamiento ejemplar. Repitamos la palabra: ejemplar.
En diciembre de 2004 los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados a los Estados Unidos y el 26 de septiembre de 2006, los mismos del comportamiento ejemplar, fueron condenados por la corte federal en Miami a 30 años adicionales de prisión, por los delitos de conspiración, narcotráfico y lavado de dinero.
Pero volvamos a la carta de 2008. Ya que el manuscrito, de comprobarse real por parte de un peritaje grafológico, dejaría ver la preocupación que le asistía a Suárez Vacca por su cercana relación con el narco Lelio Nevardo Ávila y los cuidados que debían tener para no dejar evidencia de ello.
Vamos al documento. La nota no tiene fecha. Pero una versión exacta que existe de la misma carta en la notaría tercera del circuito de Tunja, cuenta con un sello del 15 de septiembre de 2010, lo que deja ver que la escritura de la correspondencia, por lo menos, precede a esa fecha. Es decir que no fue implantada ahora que la Corte investiga el caso del congresista.
La misiva está dirigida al señor Leilo Nevardo Ávila y dice E.S.M, que es la abreviación de que fue entregada en sus manos. Después del atento saludo dice: “Usted comprenderá las razones por las que me comunico de esta manera, pero ante los acontecimientos recientes, prefiero tener cuidado en extremo. Agradezco de antemano por igual razón, me sea devuelto este escrito con su portador, a quien autorizo para toda comunicación a mí”.
Continúa con su mala redacción: “En una sala de descongestión del Consejo Seccional de Cundinamarca, cursa la indagación preliminar No. 2010-000125-00 con magistrado Dr. Luis Alfredo Agudelo Flórez, por la prisión domiciliaria concedida por mí a usted (…) El Consejo Superior de la Judicatura es el ente superior de esta entidad y por eso creo que Pedro A. Sanabria puede ayudar eventualmente en algo. Sin embargo, eso debe hacerse con mucho cuidado y en alto grado de confianza con él”.
Termina la carta y acá es importante establecer que los paréntesis son originales de la escritura y no adiciones del columnista: “Hace unos días usted llamó a mi celular y contestó mi esposa, usted dio su nombre y dijo que se quiere reunir conmigo. Agradezco que no se comunique a mis celulares pues definitivamente es mejor evitar sorpresas. (No dar papaya). Espero que todo esté bien para usted y su familia, así como para sus hijos. Cuando yo vea que es posible busco la manera de que nos veamos, por ahora es mejor por esta vía y Jhon está autorizado para hablar con usted de mi parte. (Sólo él). Usted entenderá igualmente que no puedo recibir a nadie más ni atender otro asunto, pero cuando yo vea que todo está en situación normal vemos como nos comunicamos más directamente. Reciba un fuerte abrazo. Saludos a sus padres. Pedro José Suárez Vacca”.
El manuscrito, fuera del nombre del entonces juez, incluye una firma que los expertos tendrán que analizar, para determinar si corresponde a la misma del hoy representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Ese es un trabajo técnico de evaluación de la prueba.
Pero un análisis rápido hecho por esta columna establece que la letra y la firma en ese documento, es la misma que aparece en otras cartas del señor Suárez Vacca. Por ejemplo, una del 8 de julio de 2020 obrando en su condición de abogado penalista y socio del bufete Suárez Vacca y Asociados.
Y otras mucho más recientes de junio, julio y agosto de este año, en su papel de representante a la Cámara por el departamento del Boyacá. Incluso, una en la que sale muy sonriente en la foto sosteniendo su firma, la misma que aparece en la, presunta comunicación con el narco. ¿Sospechoso? ¡Póngale la firma!
Pero sigamos con la línea de tiempo de esta investigación y de esos hechos. El 5 de mayo de 2010, el coordinador de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja, el señor Alberto Aconcha Cuadrado, presentó denuncia penal por manipulación indebida del soporte técnico de reparto, denunciado por la funcionaria María Romelia Romero Gómez.
Romero Gómez era la encargada de manejar el sistema de cómputo del reparto de los despachos de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja y estableció que, concretamente, el radicado número 12428, el del caso del narco Leilo Nevardo Ávila, fue asignado por el sistema al juzgado tercero de ejecución de penas.
Según la señora Romero Gómez, ella se retiró de su puesto de trabajo por un momentico y al regresar encontró que el radicado citado se había redireccionado al juzgado quinto de ejecución de penas, donde estaba el juez Suárez Vacca, con lo que se habían adulterado los registros originales creados por el sistema.
Por estos hechos, el procurador 174 judicial penal, Oscar Mauricio Becaría, envió denuncia a la Fiscalía, entidad que cruzó información con otros despachos judiciales a fin de verificar si se adelantaban investigaciones relacionadas con el juzgado quinto de ejecución de penas, logrando establecer que efectivamente a la fiscalía 15 seccional correspondió conocer de esas presuntas irregularidades.
Por eso volvamos al manuscrito, cuando establece que la única persona autorizada para hablar en persona y servir de correo entre el juez y el narco, era un señor llamado Jhon o John. Según una certificación laboral del señor Suárez Vacca, del 15 de septiembre de 2009, con la misma firma del manuscrito, el señor John Carlos Mancipe Puerto se desempeñó como escolta de Suárez Vacca desde el 1 de junio de 2005.
Acá se pone enredado. El señor Mancipe, mismo señor que llevó la carta, presentó denuncia penal en contra de Suárez Vacca por estos hechos y ha colaborado con la Fiscalía corroborando esta denuncia y declarando ante la Corte Suprema, estableciendo que, por este beneficio de darle casa por cárcel al narco, el entonces juez y hoy representante recibió un presunto soborno de 35 millones de pesos.
El señor Mancipe, como consta en el proceso, rindió declaración en el año 2011 ante la fiscal María Victoria Parra, en la ciudad de Medellín. Pero en la consulta hecha en la página de la Fiscalía General de la Nación el proceso aparece inactivo, es decir, no se practicó indagación, ni actuación alguna en el mismo.
Interesante, en especial porque el 3 de mayo de 2018, en una operación conjunta entre Colombia y España, en la que se incautó una tonelada de cocaína y 1.500.000 euros en efectivo, cayó nuevamente Lelio Nevardo Ávila Santana, señalado como el enlace de la mafia albanesa en Colombia. El mismo que el entonces juez Suárez Vacca le dio casa por cárcel en 2008.
La Corte Suprema tendrá que determinar la validez de esta denuncia y el peso del acervo probatorio. Pero la acusación y relato de su exescolta, la evidencia en la manipulación del reparto y la carta manuscrita con la misma firma del hoy representante a la Cámara, no dejan muy bien parado a este congresista del Pacto Histórico.
Lo único que lo puede salvar es la misma oscuridad de la justicia. Ya que el magistrado del alto tribunal que profirió auto de apertura de investigación y vinculación mediante indagatoria contra el representante a la Cámara Suárez Vacca, por los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir, es Francisco Farfán, el mismo señalado de filtrar información al Clan Gnecco sobre las investigaciones que hace cuatro años se adelantaban en contra de sus integrantes.
Por estos hechos la Corte Suprema le aceptó al magistrado Farfán, de la Sala de Instrucción, la licencia de tres meses no remunerada para que se dedique a su defensa, que va desde el 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2023 y del 11 de enero al 10 de abril de 2024. La decisión implica que el magistrado Farfán ya salió de los procesos en los que no está impedido, como la investigación de Suárez Vacca, con la particularidad de que, si no hacen la indagatoria de este caso en diciembre, prescribiría la acción por prevaricato, mas no el concierto para delinquir. Cual crónica de una prescripción anunciada.
Aunque el escándalo de Farfán aún no toma las dimensiones que alcanzó el denominado cartel de la toga hace algunos años, estos oscuros hechos demuestran que algunos jueces, más allá de las decisiones que toman en temas jurídicos de alto nivel basados en la ley, se han convertido en operadores políticos y corruptos que enturbian la que debería ser una labor transparente y honorable como lo es impartir justicia.
Ese es el caso del entonces juez y representante Suárez Vacca, al igual que el del magistrado Farfán. Que, de comprobarse todos estos hechos, se demostraría que se aliaron justamente con las mafias del narco y la corrupción política que debían judicializar.
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